El congresista boyacense, condenado por la Corte Suprema de Justicia, fue uno de los principales alfiles del gobierno de Gustavo Petro en Boyacá. Además de acompañar en campaña al excandidato presidencial Iván Cepeda, se convirtió en una de las voces más críticas contra dirigentes de la oposición como Ciro Alejandro Ramírez y el expresidente Álvaro Uribe Vélez.
Con Pedro José Suárez Vacca parece cumplirse aquel viejo adagio popular que Antonio Aguilar inmortalizó en la canción Ya supe, Lupe: “el que para arriba escupe, en la cara le cae”. El representante a la Cámara por Boyacá, que durante los últimos años convirtió los procesos judiciales de sus adversarios políticos en una de sus principales banderas de confrontación política, terminó ahora condenado por la Corte Suprema de Justicia por hechos ocurridos cuando se desempeñaba como juez de Ejecución de Penas en Tunja.
Durante años señaló a sus adversarios políticos por sus problemas con la justicia. Hoy es él quien debe responder ante los tribunales.
La condena representa uno de los golpes políticos más fuertes que ha recibido el Pacto Histórico en Boyacá desde su creación.
Desde su llegada al Congreso, Suárez Vacca no solo fue uno de los principales defensores del gobierno de Gustavo Petro en el departamento, sino también uno de los voceros más visibles del proyecto político del Pacto Histórico. Acompañó en distintas tarimas y actos públicos al candidato presidencial Iván Cepeda y a la excandidata vicepresidencial Aida Quilcué, además de asumir un papel protagónico en la confrontación política con dirigentes de la oposición.
Entre sus principales blancos estuvieron el senador boyacense Ciro Alejandro Ramírez y el expresidente Álvaro Uribe Vélez, ambos protagonistas de procesos judiciales que Suárez Vacca citó reiteradamente para cuestionar a sus adversarios políticos.
Uno de los episodios más recordados ocurrió en octubre de 2025, cuando el Tribunal Superior de Bogotá revocó la condena de primera instancia contra Álvaro Uribe Vélez dentro del proceso por presunta manipulación de testigos. Suárez Vacca rechazó públicamente esa decisión y sostuvo que el Tribunal había desconocido pruebas que, a su juicio, eran determinantes para el caso.
En ese momento afirmó que la decisión de segunda instancia adoptaba una postura “contraria a precedentes nacionales e incluso a decisiones que ya habían hecho tránsito a cosa juzgada”.
Durante el primer semestre de este año, Suárez Vacca y otros dirigentes del movimiento, entre ellos René Jiménez, celebraban el crecimiento electoral de la colectividad y sostenían que Puerto Boyacá había dejado de ser “la capital del paramilitarismo” para convertirse en un bastión del progresismo.
Durante la pasada campaña presidencial, Iván Cepeda cuestionó en repetidas ocasiones la condena impuesta por la Corte Suprema de Justicia al senador Ciro Alejandro Ramírez por el caso conocido como Las Marionetas. Sin embargo, nunca se refirió públicamente al proceso que enfrentaba Suárez Vacca, uno de los dirigentes que lo acompañó en varias de sus giras por Boyacá y el país.
Ese contraste fue advertido por el columnista Yohir Akerman, quien escribió: “Mientras el candidato del Pacto Histórico se despachó contra Ciro Ramírez, guarda un silencio de convento frente a Pedro José Suárez Vacca, representante del Pacto Histórico por Boyacá, uno de sus aliados en el departamento y un congresista que hoy enfrenta un juicio ante la Corte Suprema”.
Ahora la situación es distinta. La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó a Suárez Vacca a 68 meses y 24 días de prisión, una multa equivalente a casi 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes y una inhabilitación para ejercer derechos y funciones públicas durante 110 meses y 11 días.
El congresista, abogado con maestrías y especializaciones en derecho penal y derecho público, fue declarado responsable de favorecer con el beneficio de prisión domiciliaria a personas condenadas por tráfico agravado de estupefacientes y secuestro simple, pese a que la ley excluía expresamente ese beneficio para este último delito. Los hechos ocurrieron cuando se desempeñaba como juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja.
El primero de sus aliados en pronunciarse públicamente fue el congresista electo José Luis Bohórquez.
«Ante la decisión de la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia respecto del representante a la Cámara por Boyacá del Pacto Histórico, Pedro José Suárez Vacca, expreso mi respeto por la independencia de la Rama Judicial y por las decisiones adoptadas por las autoridades competentes en el marco del Estado social de derecho», manifestó.
Agregó que «las y los colombianos esperamos una justicia que actúe con el mismo rigor, la misma celeridad y la misma independencia frente a todos los servidores públicos, sin distinción de filiación política, poder económico o cualquier otra condición. Los hechos por los cuales la Corte profirió esta condena de primera instancia revisten la mayor gravedad y resultan profundamente reprochables desde el punto de vista ético. Quienes ejercemos responsabilidades públicas debemos responder siempre con integridad, transparencia y respeto por la ley».
Bohórquez concluyó señalando que el caso debe servir para que el Pacto Histórico «reafirme su compromiso con los principios de ética, transparencia y responsabilidad pública», al tiempo que expresó su confianza en que la dirección del partido evaluará la situación y adoptará las decisiones que correspondan conforme a sus estatutos.
La condena deja al Pacto Histórico sin una de sus principales figuras políticas en Boyacá y plantea nuevos cuestionamientos para una colectividad que durante los últimos años hizo de la lucha contra la corrupción uno de los ejes de su discurso político
