Una juez de Bogotá resolverá la apelación presentada por la defensa de Víctor Alfonso Gamboa Chaparro contra la medida de aseguramiento que lo mantiene privado de la libertad desde mayo. Si la decisión le es favorable, podría recuperar la libertad y regresar a la Alcaldía. Si se mantiene la medida, seguirá recluido mientras avanza el juicio por concusión y prevaricato por acción.
Este miércoles 16 de septiembre será un día clave para el futuro judicial y político del alcalde de Villa de Leyva, Víctor Alfonso Gamboa Chaparro.
A las 4:00 de la tarde, una juez de Bogotá deberá resolver la apelación presentada por la defensa contra la medida de aseguramiento que mantiene al mandatario privado de la libertad desde mayo pasado.
Hay dos posibilidades: que se confirme la medida y Gamboa continúe recluido mientras avanza el proceso penal, o que sea revocada y pueda defenderse en libertad. En este último caso, se abriría la posibilidad de que regrese a la Alcaldía de Villa de Leyva.
Gamboa fue capturado el 7 de mayo durante un operativo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación. Desde entonces ha pasado por el Búnker de la Fiscalía, el Centro de Estudios Superiores de la Policía (Cespo) y, más recientemente, la cárcel La Picota, en Bogotá.
El Alcalde enfrenta dos procesos penales. El que mayor atención ha generado está relacionado con un proyecto de construcción de Inversiones San Jacinto de Nelvic S.A.S., de propiedad de María Victoria Solarte.
Por este caso, la Fiscalía acusó formalmente a Gamboa como presunto responsable de los delitos de concusión y prevaricato por acción.
Según el ente acusador, el Alcalde habría exigido dinero y otros beneficios a cambio de intervenir para facilitar trámites relacionados con la ampliación de una licencia de construcción. Entre esas presuntas exigencias estarían $112 millones.
Los principales testimonios contra Gamboa son los de María Victoria Solarte, su esposo, su abogado y un empleado de la familia. La Fiscalía asegura, además, que cuenta con mensajes, conversaciones y otros elementos materiales probatorios para respaldar la acusación.
La defensa tiene una versión completamente diferente. Asegura que la cifra de los $112 millones fue introducida por la Fiscalía y que no aparece mencionada en documentos ni conversaciones. También sostiene que las grabaciones aportadas por la supuesta víctima fueron adulteradas y ha cuestionado su cadena de custodia.
Gamboa ha insistido, además, en que él no expide las licencias de construcción y que las decisiones sobre estos proyectos pasan por Planeación y por las regulaciones especiales que tiene Villa de Leyva debido a su condición patrimonial. El Alcalde no aceptó los cargos y sostiene que es inocente.
La audiencia preparatoria del juicio debía realizarse el pasado 14 de agosto, pero la defensa pidió un aplazamiento para estudiar el abundante material probatorio presentado por la Fiscalía. La nueva fecha quedó fijada para el 13 de noviembre y se dejó constancia de los efectos de ese aplazamiento sobre el cómputo de los términos.
Pero Gamboa tiene otro frente judicial. En otro proceso es señalado como presunto coautor de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y violación del régimen constitucional o legal de inhabilidades e incompatibilidades.
El caso está relacionado con la contratación de Javier Alexánder Múnevar González para labores relacionadas con la supervisión de maquinaria amarilla. Múnevar es hermano de Ángela Johana Múnevar González, secretaria de Desarrollo Social del municipio.
En este proceso, la defensa manifestó su intención de acudir al principio de oportunidad. Los abogados sostienen que no hubo detrimento patrimonial ni se actuó con dolo, pues Múnevar permaneció apenas unas horas en el cargo y no recibió un solo peso del municipio.
La defensa también ha aclarado que ese principio de oportunidad no tiene ninguna relación con el proceso de San Jacinto de Nelvic.
Gamboa conserva la presunción de inocencia. Lo que está vigente es una medida de aseguramiento privativa de la libertad mientras avanza el proceso y eso, precisamente, es lo que se definirá mañana en segunda instancia.
