El órgano de control alertó fallas en la planeación e implementación de las APPA y ZPPA. En departamentos agrícolas como Boyacá, las decisiones podrían afectar uso del suelo y actividades productivas.
La Contraloría General de la República emitió una Advertencia Especial al Ministerio de Agricultura y a la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA) por los riesgos identificados en la implementación de las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) y las Zonas de Protección para la Producción de Alimentos (ZPPA), figuras clave dentro de la política de ordenamiento del suelo rural en el país.
Aunque la advertencia es de alcance nacional, sus efectos podrían sentirse con fuerza en territorios agrícolas como Boyacá, donde el uso del suelo, la producción campesina y las dinámicas económicas rurales están directamente vinculadas a este tipo de decisiones.
De acuerdo con el ente de control, existen riesgos jurídicos, fiscales, presupuestales, ambientales, operativos y de gobernanza que comprometen la viabilidad de estas figuras. Uno de los principales cuestionamientos es la falta de una planeación clara, específica y trazable, especialmente en lo relacionado con la definición del uso del suelo y las actividades productivas permitidas.
La Contraloría advirtió que la implementación de las APPA y ZPPA no puede limitarse a la expedición de actos administrativos, sino que requiere una articulación efectiva con los Planes de Ordenamiento Territorial (POT), los planes de desarrollo y los presupuestos públicos. De lo contrario, las medidas podrían quedarse en el papel sin capacidad real de ejecución.
Impacto en territorios agrícolas como Boyacá
En departamentos con vocación agropecuaria, como Boyacá, estas figuras podrían tener efectos directos sobre sectores productivos. La delimitación de áreas de protección implica restricciones en el uso del suelo, lo que puede generar tensiones con actividades económicas existentes, incluyendo agricultura intensiva, proyectos productivos e incluso actividades extractivas en zonas rurales.
La advertencia también señala debilidades en la información técnica, jurídica y geoespacial, lo que podría generar incertidumbre en la delimitación de las áreas y en la aplicación de las medidas. Esto, a su vez, afecta la seguridad jurídica de los actores rurales.
Otro punto crítico es la falta de coordinación entre entidades nacionales y territoriales, lo que podría dificultar la implementación en municipios que dependen de una planificación coherente entre distintos niveles de gobierno.
Riesgos en la ejecución y financiación
El organismo de control también alertó sobre la disponibilidad real de recursos para ejecutar estas políticas. Sin una financiación clara, los planes de acción asociados a las APPA y ZPPA podrían no materializarse, afectando su impacto en el territorio.
Además, se identifican riesgos relacionados con la incorporación insuficiente de criterios como gestión del riesgo de desastres, cambio climático y protección ambiental, elementos fundamentales en zonas rurales con alta vulnerabilidad.
Llamado a ajustes inmediatos
La Contraloría instó al Ministerio de Agricultura y a la UPRA a adoptar medidas correctivas urgentes, con base en criterios técnicos y coordinación institucional, para evitar que la implementación de estas áreas genere efectos adversos en los territorios.
En regiones como Boyacá, donde el equilibrio entre producción agrícola, sostenibilidad y ordenamiento del suelo es determinante, la forma en que se apliquen estas figuras será clave para el desarrollo rural en los próximos años.
. En Boyacá, podrían afectar el uso del suelo y la producción rural.){kind=link}