Aunque nació en Pereira, sus raíces familiares están en Boyacá y buena parte de su historia política y personal ha estado ligada al departamento. Hoy figura entre los aspirantes con mayores opciones para convertirse en contralor general de la República. Si lo consigue, volvería a poner a Boyacá muy cerca de uno de los cargos más poderosos del Estado, algo que no ocurría desde la aspiración de Gilberto Rondón durante el gobierno de Juan Manuel Santos.
A menos de dos semanas de que el Congreso de la República elija al próximo contralor general de la República, la carrera por dirigir el principal organismo de control fiscal del país entró en su etapa definitiva.
Entre los nombres que más fuerza han tomado en los pasillos del Capitolio aparece el de Andrés Castro Franco, un abogado que, aunque nació en Pereira, es considerado por muchos un ‘casi boyacense’ por los profundos vínculos familiares, políticos y personales que ha mantenido con Boyacá a lo largo de su vida.
La elección, prevista para el próximo 12 de agosto —salvo que una decisión judicial modifique el cronograma—, será uno de los primeros grandes pulsos políticos del nuevo Congreso y del gobierno que comienza. Como ocurre tradicionalmente en este tipo de procesos, el concurso de méritos definió la lista de elegibles, pero la decisión final dependerá de los acuerdos políticos que logren consolidarse en los próximos días.
Aunque su registro civil señala que nació en Pereira, la historia familiar de Andrés Castro Franco tiene un marcado sello boyacense.
Su padre, Simón Castro Benítez, es oriundo del municipio de Caldas, en la provincia de Occidente, y ocupó importantes cargos públicos en el departamento, entre ellos la Secretaría de Gobierno de Boyacá durante la administración del exgobernador José Benigno Perilla. También fue asesor jurídico de varias administraciones departamentales, consolidando una estrecha relación de la familia con la vida pública boyacense.
Quienes conocen a Castro Franco aseguran que creció entre Bogotá y Boyacá, visita con frecuencia el departamento y ha mantenido estrechos vínculos familiares, sociales y políticos con la región.
Por eso, aunque oficialmente no es boyacense, en los círculos políticos del departamento muchos lo consideran como uno de los suyos.
Castro Franco es abogado de la Universidad Nacional de Colombia, politólogo de la Pontificia Universidad Javeriana, especialista en Instituciones Jurídico-Procesales, magíster en Derecho Procesal Penal y también cuenta con una maestría en Derecho Disciplinario.
Su trayectoria profesional ha estado ligada, casi por completo, a los organismos de control y a la administración pública. Ha ocupado cargos en el Ministerio de Justicia, la Cámara de Representantes, la Personería de Bogotá, la Auditoría General de la República y la Contraloría de Bogotá, donde ejerció como contralor distrital. Actualmente se desempeña como personero de Bogotá.
Precisamente esa combinación entre experiencia jurídica y conocimiento de los organismos de control es la que hoy lo ubica entre los aspirantes con mayores opciones de alcanzar la Contraloría General.
Durante la audiencia pública del proceso de selección planteó fortalecer el control preventivo, modernizar la entidad mediante herramientas tecnológicas y aumentar la capacidad institucional para combatir la corrupción y vigilar con mayor eficiencia la ejecución de los recursos públicos.
Aunque ningún partido ha oficializado un candidato único, las conversaciones políticas han ido decantando la competencia.
Hoy, en los análisis que circulan en el Congreso y entre observadores políticos, cuatro nombres aparecen con opciones reales de llegar a la Contraloría: Carlos Mario Zuluaga Pardo, Andrés Castro Franco, Jorge Eliécer Laverde Vargas y Ana Elena Monsalvo Herrera.
Diversos analistas consideran que Castro Franco ha logrado construir apoyos en distintas bancadas, un factor determinante en una elección en la que el consenso político suele pesar más que el puntaje obtenido en el concurso de méritos.
No obstante, en el Capitolio nadie se atreve a dar por definida la votación. La experiencia demuestra que este tipo de elecciones suele resolverse en las últimas horas, cuando terminan de cerrarse los acuerdos entre las diferentes fuerzas políticas.
Hace varios años Boyacá no tenía un aspirante con posibilidades reales de llegar a la cabeza de la Contraloría General de la República.
El último nombre que despertó expectativas fue el del exrepresentante Gilberto Rondón, quien figuró entre los opcionados durante el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, aunque finalmente no obtuvo los apoyos suficientes para ser elegido.
Desde entonces, el departamento ha mantenido representación en diferentes entidades del orden nacional, pero no había vuelto a tener un aspirante tan bien posicionado para dirigir uno de los organismos más importantes del Estado.
El próximo 12 de agosto, el Congreso en pleno —senadores y representantes a la Cámara reunidos en sesión conjunta— elegirá al funcionario encargado de ejercer el control fiscal sobre los recursos públicos durante los próximos cuatro años.
Será una decisión de enorme trascendencia institucional. El nuevo contralor tendrá la responsabilidad de vigilar la ejecución del presupuesto nacional, supervisar el manejo de los recursos públicos y liderar los procesos de responsabilidad fiscal en todo el país.
Si las cuentas políticas finalmente favorecen a Andrés Castro Franco, Boyacá podrá afirmar que, aunque no nació en su territorio, uno de los hombres formados bajo la influencia de su dirigencia y de una familia estrechamente ligada al departamento llegará a ocupar uno de los cargos más importantes del Estado colombiano. Para muchos, será una elección con un indiscutible sabor boyacense.
