La entidad electoral respondió a las denuncias formuladas por el presidente Gustavo Petro sobre presuntas irregularidades en el censo electoral, el número de votantes por mesa y posibles modificaciones al software de las elecciones. Aseguró que todos los procedimientos se ajustaron a la ley y que la información fue entregada oportunamente a las campañas políticas.
La Registraduría Nacional del Estado Civil salió este martes al paso de las afirmaciones realizadas por el presidente Gustavo Petro en la red social X, en las que cuestionó distintos aspectos del proceso electoral de las elecciones presidenciales de 2026 y sugirió posibles inconsistencias en los resultados de la primera vuelta.
A través de un comunicado público, la entidad rechazó cada uno de los señalamientos y sostuvo que el proceso se desarrolló conforme a las normas vigentes y bajo mecanismos de control y auditoría conocidos por las campañas políticas.
Uno de los principales cuestionamientos del mandatario estuvo relacionado con el censo electoral. Petro aseguró que este se habría cerrado dos meses antes de los comicios, situación que, según la Registraduría, no corresponde a la realidad. La entidad explicó que el 31 de marzo concluyó únicamente el período de inscripción de ciudadanos para cambiar su puesto de votación, mientras que el censo electoral definitivo, integrado por 41.421.973 colombianos habilitados para votar en el país y en el exterior, fue cerrado el 30 de abril.
Según la Registraduría, esa información fue presentada a los partidos y campañas durante una mesa técnica realizada ese mismo día y posteriormente divulgada a través de los canales oficiales de la entidad. Además, indicó que el pasado 22 de mayo entregó a las organizaciones políticas una herramienta para consultar individualmente la ubicación electoral de los ciudadanos.
El organismo también respondió a las inquietudes sobre el número de votantes registrados en determinadas mesas de votación. Petro había sugerido posibles anomalías en mesas con altas participaciones, pero la Registraduría explicó que existen diferentes capacidades de asignación según el tipo de puesto electoral. Mientras la mayoría de las mesas tienen potenciales de 360 votantes, otras, especialmente en grandes centros de votación como Corferias en Bogotá, pueden agrupar entre 500 y 1.200 ciudadanos.
La entidad señaló que más de 5.300 mesas registraron votaciones superiores a 300 sufragantes, una situación que calificó como normal dentro de la distribución establecida. Agregó que todas las mesas fueron revisadas por jueces de la República en las cerca de 3.000 comisiones escrutadoras instaladas en el país.
Frente a las dudas sobre el número de mesas habilitadas para la elección presidencial, la Registraduría precisó que se instalaron 122.020 mesas en Colombia y el exterior, incluidas las dispuestas para la votación de colombianos fuera del país, las ordenadas judicialmente y las ubicadas en el Capitolio Nacional.
Otro de los puntos controvertidos fue la supuesta modificación de software electoral el 26 de mayo. La entidad negó categóricamente esa posibilidad y explicó que las fechas y horas mencionadas por el presidente corresponden a la publicación de archivos e información técnica puesta a disposición de los auditores de los partidos políticos.
De acuerdo con la Registraduría, ese día se compartieron carpetas y bases de datos relacionadas con la división político-electoral y la organización de las mesas de votación, en un ejercicio de transparencia destinado precisamente a facilitar las labores de verificación de las campañas.
La controversia surge en medio del debate político posterior a la primera vuelta presidencial, en la que diversos sectores han solicitado revisar aspectos del proceso electoral. Sin embargo, la Registraduría insistió en que toda la información utilizada durante la jornada fue entregada oportunamente a las organizaciones políticas para que realizaran sus propias validaciones y análisis.
