El alto tribunal dispuso la implementación progresiva de juzgados y tribunales agrarios desde 2027 y urgió al Congreso a reglamentar la jurisdicción rural, en un fallo que fortalece la Reforma Agraria en Colombia.
La Corte Constitucional de Colombia emitió un fallo histórico para la justicia rural del país al ordenar la creación e implementación progresiva de juzgados y tribunales agrarios a partir de 2027, luego de resolver la demanda interpuesta por la Agencia Nacional de Tierras (ANT), bajo la dirección de Juan Felipe Harman.
“Desde 2027, Colombia tendrá juzgados agrarios por orden de la Corte”
Histórico avance para el campo colombiano. La Corte Constitucional de Colombia ordenó la creación de juzgados agrarios a partir de 2027, tras la demanda impulsada por el director de la Agencia Nacional de… pic.twitter.com/2BO8ecuEOs
— EL DIARIO BOYACÁ (@ELDIARIOBOYACA) April 24, 2026
La decisión responde a la demanda presentada contra la fase judicial del procedimiento único contemplado en el Decreto Ley 902 de 2017, normativa clave para la implementación de la Reforma Rural Integral establecida en el Acuerdo de Paz.
En su determinación, el alto tribunal impartió dos órdenes de amplio alcance institucional. La primera está dirigida al Consejo Superior de la Judicatura, al que le ordenó adelantar todas las actuaciones necesarias para poner en marcha la jurisdicción agraria y rural desde el próximo año.
“La Corte le ha ordenado al Consejo Superior de la Judicatura poner en marcha, a partir del próximo año, la Jurisdicción Agraria, con o sin apoyo del Congreso”, afirmó Harman tras conocerse el fallo.
Según explicó el director de la ANT, la decisión pone fin a una larga espera para miles de campesinos que han reclamado durante años una justicia especializada para atender conflictos por la tierra.
“Es una decisión que le pone punto final a la espera de los campesinos y campesinas de tener una justicia al alcance de todos los conflictos agrarios que se originan en este país”, sostuvo.
En segundo lugar, la Corte hizo un llamado urgente al Congreso de la República de Colombia para que apruebe, a la mayor brevedad, la ley ordinaria que reglamente la entrada en funcionamiento de esta jurisdicción, en cumplimiento del Acto Legislativo 03 de 2023.
El fallo, adoptado por unanimidad con votación 9-0, es considerado un hito dentro de la institucionalidad agraria, al dejar en firme disposiciones que fortalecen la seguridad jurídica en el campo y la resolución estructural de disputas sobre acceso, uso y propiedad de la tierra.
La decisión también respalda la hoja de ruta de la Reforma Agraria impulsada por el gobierno del presidente Gustavo Petro, especialmente en lo relacionado con campesinos, víctimas del conflicto, firmantes de paz y comunidades étnicas.
Con este pronunciamiento, Colombia avanza hacia la creación de una justicia rural especializada, con reglas claras, instituciones definidas y plazos concretos para atender uno de los temas más sensibles en la historia del país: la tierra.
