La EPS de Comfaboy entraría en liquidación por presuntas irregularidades en el sistema.
Luego de que la EPS de la Caja de Compensación Familiar de Boyacá (Comfaboy) manifestara su retiro voluntario del Régimen Subsidiado de Salud el pasado 18 de enero, la entidad emitió un comunicado explicando el motivo.
Comfaboy en el escrito asegura que por la insuficiencia de la UPC, el plan obligatorio infinito, el gran número de personas de alto costo que atiende la EPS, ha ocasionado que la Caja de Compensación presenté pérdidas cercanas a los 33 mil millones de pesos en los últimos años. Ante esto muchas son las versiones que indican que esto se debe a presuntos actos de corrupción. Sin embrago, Comfaboy salió a desmentir estas acusaciones.
Según la entidad, ha recibido constantes auditorias permanentes de parte de la Superintendencia Nacional de Salud, Superintendencia de Subsidio Familiar, Contraloría y Ministerio de Salud, sin que se presente algún tipo de irregularidad. Faltaría ver si eso es verdad.
Además, Comfaboy sostiene que luego de una reunión del Consejo Directivo, se tomó la decisión de solicitar el retiro voluntario para ‘salvaguardar’ su patrimonio.
Lo que sí llama la atención es que si Supersalud acepta esta petición más de 105 mil afiliados quedarán a la intemperie o recalarán en alguna de las otras EPS de régimen subsidiado, las cuales están a punto de colapsar. Cabe resaltar, que actualmente la EPS de Comfaboy atiende el 16 por ciento de la población beneficiada del régimen subsidiado del departamento.
Por otro lado, esto no ha caído nada bien en algunos sectores políticos. Por ejemplo, la representante a la Cámara, Sandra Ortiz se pronunció, arremetiendo contra la entidad ya mencionada. “Esta solicitud no solo atenta contra la estabilidad en la prestación de los servicios a los usuarios, sino que adicionalmente genera que los más de 100 mil usuarios que atiende la entidad, pasen a ser atendidos por otras EPS que no son del departamento y que se encuentran en estudio por mal funcionamiento”.
A su vez la Congresista aseveró que la entidad se ha visto involucrada en denuncias penales, fiscales y disciplinarias desde 2010, y las cuales son de conocimiento público.
Con esta noticia, se daría otro duro golpe en contra de la salud de los boyacenses, ya que aparte de afectar los intereses de los 105 mil usuarios, generaría mayor hacinamiento de usuarios en otras EPS del régimen subsidiado del departamento, y de las cuales se ha manifestado también muchas irregularidades.
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