Tunja fue escenario del debate nacional sobre la crisis de la salud.
La crisis del sistema de salud colombiano volvió a aterrizar en Boyacá. Esta vez en testimonios de pacientes, reclamos por medicamentos, denuncias sobre el manejo de recursos públicos y un debate político sobre el futuro del modelo creado hace más de tres décadas por la Ley 100.
El Hospital Universitario San Rafael de Tunja fue sede este 21 de mayo de una Audiencia Pública de Salud en Boyacá convocada por el representante a la Cámara Pedro José Suárez Vacca, con participación de delegados del Ministerio de Salud, la Superintendencia Nacional de Salud, organizaciones sindicales, veedurías ciudadanas y usuarios del sistema.
Aunque el evento tuvo un tono institucional, rápidamente se convirtió en un espacio de confrontación política e ideológica alrededor de uno de los temas más sensibles del país: quién controla los recursos de la salud y quién debe responder por la crisis que atraviesa el sistema.
“La crisis no comenzó con este Gobierno”
Durante algo más de veinte minutos de intervención, el representante Suárez Vacca construyó una defensa abierta de la reforma a la salud promovida por el Gobierno de Gustavo Petro y, al mismo tiempo, una crítica frontal al modelo instaurado por la Ley 100 de 1993.
Según el Congresista, el problema estructural del sistema colombiano no nació recientemente, sino que se consolidó durante décadas mediante la privatización progresiva del derecho a la salud.
“Lo que sucedió fue la privatización del derecho fundamental a la salud de las y los colombianos”, afirmó.
Suárez Vacca sostuvo que las EPS terminaron convirtiéndose en intermediarias financieras que administraron recursos públicos sin garantizar efectivamente la prestación del servicio, y aseguró que parte de la crisis actual proviene precisamente del manejo histórico de esos recursos.
En uno de los momentos más duros de su discurso, el Representante citó informes de la Contraloría General relacionados con presuntas irregularidades y desaparición de recursos del sistema de salud, cuestionando que hoy varias entidades reclamen falta de liquidez mientras persisten investigaciones sobre el destino de billonarios fondos públicos.
Medicamentos, demoras y angustia ciudadana
La audiencia dejó ver la preocupación de la ciudadanía por el acceso a medicamentos y tratamientos.
Entre las intervenciones más sensibles estuvo la de Gladis Pinto, paciente diabética de Tunja, quien denunció dificultades para recibir medicamentos esenciales dentro del régimen subsidiado.
“Necesitamos ayuda con la entrega oportuna de medicamentos”, expresó ante funcionarios.
El tema fue retomado por Cristian Llanos Villegas, delegado regional de la Superintendencia Nacional de Salud, quien reconoció que existen problemas graves en la distribución de medicamentos y aseguró que actualmente se adelantan procesos de inspección y verificación.
“Existe un sabotaje en la entrega de medicamentos”, afirmó Llanos.
Según explicó, la Superintendencia mantiene abiertos mecanismos de vigilancia y anunció posibles sanciones para entidades que incumplan con la entrega de tratamientos a pacientes.
Las denuncias conectan con una problemática que en los últimos meses se ha repetido en distintas regiones del país: largas filas en dispensarios, retrasos en medicamentos de alto costo y crecientes reclamos ciudadanos frente al deterioro del servicio.
Boyacá y la apuesta por la infraestructura
La audiencia también sirvió para mostrar la estrategia del Gobierno Nacional en materia de infraestructura hospitalaria en Boyacá.
Suárez Vacca destacó inversiones destinadas a hospitales y centros de salud del departamento, mencionando recursos asociados al denominado “Pacto por Boyacá” y proyectos para fortalecer la red pública hospitalaria.
Entre ellos, hizo referencia a futuras inversiones en el Hospital San Rafael de Tunja, incluyendo la proyectada torre de servicios y equipos tecnológicos especializados.
Sin embargo, el propio Representante reconoció que existen alertas sobre posibles irregularidades en el manejo de algunos recursos destinados a equipos básicos de salud.
Incluso reveló que ya existen denuncias ante organismos de control contra alcaldes y gerentes hospitalarios por presuntas inconsistencias en el uso de esos programas.
Una discusión que ya no es solo técnica
Hoy el debate sobre la salud es también una disputa política profunda sobre el papel del Estado, la participación privada y el modelo mismo de atención.
Mientras sectores cercanos al Gobierno insisten en que la crisis actual es consecuencia de décadas de intermediación privada y corrupción estructural, la oposición sostiene que las reformas impulsadas por Petro han generado incertidumbre, debilitamiento institucional y mayor caos operativo.
En medio de esa polarización, los ciudadanos siguen enfrentando problemas como autorizaciones demoradas, hospitales con dificultades financieras y medicamentos que muchas veces no llegan.
