El representante Héctor David Chaparro reclamó respuestas al gobernador de Boyacá tras el plantón ciudadano en el Alto del Roble. Según el congresista, el proyecto supera los $18.000 millones y presenta retrasos y sobrecostos que están bajo investigación de los organismos de control.
El mal estado de la vía entre La Uvita y San Mateo llevó a ciudadanos a protestar en el Alto del Roble y abrió un nuevo enfrentamiento político entre el representante a la Cámara Héctor David Chaparro y el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya.
“Ni los shows ni los tiktoks van a darle respuestas a la provincia del Norte, señor gobernador”, manifestó el congresista en un pronunciamiento divulgado después de la movilización.
El plantón fue reportado el lunes 16 de noviembre en este corredor, utilizado por habitantes, transportadores y viajeros. Los manifestantes reclamaron medidas urgentes para atender el deterioro de la carretera y pidieron a las autoridades escuchar sus peticiones.

Chaparro respaldó la protesta y extendió su reclamo a las condiciones de movilidad de las provincias de Norte y Gutiérrez. Según afirmó, sus habitantes han salido a manifestarse después de “12 años de promesas”.
El representante sostuvo que el proyecto vial supera los $18.000 millones, pese a lo cual la carretera continúa “en pésimas condiciones”. También aseguró que presenta sobrecostos y retrasos y que está siendo investigado por la Contraloría de Boyacá y la Contraloría General de la República.
Estas afirmaciones hacen parte de la denuncia del congresista, quien cuestionó los resultados de las inversiones departamentales y exigió explicaciones sobre la ejecución de las obras. “Los recursos del departamento deben traducirse en obras de calidad”, señaló.
El reclamo pone sobre la mesa preguntas concretas: cuánto se ha contratado y pagado, qué trabajos se han recibido, cuáles son las obligaciones pendientes y cuándo tendrán los usuarios una solución al deterioro del corredor.
La información suministrada sobre el plantón y el pronunciamiento de Chaparro no incluye una respuesta de la Gobernación a estos señalamientos ni detalles de los procesos que el representante asegura que adelantan los organismos de control.












