Cuando el poder es soberbio, la desobediencia es ley

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Por | Manuel Humberto Restrepo Domínguez

Las dos colombias están claramente definidas socialmente y en empate técnico electoralmente. Las visiones de país se mantienen intactas. Una que aún gobierna, sobrepone el valor del ser humano al valor del capital y deberá proteger sus conquistas, desde el palacio o la calle bajo ante la amenaza letal del programa fascista que promete reasegurar el control del Estado para imponer “obediencia”, hacia un régimen de más privado y menos público, más mercado y menos Estado, más represión y menos diálogo, más mercancía y menos valor humano, más consumidores y menos ciudadanos. Y hechos relevantes como recrudecer la guerra, invalidar la construcción de paz, derogar avances sociales, borrar la historia del gobierno popular, negar la memoria de crímenes de Estado y absolver a sus responsables, poner el capital por sobre todas las cosas y aislar a sus adversarios exacerbando un calculado simbolismo patrio agitado con banderas, para consumar la homogeneización que desata persecuciones y violencias, con lo cual la agenda resulta radicalmente contraria a derechos.

     Sobre esa base, la Colombia, que promueve la vida valoriza el papel de los derechos como límites al poder y convierte la desobediencia en ley. La desobediencia es una herramienta ética y política del derecho de resistencia. Desde una perspectiva de derechos humanos, la desobediencia civil es legítima, ética, legal y constitucional. En 1789 la declaración de derechos del hombre y del ciudadano, proclamó como derecho natural “la resistencia a la opresión” (art. 2), y en 1998 la ONU la reforzó con la declaración sobre defensores de los derechos humanos como defensa del principio de que “toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos”, activando la legitimidad internacional de la resistencia cívica, como “derecho de toda persona a promover derechos humanos, denunciar abusos, oponerse pacíficamente a violaciones y participar en actividades contra la opresión”.

     En 1848 Thoreau (principal exponente) desarrolló una teoría de la desobediencia presentándola como el deber moral de no colaborar con un Estado cuando éste actúa injustamente. La desobediencia planteada por la Colombia de la vida, manifiesta que usará los derechos humanos como límites al poder con el objetivo de frenar el fascismo prometido, impedirle que se instale, dada su promesa de destruir, excluir, segmentar, discriminar, perseguir, inhumanizar y eliminar, desconociendo el hecho que “todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”, negando la opción de que todos los humanos sean reconocidos y tratados como iguales y respetada plenamente su dignidad.

     Los anticipos de nombramientos, lenguaje y narrativa de odio llevan a prever el ataque, condena y negación de las libertades de pensamiento y conciencia (art 18, DUDH de 1948), expresión, reunión pacifica, asociación, participación política (art 19, 20, 21, 22, 25, del pacto internacional de derechos civiles y políticos de 1966, art. 93. CN), ante lo cual la desobediencia invoca como referente universal de rechazó al fascismo el art 20.4 de la Constitución alemana (1949) creada después del nazismo, que revaloriza a la desobediencia en el sentido de que “todos los alemanes tienen derecho a resistir a cualquiera que intente eliminar el orden constitucional…” siguiendo a la declaración universal de derechos humanos de 1948 que en el preámbulo le exige y reclama a los Estados garantizar los derechos conforme a lo pactado “a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión…” y que en su artículo final (30) le recuerda a los gobernantes que los derechos son ley universal y no pueden ser sometidos al arbitrio y soberbia del poder.

       La desobediencia civil planteada se anticipa a enfrentar el inminente riesgo de vulneración, negación y bloqueo de los mecanismos y garantías de protección de derechos y llama a defender las conquistas en educación, vivienda, salud, agua potable, empleo, jubilación, niñez, vejez, paz, culturas, tierras, energías, con lo cual convocar (o crear) un “Estado de desobediencia civil” es válido y útil para frenar la instalación del fascismo y recordarle al país que la dignidad humana es anterior al Estado; que las leyes injustas pueden perder legitimidad moral, y; que existe diferencia entre legalidad y justicia y que evitar el fascismo, es una simple tarea humana, antes que este haga lo que sea, para someter a su arbitrio (arbitrariedad) a los derechos humanos, al Estado de derecho y a la ley, volviéndola injusta y la “ley injusta no es ley” y cuando el gobernante la hace y aplica por su propia cuenta cae en dictadura y barbarie, que solo el pueblo unido puede derrotar. Pasar de la conciencia individual a la resistencia colectiva incluye mecanismos como la ocupación de espacios públicos, no acatar mandatos judiciales o administrativos injustos, usar redes de resistencia y autogestión comunitaria, parar, interrumpir, hacer protestas, plantones, murales, grafitis, tomar instituciones, universidades, colegios, parques, boicot a empresas, movilizaciones masivas, paros cívicos y huelgas y hacia adentro de su proceso organizativo promover mercados populares, dinámicas de solidaridad y de autocuidado y afecto. Todas estas acciones son legales, y por hacer parte del derecho de resistencia, no son ni delito, ni insurrección, son públicas, no violentas.

    Como programa y estrategia de ejercicio del poder popular la desobediencia civil que inicia (previa a la posesión, demandada por presunta inconstitucionalidad), tiene una clara estructura de conducción política nacional de conocimiento público, compuesta por un partido político (Pacto Histórico, como unidad de partidos), un líder (Iván Cepeda) responsable de la oposición política; 69 congresistas (24% del total de congresistas) como la bancada más numerosa, que podrá articularse en el modo de asamblea nacional popular (ANP); representación política y social en todo el territorio nacional; y 12.7 millones de electores de múltiples procedencias políticas y sociales de pueblos indígenas y afro, confederaciones sindicales, universitarios, comunidades diversas, agrupaciones culturales, víctimas del conflicto armado, grupos eclesiales de base, entre otros, para actuar de inmediato.

P.D. En los estadios la esperanza quedó en las retinas con la memoria de luchas del Congo con Patricio Lumumba y el remar juntos y unidos de Noruega para alcanzar los sueños de un pueblo.

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