El gestor cultural Paulo César Yate Chinome interpuso una acción de tutela contra la decisión de la Gobernación de Boyacá de trasladar a Sáchica la sede del Concurso Departamental de Bandas de Música. Sostiene que el cambio desconoce normas de protección patrimonial y vulnera los mecanismos de concertación previstos para una manifestación cultural declarada patrimonio de la Nación.
La controversia por el futuro del Concurso Departamental de Bandas de Música de Boyacá escaló de la discusión pública a los estrados judiciales.
Luego de que la Gobernación de Boyacá confirmara el traslado del certamen desde Paipa hacia el municipio de Sáchica, un gestor cultural decidió acudir a la justicia para intentar revertir la medida. Se trata de Paulo César Yate Chinome, licenciado en Música y magíster en Gestión Cultural, quien presentó una acción de tutela argumentando que la decisión desconoce las normas que regulan la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial.
La acción judicial no fue promovida por dirigentes políticos ni por autoridades elegidas popularmente. Aunque el alcalde de Paipa había expresado públicamente su desacuerdo con la decisión, fue Yate quien asumió la defensa jurídica de un evento que durante cuatro décadas ha estado estrechamente ligado a la identidad cultural del municipio.
“El patrimonio cultural no es un botín político ni una ficha de negociación administrativa. Es una construcción colectiva protegida por la ley y sustentada en el consenso de las comunidades que lo mantienen vivo”, sostiene el gestor cultural en el documento radicado ante la justicia.
El debate no se limita a determinar dónde debe realizarse el concurso. Para Yate, la decisión abre una discusión más profunda sobre la manera en que se administran las manifestaciones culturales protegidas por el Estado colombiano. El argumento central de su tutela es que el Concurso Departamental de Bandas no puede analizarse de manera aislada, pues forma parte del ecosistema cultural del Encuentro Nacional de Bandas Musicales de Paipa, incluido desde hace años en la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación.
Según el demandante, esa condición implica que cualquier modificación sustancial en las dinámicas de la manifestación debe someterse a procesos de concertación previstos en el Plan Especial de Salvaguardia (PES), instrumento que orienta la protección y continuidad del patrimonio.
“El desconocimiento de la norma no exonera a las autoridades de sus responsabilidades constitucionales. Las decisiones sobre el patrimonio cultural deben sustentarse en criterios técnicos y procesos de consenso, no en determinaciones unilaterales derivadas de coyunturas políticas”, manifestó.
Uno de los pilares de la tutela es el origen histórico del certamen. Yate recuerda que el Concurso Departamental de Bandas nació formalmente en Paipa en 1985 como una iniciativa impulsada por Corbandas y concebida como el escenario de clasificación y fortalecimiento de las agrupaciones musicales del departamento antes de llegar al Encuentro Nacional.
Por esa razón, sostiene que no se trata de un evento itinerante sino de una actividad que históricamente ha estado vinculada al municipio y, en particular, al sector del Pantano de Vargas, lugar que se convirtió en referente de la tradición bandística boyacense.
El gestor cultural cuestiona además uno de los argumentos utilizados para justificar el traslado: la descentralización de la actividad cultural.
Según explica, el propio Plan Especial de Salvaguardia ya contempla mecanismos de descentralización mediante las eliminatorias zonales, creadas en 2003 para llevar los procesos clasificatorios a diferentes provincias del departamento y garantizar la participación de municipios de todas las regiones de Boyacá.
“Las zonales son la verdadera herramienta de descentralización. El concurso departamental es la culminación de ese proceso y cumple una función específica dentro de la estructura de la manifestación patrimonial”, argumenta.
La tutela también dirige cuestionamientos tanto a la Secretaría de Cultura y Patrimonio de Boyacá como a Corbandas.
De acuerdo con Yate, la Gobernación tiene la responsabilidad de ejercer la secretaría técnica del Comité de Salvaguardia, órgano encargado de orientar la ejecución del Plan Especial de Salvaguardia y de velar por el cumplimiento de las medidas de protección patrimonial.
El demandante sostiene que dicho comité ha permanecido prácticamente inactivo durante los últimos años y que la decisión sobre el traslado del concurso no habría sido sometida a los escenarios de discusión y concertación previstos en la normativa.
Asimismo, señala que Corbandas, organización histórica vinculada al encuentro musical desde finales de la década de 1970, también tiene responsabilidades dentro del esquema de gobernanza de la manifestación cultural.
A su juicio, cualquier cambio estructural en la organización del certamen debía ser debatido en los espacios institucionales creados para garantizar la participación de la comunidad portadora.
Más allá de las consideraciones jurídicas, la controversia ha reabierto un viejo debate sobre la relación entre patrimonio cultural y decisiones administrativas.
Para sectores de Paipa, el traslado representa una pérdida simbólica para una tradición que durante décadas ayudó a consolidar la identidad cultural del municipio y a proyectarlo como uno de los principales escenarios de la música de bandas en Colombia.
Quienes respaldan la permanencia del concurso en Paipa consideran que el patrimonio cultural no puede estar sujeto a cambios derivados de coyunturas políticas o disputas institucionales.
“Mover la sede principal por acuerdos políticos o decisiones tomadas sin la participación de la comunidad vulnera el debido proceso administrativo y desconoce el arraigo histórico de quienes han construido esta tradición durante generaciones”, sostiene Yate.
Por ahora, la Gobernación de Boyacá mantiene firme la decisión de realizar el Concurso Departamental de Bandas en Sáchica. Sin embargo, la tutela abre un nuevo capítulo en una discusión que trasciende la organización de un evento cultural y toca asuntos relacionados con la protección del patrimonio, la participación ciudadana y el cumplimiento de los mecanismos de concertación establecidos por la ley.
Mientras avanza el proceso judicial, músicos, gestores culturales, directivos de bandas, autoridades locales y ciudadanos seguirán atentos a una controversia que enfrenta dos visiones distintas sobre el futuro de una de las tradiciones musicales más emblemáticas de Boyacá.
