El proceso 001-2026 busca establecer un posible detrimento patrimonial por $6,3 millones en contratos suscritos durante 2024 y 2025.
La Contraloría Municipal de Tunja notificó, mediante aviso en su página web, la apertura de un proceso ordinario de responsabilidad fiscal (No. 001-2026) contra varios funcionarios de la administración municipal, entre ellos el alcalde Mikhail Krasnov, la directora de contratación Luz Mila Acevedo Galán y la secretaria del Interior Ahiliz Rojas Rincón.
De acuerdo con el auto conocido por este medio, el proceso se origina en presuntas irregularidades en contratos de arrendamiento de inmuebles correspondientes a las vigencias 2024 y 2025. El ente de control investiga si estas actuaciones pudieron generar un detrimento patrimonial estimado en $6.360.650.
Según la Contraloría, el posible daño fiscal estaría relacionado con incrementos injustificados en los cánones de arrendamiento en los contratos identificados como 372 y 515 de 2025. En el análisis preliminar se advierten debilidades en los controles administrativos, así como la ausencia de estudios de mercado suficientes que sustentaran los valores pactados.
El documento también señala posibles fallas en la gestión contractual, lo que habría permitido la suscripción de acuerdos en condiciones que no necesariamente correspondían a los precios del mercado. Estas situaciones serán evaluadas dentro del proceso para determinar si existió responsabilidad fiscal por parte de los implicados.
En el auto de apertura, la Contraloría ordena la práctica y valoración de pruebas, así como la solicitud de información a distintas entidades, entre ellas oficinas de registro, tránsito, Cámara de Comercio y entidades financieras, con el fin de verificar bienes y posibles responsabilidades de los investigados.
Asimismo, se contempla la vinculación de una compañía aseguradora como tercero civilmente responsable, en relación con una póliza que cubre riesgos asociados a la administración pública.
El proceso se encuentra en etapa inicial, por lo que aún no hay decisiones de fondo ni determinación de responsabilidades. En esta fase, los implicados podrán ejercer su derecho a la defensa y presentar las explicaciones correspondientes.
Este caso se suma a otros procesos de control fiscal en el ámbito local que buscan evaluar la correcta administración de los recursos públicos en Tunja, especialmente en lo relacionado con contratación y manejo de bienes del Estado.
