Denuncian alzas desproporcionadas, cobros coactivos y advierten que acudirían al Consejo de Estado. El alcalde de Samacá solicitará al Sistema General de Regalías financiar estudios catastrales para municipios de quinta y sexta categoría.
Cerca de 80 municipios de Boyacá estarían enfrentando aumentos significativos en sus avalúos catastrales, una situación que impacta directamente la carga tributaria de miles de familias campesinas y agrava la crisis del sector rural.
Así se expuso durante una mesa de trabajo realizada en Samacá, donde el alcalde de esa localidad, Wilson Castiblanco Gil, hizo un llamado al Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) para revisar el proceso de actualización catastral en el departamento, al considerar que no responde a sus condiciones económicas ni territoriales.
En el encuentro participaron además los alcaldes de Cómbita, Juan Carlos Sarmiento; Chivatá, Yesid Bernal Hernández; Soracá, Camilo Bernal, y Chíquiza, Edwin Augusto Almanza, quienes respaldaron la solicitud de revisar e incluso revocar la resolución que sustenta los incrementos en los avalúos.
Castiblanco insistió en que Boyacá tiene una estructura minifundista, distinta a la de regiones con grandes extensiones de tierra, por lo que —según afirmó— no es viable aplicar los mismos criterios técnicos de avalúo.
En ese contexto, anunció que solicitará apoyo a la Federación Colombiana de Municipios y al Sistema General de Regalías (SGR) para financiar estudios técnicos especializados dirigidos a municipios de quinta y sexta categoría, con el fin de sustentar ajustes en la metodología catastral.
Durante la reunión, el alcalde de Chivatá, Yesid Bernal Hernández, propuso avanzar en una estratificación por zonas ajustada a la realidad territorial y planteó abrir un diálogo institucional que evite llevar el caso ante el Consejo de Estado.
Por su parte, el alcalde de Soracá, Camilo Bernal, advirtió que obras públicas como placa huellas y mejoramientos de vivienda estarían incidiendo en el aumento de los avalúos. Según indicó, de los cerca de 8.000 predios del municipio, al menos 850 ya se encuentran en proceso de cobro coactivo.
Los mandatarios también solicitaron suspender la actualización catastral en zonas urbanas prevista para 2027, hasta que se realice una revisión integral del proceso en Boyacá y en otras regiones con características similares.
Uno de los casos más críticos fue expuesto por el alcalde de Chíquiza, quien denunció que una finca de 142 hectáreas, ubicada en zona de reserva de Parques Nacionales Naturales de Colombia, registró un incremento del 1.300% en su avalúo, pese a no generar ingresos suficientes para asumir ese costo.
Finalmente, los alcaldes insistieron en la necesidad de que el IGAC fortalezca la socialización del proceso en los territorios y ajuste la metodología catastral a las condiciones socioeconómicas de cada municipio, con el fin de evitar impactos desproporcionados en la población rural.
