El jefe de Estado, acompañado de la Agencia Nacional de Tierras, hizo la entrega oficial de 49 predios a 510 familias que han sido víctimas de la violencia. Ya son 19.000 hectáreas las entregadas por la ANT en la subregión Magdalena Medio, que ha sufrido los embates del conflicto armado y las afectaciones derivadas del narcotráfico.
Puerto Boyacá, históricamente un botín de guerra, pasó de ser la mal llamada ‘Capital Antisubversiva de Colombia’ en la época más cruda del paramilitarismo a ser ahora la ‘Capital de la Reforma Agraria’ en la subregión Magdalena Medio.
Este giro histórico fue posible gracias a las políticas impulsadas por el Gobierno del presidente Gustavo Petro, a través de la Agencia Nacional de Tierras —ANT—, orientadas a la recuperación, entrega y formalización de la tierra en favor del campesinado.
Acompañado del director de la ANT, Juan Felipe Harman, el presidente de los colombianos les hizo la entrega oficial de 5.300 hectáreas a 510 familias de comunidades que, en su mayoría, han sido víctimas de la violencia.
“La orden que he dado es seguir dándole prioridad a la recuperación de la tierra ilegalmente tomada por narcos, corruptos, la que es de baldíos, la que fue expropiada al campesinado, la que fue adquirida con dineros oscuros, para que la Agencia Nacional de Tierras, lo más rápido que pueda, se la entregue efectivamente al campesinado de Colombia”, aseguró desde Puerto Boyacá el jefe de Estado, durante el evento de entrega.
Por su parte, el director Juan Felipe Harman, que fue recibido por una multitud de campesinos con una ovación que se extendió a varios minutos, afirmó que la Reforma Agraria no ha sido en vano en el Magdalena Medio: “Ya son más de 19.000 hectáreas las que hemos entregado en Puerto Berrío, Puerto Triunfo, Yondó, La Dorada, Aguachica, Gamarra, La Gloria, San Alberto, San Martín, Tamalameque, Puerto Salgar, además de este municipio donde hoy estamos: Puerto Boyacá. Todo esto es un paso fundamental para revertir décadas de acumulación ilegal y avanzar en la construcción de paz”.
La totalidad de las hectáreas entregadas, acto del que también formaron parte el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, otros altos funcionarios y autoridades locales, corresponde a 49 predios; 21 de ellos estuvieron vinculados a procesos de extinción de dominio, medidas cautelares y a la administración de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).
Ellos son La Gloria, Hoy Jamaica, Hacienda La Herradura, La Aurora, La Estrella, El Almendral, La Ponderosa, LT Sin la Gloria, El Rincón, Hacienda El Edén, Las Brisas, El Martirio, Parte de Ojo de Agua, Santa Marta, El Recreo, El Prado, La Primavera, La Esperanza 1, La Esmeralda, Tierra Bella y La Fredy.
“Estamos inmensamente agradecidos con nuestro Gobierno Petro y nuestro director Harman, que nos han dado la oportunidad de impulsar la dignidad para nuestra comunidad, porque ahora tenemos el predio Los Alpes, donde vamos a cultivar arroz, ahuyama, patilla y otros alimentos. Es la semilla de la Reforma Agraria”, se mostró satisfecha la representante legal de la Asociación Agropecuaria Emprendedores Isla El Jardín, Sandra Patricia Isaza.
El Recreo, El Prado y La Primavera fueron utilizados para el ocultamiento de activos ilegales. Otros predios como Las Brisas, El Martirio, La Esmeralda y La Fredy reflejan la estrecha relación entre la propiedad rural y las dinámicas del conflicto armado en la subregión, cuyos antagonistas fueron los paramilitares.
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“Agradecemos esta valiosa oportunidad y también la abrazamos porque estas tierras nos van a servir como medida de restauración temprana, nos van a servir para seguir un legado de rescate cultural, campesino y ancestral de nuestros usos y costumbres”, enfatizó la representante de la Asociación de Mujeres Víctimas del Conflicto Armado Gestionando Paz, Ludirlena Pérez Carvajal.
En Puerto Boyacá, uno de los principales escenarios de consolidación del paramilitarismo en Colombia, la tierra sirvió de instrumento de control territorial, social y político, de mecanismo de blanqueo de capitales a través de redes de testaferrato y transacciones de recursos provenientes del narcotráfico. Sin embargo, estos predios recuperados por la ANT hacen tránsito hacia su uso legítimo y productivo.
“Para la región del Magdalena Medio, para sus organizaciones rurales, para todas las que forman parte de la Coordinadora Campesina del Magdalena Medio, hay que reconocer abiertamente que este proceso solo tiene la posibilidad de continuar con la firmeza, la convicción y la organización del pueblo campesino que lo sostiene”, subrayó el director de la ANT, Juan Felipe Harman.
Y luego de que la Corte Constitucional resolviera a favor la demanda interpuesta por el director Harman contra el Decreto Ley 902 de 2017, desde el acto de entrega, en Puerto Boyacá, se refirió al logro histórico alcanzado con la orden emitida por el alto tribunal:
“La Corte le ha ordenado al Consejo Superior de la Judicatura poner en marcha, a partir del 2027, la Jurisdicción Agraria con o sin el apoyo del Congreso. Es una decisión de la Sala Plena que le pone punto final a la espera de las campesinas y los campesinos de tener una justicia al alcance y el acceso de todos los conflictos agrarios que se originan en este país”.
La Agencia Nacional de Tierras, que ha gestionado más de 700.000 hectáreas para comunidades rurales en lo que va de la administración Petro, seguirá desarrollando acciones enmarcadas en la Reforma Agraria para que la tierra cumpla su función social con quienes históricamente han sido excluidos de su acceso.











