El propio mandatario le informó a los diputados de la Asamblea de Boyacá sobre un nuevo endeudamiento, que comenzaría a tramitarse próximamente. Varios sectores han advertido sobre el alto costo de estos créditos y el peso que representan para el presupuesto departamental. Sin embargo, el Gobierno sostiene que Boyacá todavía cuenta con capacidad de endeudamiento.
El Gobierno de Carlos Amaya se prepara para solicitar un nuevo empréstito para el departamento de Boyacá, esta vez por $170.000 millones, según lo conocido tras una reunión realizada el pasado sábado en la Gobernación, en la que participaron los diez diputados que hacen parte de la coalición de gobierno y el mandatario departamental.
El encuentro tuvo como uno de sus principales temas el nuevo crédito que será presentado ante la Asamblea de Boyacá, corporación que deberá estudiar y eventualmente autorizar el endeudamiento.
La confirmación del monto se produce después de varias semanas de versiones sobre un nuevo empréstito. El propio gobernador Carlos Amaya había reconocido previamente que se estaba analizando la posibilidad de recurrir nuevamente al crédito, pero había señalado que el monto y las condiciones todavía no estaban definidos.
Ahora, de acuerdo con la información conocida, la cifra que llegaría a consideración de la Asamblea sería de $170.000 millones.
El nuevo endeudamiento abriría nuevamente el debate sobre la política financiera del departamento y sobre cuánto le ha costado a Boyacá recurrir al crédito durante las administraciones de Amaya.
Si finalmente la Asamblea autoriza y posteriormente la Gobernación contrata este nuevo crédito, sería el tercer gran empréstito promovido durante los dos periodos de Carlos Amaya como gobernador.
El antecedente más reciente corresponde al crédito autorizado en 2024 por $230.000 millones, mientras que durante su primera administración se autorizó un empréstito por $46.842 millones.
Es importante hacer una distinción: una autorización de endeudamiento no es exactamente lo mismo que una deuda ya desembolsada. El cupo aprobado por la Asamblea establece hasta cuánto puede contratar la administración, pero para conocer cuánto debe realmente el departamento es necesario revisar los contratos suscritos con las entidades financieras, los desembolsos realizados y el saldo de capital pendiente.
Por esa razón, si el nuevo crédito de $170.000 millones llega a ser autorizado y contratado, el monto acumulado de los cupos de crédito autorizados durante los gobiernos de Amaya ascendería a aproximadamente $446.842 millones, sin que esto signifique que esa sea la deuda actual de Boyacá.
Durante su primer periodo como gobernador, entre 2016 y 2019, Carlos Amaya consiguió la autorización de la Asamblea para contratar un empréstito por $46.842 millones.
El crédito tenía diferentes componentes y estaba orientado principalmente a obras de infraestructura, transporte escolar y modernización de la administración departamental.
Entre las destinaciones inicialmente contempladas estuvieron:
Destino / Valor aproximado
Terminal de Transportes de Tunja $13.000 millones
Avenida Circunvalar de Duitama $2.800 millones
Carrera 20 y 20A de Duitama $3.000 millones
Entorno de la vía del Paseo de la Gobernación, Tunja $3.200 millones
Transporte escolar $10.392 millones
Modernización tecnológica de la Gobernación $14.243 millones
Total $46.842 millones
Los recursos fueron planteados para atender obras de infraestructura, mejorar la movilidad, fortalecer el transporte escolar y modernizar tecnológicamente a la Gobernación.
Sin embargo, algunas de las destinaciones originales fueron posteriormente modificadas. Parte de los recursos que inicialmente estaban previstos para modernización tecnológica terminaron orientándose a otros proyectos y obras en el departamento.
Esto constituye un elemento importante a la hora de analizar los empréstitos: no basta con conocer para qué fue autorizado originalmente el dinero; también es necesario establecer en qué terminó gastándose efectivamente.
El segundo gran empréstito llegó durante el actual periodo de gobierno. En 2024, la Asamblea de Boyacá autorizó a la Gobernación un cupo de endeudamiento de hasta $230.000 millones, mediante la Ordenanza 026 de ese año.
La magnitud del crédito generó un amplio debate político debido a que representa un salto considerable frente al empréstito autorizado durante el primer gobierno de Amaya.
Los recursos fueron asociados inicialmente con proyectos de infraestructura vial, compromisos relacionados con el Pacto Bicentenario y la adquisición de maquinaria para atender las vías de las diferentes provincias.
Posteriormente, la destinación de los recursos fue modificada mediante nuevas decisiones de la Asamblea.
La distribución vigente que aparece en la documentación departamental es:
Proyecto / Valor
Mantenimiento de la red vial $85.669 millones
Vadohondo–Labranzagrande $33.063 millones
Transversal de Boyacá $50.653 millones
Mejoramiento de vías urbanas $31.000 millones
Mejoramiento de red vial – Convites Comunales $29.615 millones
Total $230.000 millones
De esta manera, el segundo empréstito de Amaya estuvo concentrado principalmente en infraestructura vial y mantenimiento de la red departamental.
De $46.842 millones a $230.000 millones
La diferencia entre los dos principales créditos autorizados durante los gobiernos de Amaya es significativa.
El empréstito de 2024, por $230.000 millones, equivale a casi cinco veces el crédito autorizado en 2017, de $46.842 millones.
En términos nominales, los dos empréstitos autorizados suman $276.842 millones.
Ahora, con el nuevo crédito anunciado por $170.000 millones, la suma de los tres cupos llegaría a $446.842 millones.
Pero nuevamente hay una precisión fundamental: esa suma no equivale automáticamente a la deuda que actualmente tiene Boyacá.
