A un mes de las elecciones presidenciales en Colombia, ¿usted ya sabe por quién votar? Y si la respuesta es sí, ¿leyó sus propuestas y tiene certeza de que puede cumplirlas?
Hace unos días conté en mis redes sociales que mi decisión, por ahora, es votar en blanco. La reacción no se hizo esperar, hubo quienes pidieron explicaciones, otros intentaron persuadirme y no faltaron los calificativos de siempre —tibia, derechosa, izquierdosa—, según la orilla desde la que se opina. Por eso decidí escribir esta columna, para explicar, con argumentos, por qué llegué a esa conclusión.
Como suelo hacer, revisé uno a uno los programas de gobierno de quienes aspiran a la presidencia, con especial atención al enfoque de género, una prioridad en mi análisis. Encontré que en la mayoría de los casos existen diagnósticos acertados, promesas ambiciosas, pero una debilidad estructural preocupante y es que en política pública, cada propuesta debería responder tres preguntas básicas: ¿quién la ejecuta (capacidad institucional)?, ¿con qué recursos (sostenibilidad fiscal)? y ¿con qué respaldo político (viabilidad legislativa)? En casi todos los programas se responde bien el “qué”, pero se falla en el “cómo”.
Y este no es un detalle menor, especialmente después de un gobierno como el de Gustavo Petro, que intentó impulsar reformas profundas, en las que muchos creímos —incluido el Ministerio de la Igualdad— sin lograr consolidarlas plenamente.
Entre lo viable y lo deseable
Sergio Fajardo, en mi lectura, presenta la hoja de ruta más ordenada. Propone reorganizar el sistema de salud sin desmontarlo, avanzar en una transición energética gradual, fortalecer la seguridad con más inteligencia y policía, y poner la educación como eje del desarrollo. ¿Cómo lo haría? Manteniendo la estructura actual del sistema de salud, corrigiendo sus fallas financieras, aplicando reglas fiscales estrictas y articulando con gobiernos locales.
Su fortaleza es que no necesita grandes reformas legales, no rompe equilibrios institucionales y podría gobernar mediante acuerdos. Sin embargo, en género se queda corto ya que reconoce brechas, pero no plantea transformaciones estructurales en aspectos como la economía del cuidado o el acceso a empleo, por ejemplo.
Paloma Valencia, por su parte, plantea una agenda centrada en seguridad y justicia. Propone aumentar la fuerza pública, endurecer las sanciones y resolver la crisis de salud mediante inyección de recursos, respaldada en la reactivación de sectores energéticos tradicionales. Su plan incluye aumentar el gasto en defensa hasta cerca del 4% del PIB, es decir, destinar una mayor porción de los recursos del país a fortalecer Ejército y Policía, incluso si eso limita otras áreas.
También propone más jueces y el uso de tecnología para agilizar la justicia. En términos de ejecución, buena parte de sus propuestas son viables porque dependen del Ejecutivo, aunque implican altos costos fiscales.
En género, incorpora la creación de juzgados especializados para atender violencia contra las mujeres y medidas de acceso a justicia. Son avances importantes, pero insuficientes en un país sobre-legislado y poco eficiente en esa materia, además que actúan después de la violencia, no antes. No aborda las causas estructurales como la dependencia económica, la sobrecarga de cuidados o la desigualdad laboral.
Abelardo De La Espriella propone un giro radical y es reducir el Estado en un 40%, implementar una política de seguridad extrema y promover una economía de corte libertario. Planea hacerlo mediante una declaratoria de emergencia económica, eliminación de entidades públicas y reasignación del gasto hacia seguridad.
El problema es que su propuesta carece de viabilidad técnica y política. Reducir el Estado en ese nivel requiere reformas constitucionales y un respaldo legislativo muy improbable, además del riesgo de generar parálisis institucional. En género, su enfoque se limita a subsidios para madres cabeza de hogar, lo que refuerza roles tradicionales sin generar autonomía económica. Es asistencialismo, no política pública transformadora.
Iván Cepeda, finalmente, representa una propuesta de cambio estructural. Plantea crear un sistema nacional contra la macrocorrupción, retomar la reforma agraria, fortalecer la participación ciudadana y desarrollar una política social amplia con enfoque de género.
El punto crítico es que muchas de estas ideas ya fueron prometidas e intentadas en el gobierno Petro sin contar con éxito en su ejecución al encontrarse con obstáculos como corrupción, la falta de mayorías en el Congreso, dificultades de ejecución de presupuesto estatal y ausencia de priorización, con múltiples reformas simultáneas que diluyeron resultados.
La pregunta para él es ¿qué haría distinto para que esta vez funcione? ¿Estaría dispuesto, por ejemplo, a gobernar con más técnicos que políticos?. Su programa depende de reformas profundas, alta coordinación institucional y una capacidad de gestión que el Estado colombiano aún no ha demostrado sostener.
Donde todos fallan
El enfoque de género sigue siendo la prueba más exigente, y también el mayor vacío. Justicia, subsidios o inclusión discursiva, no son suficientes —y, siendo claros, no están funcionando—. Hay que apostarle a transformar las condiciones que sostienen la desigualdad, quién cuida, quién trabaja, quién tiene ingresos y quién toma decisiones.
En propuestas, Colombia no tiene escasez. Tiene escasez de capacidad para ejecutarlas.
Y en un contexto donde la conversación se diluye entre emociones, polarización y padrinazgos políticos, resulta cada vez más difícil profundizar en lo esencial. Además, ni hay debates de fondo ni pareciera haber interés real en darlos, todo se reduce a hablar de personajes y no de país.
Con esta columna no busco que usted vote como yo. Busco algo más simple —y más urgente—, que votemos con criterio, conciencia y coherencia.
