La exconsejera presidencial para las regiones, Sandra Liliana Ortiz Nova, recuperó su libertad luego de que el Juzgado 35 Penal con Función de Control de Garantías de Bogotá decretara el vencimiento de términos dentro del proceso penal que enfrenta por el presunto entramado de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
La decisión judicial se produjo tras aceptar los argumentos presentados por la defensa, que sostuvo que habían transcurrido más de 400 días desde la radicación del escrito de acusación sin que iniciara formalmente la etapa de juicio, superando así los límites establecidos por la ley colombiana.
Durante la audiencia, el juez explicó que el conteo total alcanzó inicialmente 473 días desde la presentación del escrito de acusación. Sin embargo, se descontaron algunos periodos correspondientes a licencias judiciales, trámites de recusación y tiempos asociados a solicitudes procesales, dejando un total efectivo de 329 días, cifra superior a los 240 días contemplados para configurar el vencimiento de términos.
En la intervención conocida públicamente, el operador judicial indicó que algunos recursos presentados durante el proceso fueron considerados maniobras dilatorias, aunque aun así el tiempo restante excedía el plazo legal permitido.
Sandra Ortiz es investigada por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la UNGRD, uno de los casos más delicados que ha golpeado al Gobierno Nacional y que involucra supuestas irregularidades en contratos y manejo de recursos públicos destinados a la atención de emergencias.
La decisión no significa el cierre del proceso judicial ni una absolución de responsabilidad penal. La exfuncionaria continuará vinculada a la investigación mientras avanzan las etapas correspondientes ante la justicia.
El caso ha generado fuertes reacciones políticas y jurídicas en el país, especialmente por el debate sobre los retrasos procesales y las consecuencias que estos tienen en investigaciones de alto impacto nacional.
