El 2 de octubre de 2016, Colombia vivió una de las jornadas democráticas más determinantes de su historia reciente. Contra todos los pronósticos del poder de turno, las maquinarias estatales y el aparato publicitario internacional, el pueblo colombiano acudió a las urnas y le dijo NO a los acuerdos firmados en La Habana. Diez años después, al mirar con perspectiva e independencia el rumbo que tomó el país, la realidad no admite dobles discursos: el tiempo terminó dándole la razón a la ciudadanía.
El argumento central con el que se pretendió vender aquel acuerdo fue que las víctimas estarían en el centro de la negociación y que se garantizaría una paz estable y duradera. Sin embargo, la década transcurrida demuestra que el centro del tablero nunca fueron las víctimas, sino las concesiones políticas. La prometida reparación integral quedó atrapada en la burocracia y la verborrea institucional, mientras que los afectados por el conflicto continuaron enfrentando el olvido y la violencia en las regiones.
Por otro lado, la balanza de la justicia terminó severamente inclinada. Lo que en su momento se presentó como una transicionalidad necesaria derivó en esquemas que aseguraron impunidad efectiva frente a delitos atroces. Quienes cometieron crímenes de lesa humanidad terminaron ocupando curules en el Congreso de la República sin haber pagado un solo día de cárcel ni haber entregado la verdad completa ni los bienes prometidos para reparar a sus víctimas.
Reconocer este balance a los diez años de la consulta no es un ejercicio de revanchismo ni de mirar hacia el pasado por capricho. Es la imperiosa necesidad de recordar que la paz no se construye sobre la imposición institucional ni ignorando la voz del pueblo expresada en las urnas. La democracia colombiana se sostuvo ese día gracias al valor de millones de ciudadanos que exigieron justicia real, verdad sin sesgos y respeto por la Constitución.
Hoy, un decenio después, la historia nos deja una lección imborrable: no se puede construir un futuro sólido para la patria si los cimientos se edifican sobre la impunidad. El triunfo del NO sigue siendo el recordatorio patrio de que el criterio ciudadano y la dignidad institucional están por encima de cualquier acuerdo de papel.
