El relevo del presidente ejecutivo, quien estaba en prepensión, sigue generando costos y desgaste para la Junta Directiva. Jhon Jairo Martínez, favorecido por un fallo judicial, rechaza el cargo ofrecido por considerar que no es equivalente.
La crisis en la Cámara de Comercio de Tunja está lejos de resolverse y, por el contrario, acaba de entrar en su punto más crítico.
La negativa de Jhon Jairo Martínez, expresidente ejecutivo de la entidad, a aceptar el cargo de “director general corporativo” ofrecido por la Junta Directiva, trasladó el conflicto nuevamente a los estrados judiciales. Ahora será el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Oralidad el que deba definir si la Cámara cumplió o no el fallo que ordenó su reintegro como trabajador en condición de prepensionado.
La decisión judicial fue clara en lo esencial: Martínez debía ser reintegrado al cargo del que fue retirado en febrero o a uno de igual categoría, funciones y remuneración. Sin embargo, el punto de choque está precisamente en esa equivalencia.
Martínez sostiene que el cargo propuesto no cumple esas condiciones. Aunque reconoce que garantiza su ingreso, asegura que se trata de una posición sin autonomía real, con subordinación jerárquica y con funciones que, en la práctica, no corresponden al nivel que tenía como presidente ejecutivo. Incluso advierte que mantener ese esquema implicaría un costo innecesario para la entidad, al pagar dos salarios de alto nivel sin una diferenciación clara de responsabilidades.
Por esa razón, se negó a firmar el contrato y promovió un incidente de desacato, al considerar que la Junta no ha dado cumplimiento efectivo a la orden judicial.
El juez deberá establecer si el cargo creado cumple con los criterios exigidos: mismo nivel jerárquico, funciones comparables y capacidad real de decisión. No basta con igualar el salario.
El problema es que la Cámara ya tiene un presidente ejecutivo en ejercicio, Sergio Armando Tolosa, quien ostenta la representación legal y la dirección de la entidad. En ese contexto, resulta jurídicamente complejo —y administrativamente inviable— que existan dos cargos con el mismo nivel de autoridad.
De ahí que la discusión gire en torno a si el nuevo cargo es una solución válida o simplemente una figura formal para evitar restituirlo en la presidencia.
Las consecuencias dependen de lo que resuelva el juzgado. Si considera que el cargo sí es equivalente, la entidad podría darse por cumplida y la negativa de Martínez jugaría en su contra, incluso afectando pagos futuros. Pero si concluye que no lo es, la Cámara podría enfrentar sanciones por desacato y verse obligada a reintegrarlo en condiciones reales, lo que reabriría el debate sobre quién debe ocupar la presidencia ejecutiva.
En ese escenario, el fallo también implicaría el pago de salarios y prestaciones desde su salida, el 12 de febrero de 2026, y la obligación de mantenerlo vinculado hasta que acceda a su pensión.
Por ahora, lo único claro es que la Cámara de Comercio de Tunja quedó atrapada en un verdadero berenjenal jurídico, donde cualquier salida tiene costos institucionales, legales y políticos.
