La Corte Constitucional consideró que los municipios son los propietarios del subsuelo, dejando así en manos de los mandatarios locales la decisión de permitir minería en sus respectivas localidades.
La decisión tomada por la Corte Constitucional respecto al uso del subsuelo, está causando gran revuelo y dio un vuelco total al panorama de la minería y los hidrocarburos en Colombia.
El fallo del Alto Tribunal cayó como un balde de agua fría para los empresarios dedicados a la explotación de hidrocarburos, tanto así que se habla de un retroceso para el sector; que en los últimos tiempos ha venido beneficiándose con la adjudicación sin límites para la exploración y explotación del subsuelo en todo el territorio nacional.
Por otro lado, está la celebración de la ciudadanía, que ha visto en esta determinación una oportunidad más para seguir trabajando por la conservación del agua y de la tierra. Algunos mandatarios de municipios donde se realiza esta actividad, y hasta el momento no podían impedirla, exclamaron su satisfacción por poder ser determinantes al momento de permitir, o no, la exploración y explotación en el subsuelo de sus correspondientes municipios.
Mediante el fallo, la Corte Constitucional ordenó al Gobierno Nacional crear mesas de trabajo, en un plazo de dos años, “para construir una investigación científica y sociológica en la cual se identifiquen y se precisen las conclusiones gubernamentales respecto a los impactos de la actividad minera en el ecosistema colombiano”.
La decisión tomada por la Corte Constitucional cae como un bálsamo para aquellos municipios que se han visto fuertemente perjudicados por la actividad minera, y que tenían que someterse por dar prioridad a los beneficios económicos.
