La crisis por la destitución de John Jairo Martínez escala y su reintegro, ordenado por un Juzgado, sigue sin resolverse. Fueron multados seis directivos por incumplir la orden de reintegrar al expresidente ejecutivo, al considerar que el cargo que le fue ofrecido no era equivalente. La decisión agrava un conflicto que expone fallas de gobernanza, eleva los costos para la entidad y deja en el aire quién debe ejercer realmente el poder en la Cámara.
La crisis institucional en la Cámara de Comercio de Tunja alcanzó un nuevo punto crítico tras la decisión del Juzgado Cuarto Civil Municipal de Tunja de sancionar por desacato a seis miembros de su Junta Directiva, en un caso que combina tensiones laborales, vacíos administrativos y decisiones judiciales aún en disputa.
En la providencia conocida el 30 de abril de 2026, el despacho judicial concluyó que la Junta Directiva incumplió la orden de tutela que protegía los derechos de Jhon Jairo Martínez Álvarez, quien había sido desvinculado pese a encontrarse en condición de prepensionado.
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La orden del Juzgado era que Martínez debía ser reintegrado a su cargo como presidente ejecutivo o, en su defecto, a uno de igual jerarquía, funciones y remuneración. Sin embargo, para el juzgado, la respuesta de la entidad —la creación del cargo de “director general corporativo”— no cumplió con esos criterios.
El juez consideró que no basta con ofrecer un salario similar: la equivalencia debe ser real en términos de poder decisorio, autonomía y posición jerárquica dentro de la organización.
Como consecuencia del desacato, seis integrantes de la Junta fueron sancionados con multas equivalentes a dos salarios mínimos mensuales legales vigentes. Los directivos sancionados son:
Aida Milena Leguizamón Lesmes
José Israel Romero Alvarado
Rafael Humberto Cortes Páez
Euclides Rivera Murillo
Melquicedec Galindo Tovar
Juan Camilo Ojeda Camacho
En contraste, otros miembros de la Junta fueron eximidos al demostrar que habían advertido oportunamente sobre la posible ilegalidad de la desvinculación, especialmente por la condición de vulnerabilidad laboral del exfuncionario.
La decisión de sancionar individualmente a los directivos evidencia que el juez encontró responsabilidad personal en el incumplimiento, y no solo institucional.
El conflicto se originó cuando Martínez rechazó el nuevo cargo ofrecido con el argumento de que ser director general corporativo no es equivalente a ser presidente ejecutivo.
Según su posición, el rol de “director general corporativo” carece de autonomía real, está subordinado al presidente ejecutivo en funciones y no reproduce el nivel de dirección estratégica que ejercía anteriormente. En otras palabras, sería una figura nominal que no restituye su estatus laboral.
Este punto fue determinante para el juez, quien implícitamente respalda la tesis de que la equivalencia no puede ser una simulación administrativa.
El problema que se viene ahora es que la Cámara tiene un presidente ejecutivo en ejercicio, Sergio Armando Tolosa, quien ostenta la representación legal. El fallo del Juzgado plantea un dilema complejo: ¿cómo cumplir la orden judicial sin generar una duplicidad de poder?
Crear un cargo paralelo parecía una salida intermedia, pero el juzgado la consideró insuficiente. Reintegrar plenamente a Martínez implicaría, en la práctica, redefinir la estructura de mando de la entidad o incluso revisar decisiones ya tomadas por la Junta.
El fallo no solo sancionar a los integrantes de la Junta Directiva sino que ordena el cumplimiento inmediato de la tutela, remisión del expediente en grado de consulta al Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Tunja y la notificación a todas las partes para asegurar ejecución rápida.
Esto significa que el caso aún no está cerrado. La revisión en segunda instancia podría confirmar o matizar las conclusiones, pero mientras tanto, la obligación de cumplir sigue vigente.
Más allá del plano jurídico, el caso refleja una crisis de gobernanza. La Cámara enfrenta costos económicos crecientes —salarios caídos, sanciones y posible duplicidad de cargos, desgaste reputacional y una evidente parálisis administrativa.
El escenario es particularmente delicado porque cualquier salida tiene implicaciones negativas: reintegrar plenamente a Martínez abriría un conflicto directo con la actual presidencia; insistir en el cargo alternativo podría agravar el desacato; y prolongar el litigio solo incrementa la incertidumbre.
El fallo envía un mensaje contundente sobre la protección reforzada a trabajadores en condición de prepensión y sobre los límites de las soluciones administrativas frente a órdenes judiciales.
Por ahora, la Cámara de Comercio de Tunja sigue atrapada en un laberinto jurídico donde cada decisión pesa. Y el desenlace dependerá de algo más que formalidades: de si la justicia exige un cumplimiento real o permite salidas administrativas que, como en este caso, terminaron agravando la crisis.
