El hecho ocurrió en el barrio Altamira. Autoridades activaron protocolos sanitarios, mientras persisten vacíos en el cumplimiento de normas sobre tenencia responsable.
Un nuevo caso de agresión por parte de perros de manejo especial se registró en Tunja la mañana de este 5 de mayo, esta vez en el barrio Altamira, al occidente de la ciudad. Dos menores de edad resultaron lesionadas tras el ataque de dos caninos tipo pitbull, según reportes conocidos a través del medio Trayectoria Informativa y Comercial Nacional.
De acuerdo con la información, una de las víctimas fue trasladada a un centro asistencial, mientras la otra recibió atención en el lugar por parte de personal de salud. Al sitio acudieron unidades de la Policía Metropolitana, así como funcionarios de la Secretaría de Salud.
El médico veterinario Freddy Olguín, adscrito a esta dependencia, confirmó que se activaron los protocolos correspondientes. Estos incluyen la evaluación etológica de los animales, la verificación de su estado sanitario y el seguimiento a las personas afectadas para descartar riesgos de enfermedades transmisibles como rabia o leptospirosis.
El funcionario reiteró que los perros catalogados «como potencialmente peligrosos» deben cumplir condiciones específicas: uso permanente de bozal en espacio público, registro ante la autoridad sanitaria, identificación mediante microchip y manejo por parte de adultos responsables.
El caso vuelve a poner en evidencia una brecha entre la regulación y su aplicación. En distintos sectores de Tunja es frecuente la presencia de perros de gran tamaño, incluidos aquellos clasificados dentro de esta categoría de ‘manejo especial’, sin bozal o bajo condiciones de control limitadas.
La normativa vigente establece obligaciones claras para los propietarios y contempla sanciones frente a su incumplimiento. No obstante, la recurrencia de episodios de este tipo sugiere debilidades en la supervisión y en la adopción de medidas preventivas.
Además del componente sanitario, este tipo de incidentes tiene implicaciones en materia de convivencia y seguridad. La exposición de menores de edad y transeúntes a animales sin las condiciones exigidas plantea un escenario de riesgo que trasciende el ámbito doméstico y se traslada al espacio público.
El procedimiento en curso incluye la observación de los animales involucrados y la verificación de su historial de vacunación. Dependiendo de los resultados, las autoridades definirán las acciones correspondientes en coordinación con los propietarios.
Por ahora, no se ha informado oficialmente sobre sanciones derivadas de este caso. Entretanto, el episodio en Altamira se suma a otros reportes ciudadanos que insisten en la necesidad de mayor control efectivo sobre la tenencia de perros potencialmente peligrosos en la ciudad.
El seguimiento al estado de salud de las menores y a las decisiones administrativas frente a los propietarios marcará el desarrollo de este caso en los próximos días.
