El caso incluye posibles presiones y amenazas al gerente de Ecovivienda para forzar una contratación cuestionada. La investigación apunta a un uso indebido del poder para interferir en la justicia electoral.
La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente al exalcalde de Tunja, Mikhail Krasnov, y a tres exfuncionarios de su administración, por un caso que plantea uno de los señalamientos más delicados: el presunto uso de la contratación pública para incidir en un proceso judicial que amenazaba su permanencia en el poder.
De acuerdo con el ente acusador, Krasnov, junto con la exdirectora de Contratación, Luz Mila Acevedo Galán; la exgestora social, Sara Catalina Pedraza Canaría; y el particular Miguel Ángel Ruiz Suárez, habría participado en un esquema orientado a lograr que el abogado Juan Sebastián Ramírez García retirara la demanda de nulidad electoral interpuesta contra la elección del mandatario en 2023.
La Fiscalía sostiene que la vinculación del abogado no respondió a una necesidad real de la administración, sino a un objetivo específico: que desistiera de la acción judicial.
El primer contrato, por 19.800.000 pesos, no se ejecutó. Sin embargo, posteriormente se firmó un segundo contrato por 54.285.000 pesos a través de la empresa pública Ecovivienda, con el argumento de prestar apoyo jurídico.
Para los investigadores, los trámites contractuales comenzaron después de presentada la demanda y concluyeron con el retiro de la misma, lo que refuerza la hipótesis de que los recursos públicos habrían sido utilizados como un mecanismo para influir en un proceso judicial.
Presiones a funcionario y posible coacción
Uno de los aspectos más graves del caso es la presunta presión ejercida sobre el entonces gerente de Ecovivienda, Eduardo Camargo.
Según la Fiscalía, el exalcalde habría intervenido directamente para forzar la celebración del contrato, pese a las dudas internas sobre su legalidad. Las presiones, de acuerdo con el expediente, habrían escalado a amenazas, con el fin de obligar al funcionario a viabilizar la contratación.
Además, se señala que Camargo habría sido presionado para emitir un documento que lo desligara de responsabilidad, lo que podría interpretarse como un intento de encubrir irregularidades o trasladar las consecuencias jurídicas a niveles inferiores de la administración.
Este componente del caso introduce un elemento particularmente sensible: la posible utilización del poder jerárquico para doblegar a un servidor público y asegurar la ejecución de decisiones cuestionadas.
Por estos hechos, la Fiscalía acusó a los implicados por interés indebido en la celebración de contratos y amenazas a testigos.
El proceso pone en entredicho no solo la legalidad de los contratos, sino la integridad del ejercicio del poder público, al sugerir una posible interferencia en la administración de justicia mediante recursos estatales.
Con la acusación formal, el caso entra en etapa de juicio. Ahora un juez definirá la validez de la acusación; se establecerán las pruebas que serán debatidas, se adelantará el juicio oral, donde se determinará si existió responsabilidad penal. De ser hallados culpables, los procesados podrían enfrentar sanciones que incluyen penas privativas de la libertad y la inhabilidad para ejercer cargos públicos.
Mientras tanto, todos los acusados mantienen la presunción de inocencia.