La audiencia estaba programada inicialmente para el 11 de septiembre, pero fue aplazada por incapacidad médica de la juez y quedó para este miércoles 16 de septiembre, a las 4:00 de la tarde.
Desde el 8 de mayo, ante la ausencia temporal de Gamboa, Nicolás Méndez Figueroa, secretario de Gobierno, Seguridad y Convivencia Ciudadana, asumió como alcalde encargado.
Si la juez revoca la medida de aseguramiento y Gamboa recupera la libertad, se abriría la posibilidad de que regrese a ejercer el cargo para el cual fue elegido popularmente.
Pero si la decisión de segunda instancia confirma la medida que lo mantiene privado de la libertad, el escenario será completamente diferente.
En ese caso, corresponderá al gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, adoptar las decisiones necesarias para garantizar la continuidad de la administración municipal y designar un alcalde encargado mientras se surte el procedimiento establecido por la ley.
Posteriormente, si se configura la situación jurídica que da lugar a una nueva designación, entrarán a jugar los partidos y movimientos políticos que avalaron la candidatura de Gamboa.
El Partido Liberal, el Partido Conservador y la Alianza Social Independiente (ASI), colectividades que respaldaron su inscripción, deberán presentar la terna correspondiente para que el Gobernador designe a quien asuma la Alcaldía, respetando la filiación política del mandatario elegido.
De esta manera, lo que se decida mañana no solo determinará si Gamboa continúa o no en La Picota. También podría poner en marcha un proceso político y administrativo para definir quién estará al frente de Villa de Leyva durante su ausencia y, dependiendo de cómo evolucione su situación jurídica, durante el tiempo que reste del periodo. Pero hay otro elemento que ha hecho mucho más complejo y polémico este caso.
Mientras la Fiscalía acusa a Gamboa de haber exigido dinero y beneficios para intervenir en favor del proyecto de Inversiones San Jacinto de Nelvic, la propia administración municipal ha adelantado actuaciones por las presuntas irregularidades cometidas por esa constructora en el predio San Cayetano, en la vereda Sabana.
La licencia inicialmente otorgada permitía construir una vivienda unifamiliar de 551,12 metros cuadrados, pero posteriormente las autoridades establecieron que las obras habrían superado ampliamente el área autorizada.
La Inspección Segunda de Convivencia y Paz declaró responsable a Inversiones San Jacinto de Nelvic de una infracción urbanística, le impuso una multa cercana a los $232 millones y ordenó la demolición de obras que consideró ejecutadas sin licencia.
La decisión fue apelada y, por esa razón, la orden de demolición todavía no está en firme.
También existen actuaciones ambientales y una denuncia penal para investigar presuntas afectaciones a los recursos naturales.
A todo esto se suma otro hecho que ha llamado la atención durante el proceso: el amplio respaldo que sectores de Villa de Leyva han expresado a Gamboa a través de velatones, marchas y mensajes en redes sociales.
La Fiscalía ha utilizado esas manifestaciones dentro de sus argumentos para señalar que la influencia política y social del Alcalde podría representar un riesgo para el proceso.
La defensa sostiene exactamente lo contrario: que son manifestaciones espontáneas de los habitantes de Villa de Leyva y que no se puede convertir la solidaridad de la gente en una prueba de manipulación o presión por parte del mandatario.
Voceros de organizaciones cívicas también han cuestionado lo que consideran un tratamiento desigual. Señalan que las autoridades judiciales han actuado con rapidez y severidad frente al alcalde Gamboa, mientras que, a su juicio, las investigaciones y actuaciones por las presuntas irregularidades urbanísticas y ambientales de la constructora no han avanzado con la misma diligencia.
Nada de esto, sin embargo, será resuelto mañana. La decisión de la juez será mucho más concreta, pero tendrá enormes consecuencias judiciales y políticas: definir si Víctor Alfonso Gamboa Chaparro continúa privado de la libertad en La Picota o sale de la cárcel para enfrentar en libertad el juicio que se adelanta en su contra y, de paso, si puede regresar a gobernar Villa de Leyva.