Para establecer la cifra real sería necesario conocer:
Cuánto de cada crédito fue efectivamente contratado.
Cuánto dinero fue desembolsado.
Cuánto capital se ha amortizado.
Cuánto se debe actualmente.
Cuánto se ha pagado en intereses.
Cuáles son las tasas de interés de cada crédito.
Cuál es el plazo de cada obligación.
Qué recursos del presupuesto departamental están comprometidos para pagar la deuda.
La pregunta que inevitablemente surgirá en la Asamblea es por qué el departamento necesita acudir nuevamente al crédito después de haber autorizado un empréstito de $230.000 millones en 2024.
La administración departamental ha argumentado que Boyacá tiene capacidad de endeudamiento y que el crédito constituye una herramienta para financiar inversiones que no podrían ejecutarse con la misma velocidad únicamente con recursos corrientes.
No obstante, la capacidad legal y financiera para endeudarse no significa necesariamente que hacerlo sea conveniente en cualquier circunstancia.
Cada nuevo crédito implica comprometer recursos futuros del departamento para el pago de capital, intereses y demás costos financieros.
Por ello, el debate no debería limitarse a establecer si Boyacá puede endeudarse, sino también si debe hacerlo, para qué proyectos, a qué costo y con qué beneficio esperado para los ciudadanos.
Uno de los principales cuestionamientos que han surgido alrededor de los empréstitos es precisamente el costo financiero.
Un crédito de $170.000 millones no significa que el departamento vaya a devolver solamente $170.000 millones. Dependiendo de la tasa de interés, el plazo y las condiciones pactadas con las entidades financieras, el costo total puede ser considerablemente superior.
Por eso, antes de aprobar el nuevo empréstito será especialmente relevante conocer las condiciones financieras que se plantearán.
La Asamblea debería tener sobre la mesa, entre otros datos, la tasa de interés estimada, el periodo de gracia, el plazo de amortización, las fuentes con las que se pagará la obligación y el costo financiero total proyectado.
También será importante determinar si el nuevo crédito tendrá destinaciones específicas y cuáles serán los proyectos concretos que recibirán los recursos.
Un antecedente que genera preguntas
En 2024, durante la discusión del empréstito de $230.000 millones, también hubo cuestionamientos políticos sobre el nivel de endeudamiento del departamento.
El entonces diputado Rodrigo Rojas afirmó que la primera administración de Amaya había dejado obligaciones cercanas a $92.000 millones, cifra que no coincide directamente con los $46.842 millones del empréstito autorizado en 2017.
La diferencia demuestra por qué no es suficiente sumar las ordenanzas de empréstito para determinar el verdadero nivel de deuda de Boyacá.
Puede haber otras obligaciones crediticias, operaciones financieras, modificaciones, saldos pendientes o compromisos que deben ser incorporados en un análisis completo.
Por ello, una de las preguntas centrales que debería responder la administración es cuánto debe actualmente Boyacá y cuánto de esa deuda corresponde a créditos contratados durante cada administración.
Si el Gobierno presenta formalmente la solicitud por $170.000 millones, el trámite deberá pasar por la Asamblea de Boyacá.
Los diputados tendrán que estudiar la capacidad de endeudamiento del departamento, la destinación de los recursos y las condiciones financieras de la operación.
La discusión también puede convertirse en un escenario político importante para la administración de Amaya, especialmente porque el gobernador cuenta con una coalición mayoritaria en la corporación.
La pregunta será si los diputados consideran justificado aumentar nuevamente el endeudamiento para financiar los proyectos que proponga el Gobierno.
Con los datos conocidos hasta ahora, el panorama de los empréstitos promovidos durante los gobiernos de Carlos Amaya puede resumirse así:
Año Empréstito / cupo autorizado Situación
2017 $46.842 millones Autorizado durante el primer gobierno
2024 $230.000 millones Autorizado durante el segundo gobierno
2026 $170.000 millones Nuevo crédito anunciado, pendiente de trámite y autorización
Total $446.842 millones Suma nominal de los tres cupos
Si el nuevo empréstito de $170.000 millones es finalmente aprobado y contratado, Amaya habrá promovido durante sus dos periodos de gobierno autorizaciones de crédito por un valor nominal cercano a los $447.000 millones.
Pero esa cifra debe manejarse con responsabilidad periodística: no equivale a decir que Boyacá actualmente deba $446.842 millones.
La cifra realmente relevante para establecer el peso del endeudamiento será el saldo de capital pendiente y el costo total que deberá asumir el departamento.
El nuevo empréstito abre nuevamente una discusión que va mucho más allá de la cifra de $170.000 millones.
Para el Gobierno departamental, el crédito puede ser una herramienta para acelerar inversiones y ejecutar proyectos estratégicos. Para los sectores críticos, en cambio, el aumento de las obligaciones financieras puede reducir el margen de maniobra de futuras administraciones y comprometer recursos de los próximos años.
En ese escenario, la discusión que llegará a la Asamblea de Boyacá será clave.
Los ciudadanos no solamente tendrán derecho a conocer cuánto dinero quiere pedir prestado el Gobierno, sino también para qué se utilizará, cuánto costará devolverlo, durante cuánto tiempo se pagará y qué porcentaje del presupuesto futuro quedará comprometido.
La aprobación de un nuevo empréstito puede ser legal y financieramente posible. Pero la verdadera pregunta que deberá responder la Asamblea es si los beneficios de las inversiones que se financiarán con esos recursos justifican el costo y el nivel de endeudamiento que asumirá el departamento.
Y esa será, finalmente, la discusión de fondo alrededor de los $170.000 millones que el Gobierno de Carlos Amaya se dispone a llevar nuevamente ante los diputados de Boyacá.
