Funcionarias habrían denunciado comentarios sexuales, intimidaciones y temor por su estabilidad laboral dentro de la entidad cameral.
La Superintendencia de Sociedades remitió oficialmente a la Junta Directiva y a la Presidencia Ejecutiva de la Cámara de Comercio de Tunja una comunicación relacionada con presuntas situaciones de acoso sexual, intimidación y afectaciones al ambiente laboral denunciadas por funcionarias de la entidad.
El documento, identificado con el radicado 2026-01-395173 y firmado por Sandra Catalina Sandoval Duarte, coordinadora del Grupo de Cámaras de Comercio de la Superintendencia, señala que la entidad recibió una comunicación donde se exponen posibles conductas inapropiadas ocurridas al interior de la Cámara de Comercio de Tunja.
Según el oficio, entre los hechos reportados aparecen “miradas inapropiadas y obscenas, comentarios de tipo sexual, chistes o comentarios de carácter abusivo con pretensiones mal intencionadas”, además de manifestaciones relacionadas con miedo a eventuales represalias laborales.
La Superintendencia indicó que, conforme al artículo 21 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el caso fue trasladado al Ministerio de Trabajo por competencia, pero también remitido directamente a la Junta Directiva y a la Presidencia Ejecutiva de la Cámara de Comercio para que evalúen internamente los hechos y adopten las medidas correspondientes.
El documento solicita además que la Cámara informe cuáles actuaciones ha adelantado frente a las denuncias, especialmente en relación con los comités de convivencia laboral, protocolos de atención y mecanismos internos de prevención frente a este tipo de situaciones.
Aunque el oficio no individualiza responsables ni concluye la existencia de conductas sancionables, sí deja constancia formal de que varias funcionarias pusieron en conocimiento hechos que consideran graves dentro del entorno laboral de la entidad cameral.
El traslado institucional abre ahora una posible revisión administrativa y laboral sobre el manejo interno del caso, así como sobre las garantías de protección a las trabajadoras que presentaron las denuncias.
