La alerta de la Contraloría no significa que Colpensiones vaya a dejar de pagar las mesadas, pero sí obliga al Gobierno Nacional a resolver un problema antes de terminar el año: conseguir más de $4,2 billones que no estaban previstos en las cuentas iniciales. Existen mecanismos presupuestales para hacerlo, pero será necesario identificar de dónde saldrá la plata.
La advertencia de la Contraloría sobre un faltante superior a $4,2 billones para cubrir las obligaciones pensionales de 2026 deja una pregunta mucho más concreta que la alarma inicial: ¿de dónde va a sacar el Gobierno esa plata?
La cifra es considerable, pero no significa que el próximo mes Colpensiones vaya a suspender el pago de las mesadas. La Contraloría precisamente lanzó la alerta para que el Gobierno Nacional disponga oportunamente de los recursos adicionales necesarios y evite que el problema presupuestal termine convirtiéndose en uno de caja.
El faltante apareció porque las cuentas iniciales quedaron desactualizadas. Para elaborar el presupuesto se trabajó con un incremento del salario mínimo cercano al 7,5 por ciento, pero finalmente el aumento para 2026 fue del 23 por ciento. Como una parte importante de las pensiones está vinculada al salario mínimo, el costo terminó siendo considerablemente superior al previsto.
Colpensiones tenía proyectados gastos por $75,58 billones, de los cuales $72,8 billones correspondían al pago de pensiones y jubilaciones. La Nación debía aportar alrededor de $33,7 billones y, según la información examinada por la Contraloría, esos recursos inicialmente presupuestados prácticamente ya fueron ejecutados.
Ahí está el verdadero problema. No se trata simplemente de que el Gobierno no haya girado la plata que había prometido. La plata que se calculó resultó insuficiente y ahora hay que conseguir más.
La pregunta que surge es ¿puede hacerlo? Y la respuesta es Sí. El sistema presupuestal colombiano contempla mecanismos para modificar las apropiaciones durante la ejecución del Presupuesto General de la Nación cuando los recursos inicialmente aprobados resultan insuficientes. El Estatuto Orgánico del Presupuesto permite abrir créditos adicionales para complementar apropiaciones que no alcanzan a cubrir las necesidades previstas.
Una posibilidad es realizar movimientos dentro del propio presupuesto, reduciendo recursos disponibles en otros rubros y trasladándolos hacia las obligaciones que necesitan financiación, siempre que se cumplan las condiciones y procedimientos establecidos por las normas presupuestales.
Otra alternativa es una adición presupuestal. Cuando resulta indispensable aumentar las apropiaciones inicialmente autorizadas, el Gobierno puede promover los mecanismos previstos en el Estatuto Orgánico del Presupuesto para incorporar recursos adicionales. La legislación establece competencias y procedimientos diferentes dependiendo de la naturaleza de la modificación.
Eso significa que los $4,2 billones no constituyen, por sí solos, una sentencia de impago para los pensionados. El Gobierno todavía tiene instrumentos para cerrar la brecha.
Pero tampoco se trata de encontrar $4,2 billones guardados en una cuenta. Si esos recursos adicionales no están disponibles dentro de las apropiaciones existentes, Hacienda tendrá que establecer la fuente que permita financiar el mayor gasto y adelantar las operaciones presupuestales correspondientes. Y ahí comienza la discusión fiscal.
Cada peso adicional destinado a cubrir el faltante pensional tendrá que provenir de recursos disponibles, de modificaciones en otras partidas o de nuevas fuentes de financiación permitidas por las normas presupuestales. Dependiendo del mecanismo utilizado, eso podría implicar sacrificar o aplazar otros gastos del Estado.
La advertencia llega además cuando faltan poco más de tres meses para terminar la vigencia fiscal. Las apropiaciones presupuestales son anuales y, como regla general, expiran al finalizar el 31 de diciembre, lo que obliga a resolver durante la presente vigencia las modificaciones necesarias para atender las obligaciones correspondientes a 2026.
El Gobierno ya ha realizado durante este año modificaciones al Presupuesto General de la Nación mediante diferentes instrumentos, de manera que jurídicamente no se trata de una operación desconocida para Hacienda.
Lo extraordinario en este caso es el tamaño y la sensibilidad de la obligación.
Estamos hablando de las mesadas de millones de pensionados y de un faltante superior a cuatro billones de pesos.
Por eso el escenario más importante durante las próximas semanas no será saber si Colpensiones decide pagar o no pagar. Las pensiones constituyen obligaciones que el Estado debe atender y la discusión está en cómo garantizar su financiación.
La Contraloría puso la alerta con suficiente anticipación: calcula que hacen falta más de $4,2 billones y pidió al Gobierno prever y disponer los recursos necesarios para cumplir los pagos comprometidos.
Ahora la pelota queda principalmente en la cancha del Ministerio de Hacienda.
La pregunta que deberá responder el Gobierno no es solamente si garantizará las mesadas —algo que necesariamente tendrá que procurar—, sino de dónde saldrán los $4,2 billones adicionales, qué mecanismo presupuestal utilizará y si conseguir esa plata obligará a recortar o aplazar recursos destinados a otros sectores.
Ese es, en últimas, el verdadero tamaño de la alerta de la Contraloría: por ahora no hay anuncio de pensiones suspendidas, pero sí una cuenta de más de cuatro billones de pesos que alguien tendrá que pagar antes de cerrar 2026.
