Mayoría verde le pone condiciones al rescate económico: no a encarecer el empleo, internet y el campo

Representantes a la Cámara Yamit Hurtado, Cathy Juvinao, Mauricio Toro y Diego García y los senadores John Amaya, Andrea Padilla y Eduardo Enríquez.
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Los boyacenses Yamit Hurtado y John Amaya participaron en la presentación de los reparos al proyecto del Gobierno. La mayoría de la Alianza Verde respalda combatir la evasión y recortar gastos innecesarios, pero rechaza medidas que golpeen los ingresos de los hogares, eleven los costos de contratar trabajadores y desmonten incentivos ambientales.

El proyecto de ley de rescate económico del Gobierno nacional encontró una advertencia desde la mayoría del Partido Alianza Verde: la necesidad de conseguir recursos no puede convertirse en una carga adicional para los hogares, el empleo formal y la producción agropecuaria. Tampoco en una oportunidad para anticipar beneficios tributarios a quienes tienen mayor capacidad económica.

En una rueda de prensa realizada ayer en Bogotá, representantes de esa colectividad presentaron las medidas que están dispuestos a respaldar, las que consideran necesario aplazar y aquellas que no acompañarán en el Congreso.

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Entre los voceros estuvieron dos boyacenses: el representante Yamit Hurtado y el senador John Amaya. Sus intervenciones pusieron sobre la mesa asuntos que tocan directamente el bolsillo de las familias: la sostenibilidad de la salud, el acceso a internet y la telefonía, los insumos del campo y los incentivos para energías limpias.

La posición fue presentada como la de las mayorías del partido, una precisión que delimita el alcance del pronunciamiento. En la rueda de prensa participaron también los representantes Cathy Juvinao, Mauricio Toro y Diego García, y los senadores Andrea Padilla y Eduardo Enríquez.

El mensaje político es que hay espacio para negociar, pero el respaldo al proyecto está sujeto a cambios de fondo.

El senador John Amaya concentró parte de su intervención en el rechazo a gravar el internet fijo y la telefonía de los estratos 1, 2 y 3. Para el senador, esa propuesta contradice el propósito de ampliar el acceso a la educación y a las herramientas digitales.

“La tecnología es una herramienta poderosísima para reducir las brechas de desigualdad, pero cuando no garantizamos que haya equidad en su acceso aumenta mucho más las brechas de desigualdad”, sostuvo.

Su argumento apunta a una consecuencia concreta: encarecer la conectividad dificulta que los hogares con menos recursos puedan utilizarla para estudiar, trabajar y acceder a información y servicios. Por eso anunció una oposición tajante a esa medida.

El segundo frente fue la producción agropecuaria. Amaya defendió la necesidad de conservar los tratamientos tributarios favorables para los elementos que intervienen en los costos del productor.

El documento de la mayoría verde precisa esa exigencia: mantener el tratamiento favorable del IVA para semillas, fertilizantes, maquinaria, sistemas de riego y servicios del sector.

Para Boyacá, este es uno de los puntos centrales del debate. La discusión tributaria llega hasta la finca: cualquier cambio que encarezca los insumos o las herramientas de trabajo puede presionar los costos de producir alimentos.

Amaya también defendió los incentivos a los paneles solares y las medidas para reducir el uso de plásticos desechables, dos asuntos que la colectividad incluyó entre sus prioridades ambientales.

Por su parte el representante a la Cámara Yamit Hurtado llevó la discusión hacia la capacidad del sistema de salud para sostenerse. Durante su intervención celebró lo que describió como el retiro de la propuesta de aplicar un IVA del 19 % a la medicina prepagada, uno de los gravámenes rechazados en el documento presentado por los verdes.

Sin embargo, advirtió que los cambios tributarios y las reformas serán insuficientes si el sistema no logra prevenir enfermedades y reducir las complicaciones que terminan demandando tratamientos de alto costo.

“Si no tenemos control de la enfermedad, si las EPS no se obligan a cuidar al afiliado, no va a haber reforma que pueda sostener el sistema de salud colombiano”, manifestó.

Su planteamiento pone el énfasis en el cuidado oportuno de los pacientes. La discusión, según expuso, debe incluir obligaciones efectivas para proteger la salud de los afiliados y disminuir la carga de enfermedad.

Hurtado dejó abierta la posibilidad de continuar los diálogos con el Gobierno y presentar nuevas propuestas.

Uno de los reparos más fuertes de la mayoría verde está relacionado con los costos del empleo formal.

La colectividad rechaza reducir de diez a dos salarios mínimos el umbral salarial para la exoneración de aportes patronales, así como aumentar las cotizaciones de los trabajadores. Advierte que esos cambios afectarían a las micro, pequeñas y medianas empresas, la contratación, los salarios y la formalización laboral.

También se opone a reducir la renta exenta laboral a 630 UVT, limitar otras deducciones y eliminar el beneficio adicional de 72 UVT por dependiente.

El partido cuestiona, además, las facultades extraordinarias para reorganizar el Estado sin precisar cuáles entidades resultarían afectadas ni cuáles serían las consecuencias fiscales, institucionales y territoriales.

A esas objeciones suma el rechazo a que el Ministerio de Hacienda pueda reducir o aplazar en 2027 recursos que distintas leyes ordenan transferir a programas y entidades, y dejarlos por fuera del presupuesto entre 2028 y 2030.

La mayoría verde respalda reducir duplicidades, gastos de funcionamiento y contratación de apoyo innecesaria, principalmente en el nivel central. También acompaña el fortalecimiento de la lucha contra la evasión y el contrabando.

Pero pide excluir a la DIAN, al ICA y al Invima del recorte de personal del 20 % contemplado en la discusión.

Asimismo, acepta mayores tributos a licores, tabaco, cigarrillos, vapeadores y apuestas en línea, con la condición de destinar parte de esos recursos a atender las adicciones como un problema de salud pública y mental.

En materia ambiental, rechaza eliminar el impuesto a los plásticos de un solo uso, aplicar IVA del 19 % a los paneles solares y suprimir el 80 % de la destinación del impuesto al carbono.

La otra señal política del pronunciamiento está en los beneficios tributarios que la mayoría verde considera inoportunos.

Propone aplazar hasta 2030 la reducción del impuesto de renta de las personas jurídicas. Según las cifras de la exposición de motivos citadas por la colectividad, esa medida costaría $4,1 billones en 2027 y $12 billones en 2028, sin beneficiar al Régimen Simple ni a las personas naturales.

También plantea mantener hasta 2030 las condiciones del impuesto al patrimonio e iniciar su eliminación gradual en 2031, sin anticipar alivios ni elevar el umbral.

La posición deja al Gobierno una negociación concreta: los verdes están dispuestos a acompañar medidas para conseguir recursos y controlar el gasto, pero exigen revisar quién terminará pagando el rescate económico. Para Hurtado y Amaya, esa cuenta no puede cargarse sobre la salud de las familias, la conectividad de los hogares y los costos de trabajar y producir.

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