Durante un año, la autoridad ambiental estudiará cuántos visitantes puede recibir la laguna, por dónde podrán navegar las embarcaciones y qué condiciones deberán cumplir los operadores turísticos. La Alcaldía de Fúquene inspeccionará las embarcaciones que ya prestan el servicio.
¿Cuántos visitantes puede recibir la laguna de Fúquene sin afectar su ecosistema? ¿Por dónde podrán circular las embarcaciones y qué requisitos deberán cumplir? Esas son algunas de las preguntas que deberá resolver el estudio técnico que puso en marcha la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) para reglamentar el turismo de naturaleza y los servicios náuticos en este cuerpo de agua.
El estudio durará un año y abarcará el Distrito de Manejo Integrado Laguna de Fúquene, Cucunubá y Palacio. Sus resultados servirán de base para la resolución que fijará las condiciones de navegación y recreación en el área protegida. La CAR evaluará qué actividades náuticas de bajo impacto pueden desarrollarse y cómo pueden ofrecer nuevas oportunidades a los operadores locales.
“Frecuentemente nos preguntaban si proteger la laguna de Fúquene significaba cerrarla para el disfrute de los ciudadanos y la respuesta es un no rotundo”, dijo Alfred Ballesteros, director general de la CAR. El funcionario explicó que el trabajo incluirá la definición de la capacidad de carga turística, las rutas de navegación y las medidas de seguridad para los visitantes.
Según la CAR, la Alcaldía de Fúquene estará a cargo de inspeccionar las embarcaciones que actualmente prestan servicios en la laguna. Las que incumplan los estándares de eficiencia y bajo impacto ambiental deberán retirarse o ser reemplazadas.
En el estudio participarán operadores náuticos, representantes de la comunidad y estudiantes de la Escuela del Agua, una iniciativa que la CAR desarrolla con la Universidad Jorge Tadeo Lozano. La idea es que la experiencia de quienes trabajan en la laguna y conocen sus condiciones sirva para definir las reglas que luego tendrán que aplicar.
Ballesteros señaló que el proyecto busca proteger las inversiones hechas para recuperar la laguna y, al mismo tiempo, avanzar en la formalización de operadores turísticos y pescadores locales. El proceso que comienza ahora deberá traducir ese propósito en reglas concretas para quienes viven de la laguna y quienes llegan a visitarla.
