Luis Ángel Lara llega con el triunfo en las cuatro consultas y el respaldo del sector político cercano al gobernador Carlos Amaya. Luis Gabriel Márquez tendría el apoyo de los representantes del Gobierno nacional. Las cuentas previas dejan dos votos sin definición pública y mantienen abierta la posibilidad de una tercería. Hoy, en Paipa, se decide quién dirigirá la universidad hasta 2030.
Luis Ángel Lara González ganó las consultas. Luis Gabriel Márquez Díaz busca reunir la mayoría que puede llevarlo a la Rectoría. Entre ambos, dos votos cuya orientación no estaba clara al cierre de esta edición podrían definir el futuro de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.
La cuenta decisiva se hará hoy, jueves 19 de noviembre, en el salón Bochica del Hotel Estelar de Paipa. Desde las 8 de la mañana está prevista la sesión del Consejo Superior Universitario en la que cinco candidatos presentarán sus propuestas para reemplazar a Enrique Vera López durante el periodo 2027–2030.

El número que todos necesitan es cinco: la mayoría absoluta de los nueve integrantes con derecho a voto. Lara llega con la ventaja de haber sido el más votado por estudiantes, graduados, profesores y personal administrativo. Pero ese respaldo no resuelve por sí solo la elección. La última palabra corresponde al Consejo Superior.
Según la información conocida por EL DIARIO antes del cierre de esta edición, las cuentas preliminares situaban a Lara con cuatro posibles apoyos y a Márquez con tres. Son respaldos previstos, sujetos a lo que ocurra en la sesión, no votos ya depositados. En esa diferencia está la tensión de la jornada.
En favor de Lara estarían inicialmente el gobernador Carlos Amaya y las representaciones de los graduados, las directivas académicas y los docentes. Si esos apoyos se mantienen, necesitaría un voto adicional para alcanzar la Rectoría.
Márquez, por su parte, tendría el respaldo del designado de la Presidencia de la República, de la representación del Ministerio de Educación y del sector productivo. Bajo ese escenario necesitaría sumar otros dos consejeros.
Hasta el cierre de esta edición no había claridad sobre la posición de Carlos Alberto Sandoval Fonseca, representante de los exrectores, ni de David Leonardo Gutiérrez Gómez, representante de los estudiantes. Sus decisiones podrían completar una mayoría o prolongar la búsqueda de acuerdos.
La distribución preliminar muestra la importancia de los sectores cercanos al gobernador y de los representantes del Gobierno nacional. Sin embargo, no permite dar por elegido a ninguno. Una modificación en los apoyos previstos cambiaría las cuentas y podría abrir espacio para otro aspirante.
Tampoco debe confundirse la interlocución que necesita la universidad con los gobiernos con una subordinación política. Quien resulte elegido tendrá que gestionar recursos ante la Nación y trabajar con la Gobernación y los municipios, al tiempo que responde por sus decisiones ante la comunidad universitaria.
Si Lara y Márquez no consiguen reunir cinco votos, John William Rosso Murillo y Segundo Agustín Martínez Ovalle podrían adquirir protagonismo como alternativas para construir un acuerdo.
Su posibilidad dependería de que los consejeros que hoy se inclinan por los dos principales aspirantes encuentren dificultades para completar una mayoría y estén dispuestos a considerar otro nombre. No se trataría necesariamente de un empate formal, sino de un bloqueo entre apoyos insuficientes.
Luis Bernardo Díaz Gamboa aparece, en las cuentas políticas previas, con una opción más distante. Eso no elimina su candidatura ni el respaldo que obtuvo entre los estudiantes: forma parte de los cinco elegibles y tendrá la misma oportunidad de presentar su propuesta.
Los aspirantes dispondrán de hasta quince minutos para exponer sus programas, en el orden alfabético establecido para la sesión. Después llegará el momento de comprobar cuánto de las cuentas previas se convierte en votos.
La principal fortaleza del exvicerrector Luis Ángel Lara es verificable: ocupó el primer lugar en los cuatro estamentos consultados.
Entre los graduados obtuvo 2.717 votos y Márquez, 1.919. Entre los estudiantes recibió 2.474, seguido por Díaz Gamboa, con 1.282. En el personal administrativo alcanzó 107 votos, frente a 45 de Márquez. Entre los profesores escalafonados consiguió 158; Márquez obtuvo 103, Martínez 34 y Rosso 28.
Márquez fue segundo entre graduados, administrativos y profesores. Díaz llegó a la instancia definitiva por la consulta estudiantil; Martínez y Rosso, por la profesoral.
Estos resultados le dan a Lara un argumento de legitimidad que sus competidores no pueden presentar en las mismas condiciones. También ponen sobre los consejeros una pregunta que acompañará la decisión: ¿qué peso tendrá la preferencia expresada por la comunidad universitaria?
La respuesta será especialmente importante para el próximo rector. Además de conseguir los votos necesarios para ser elegido, tendrá que construir confianza para gobernar.
La discusión sobre el nuevo rector tiene consecuencias para quienes estudian, enseñan y trabajan en la UPTC. De la próxima administración dependerán decisiones sobre bienestar, contratación docente, investigación, infraestructura, financiación y oportunidades en las seccionales.
Las entrevistas de EL DIARIO con los cinco finalistas permiten reconocer prioridades distintas.
Luis Ángel Lara González ofrece experiencia administrativa y una apuesta por la transformación digital. Formado en Ingeniería Industrial en la seccional Sogamoso, con posgrados en la UPTC y 23 años de docencia, fue director de escuela, director de instituto, decano y vicerrector.
Propone incorporar inteligencia artificial a los procesos académicos y administrativos, fortalecer la movilidad internacional y conseguir recursos mediante proyectos con entidades públicas y empresas. Su programa incluye posgrados con horarios flexibles, jardines infantiles en las seccionales y mejores servicios de bienestar. Busca introducir cambios preservando el modelo financiero que considera estable.
Luis Gabriel Márquez Díaz plantea corregir las diferencias entre sedes, facultades y programas. Su vínculo con la universidad comenzó hace cuatro décadas como estudiante de Ingeniería de Transportes y Vías. Es profesor titular, ha dirigido programas y un instituto de investigación y fue decano de Ingeniería y representante de las directivas académicas ante el Consejo Superior.
Su propuesta busca equilibrar infraestructura, dotación y respaldo administrativo. Incluye salud mental, apoyos económicos, mejor alimentación, ordenamiento de los campus y una reforma académica de mayor alcance. Plantea completar el ciclo de planificación institucional hasta 2030, con ajustes para que el crecimiento llegue en mejores condiciones a toda la comunidad.
John William Rosso Murillo concentra su apuesta en flexibilizar la formación y ampliar la proyección internacional. Fue director administrativo, decano, director de un centro de investigaciones y asesor financiero de la Rectoría. Cuenta con experiencia en universidades privadas y actividades académicas en Estados Unidos y Alemania.
Propone extender la doble titulación internacional, introducir certificaciones de habilidades antes de la graduación y articular los programas técnicos, tecnológicos y profesionales. Busca diversificar los ingresos mediante consultorías, investigación y asesorías. Su iniciativa Opción Boyacá conectaría prácticas y proyectos con organizaciones públicas y privadas, con convenios en los 123 municipios.
Segundo Agustín Martínez Ovalle promueve cambios estructurales, transparencia y mayor aprovechamiento de la capacidad científica. Físico médico con estudios doctorales realizados en Europa, lleva cuatro décadas vinculado a la UPTC. Ha sido docente, investigador, decano, director de escuela, director de posgrados y representante profesoral.
Plantea que los laboratorios presten más servicios especializados y que la investigación responda a problemas de empresas y municipios. Busca financiación empresarial para proyectos de posgrado, convenios con resultados evaluables y mayor atención a las seccionales. También propone paneles solares para reducir los costos de energía.
Luis Bernardo Díaz Gamboa pone sobre la mesa una reforma del poder universitario. Abogado de la Universidad Nacional, doctor de la Universidad Complutense de Madrid y con estudios posdoctorales en la Universidad Politécnica de Valencia, lleva 24 años como profesor de planta. Fue defensor regional del Pueblo y tres veces decano de Derecho y Ciencias Sociales.
Propone una Constituyente Universitaria y consultas vinculantes combinadas con evaluación de méritos para elegir rector. También plantea ampliar la participación, avanzar en la formalización docente, fortalecer la investigación y la oferta académica y defender la matrícula cero. Su cuestionamiento al sistema electoral cobra especial relevancia en una jornada en la que nueve consejeros decidirán después de que miles de universitarios ya expresaron su preferencia.
Además de las representaciones del Ministerio de Educación, la Presidencia de la República y la Gobernación de Boyacá, tienen asiento las directivas académicas, los docentes, los graduados, los estudiantes, el sector productivo y los exrectores.
Entre sus integrantes están Julián Ricardo Gómez Ávila, designado presidencial; Carlos Amaya, gobernador; Robinson de Jesús Torres Gómez, por las directivas académicas; Doris Lilia Torres Cruz, por los docentes; Eduard Alejandro Piña Camargo, por los graduados; David Leonardo Gutiérrez Gómez, por los estudiantes; Gustavo Adolfo Gil Grimaldo, por el sector productivo, y Carlos Alberto Sandoval Fonseca, por los exrectores. A ellos se suma la representación del Ministerio de Educación.
Hoy se sabrá si Lara convierte su victoria en las consultas en la mayoría del Consejo, si Márquez reúne los apoyos para superarlo o si una dificultad para elegir entre ambos abre paso a otro candidato.
Después de la votación vendrá la tarea más exigente: que los estudiantes encuentren mejores condiciones para graduarse, que los profesores cuenten con respaldo para enseñar e investigar y que las regiones reciban respuestas de la universidad. Ese será el resultado que Boyacá podrá evaluar durante los próximos cuatro años.












