La Procuraduría General de la Nación formuló cargos disciplinarios contra los entonces secretario general del Concejo Municipal de Tunja, Juan Pablo Neira Martínez, y tesorera general, Silia Inés Pulido Umaña, por presuntas irregularidades en el recaudo del tributo para contribuir a la financiación de la universalización del servicio de energía eléctrica.
Al parecer, Neira Martínez permitió que no se realizara el descuento del 1 % por concepto de estampilla pro – electrificación rural al pagar los contratos celebrados por la corporación entre el 4 de enero de 2022 y el 23 de diciembre de 2022.
De acuerdo con las pruebas del proceso disciplinario, en el 2022 se habrían celebrado contratos por $1.199.775.332. Sin embargo, no se habría acreditado el pago de la citada contribución que correspondería a $11.997.753.
El pliego de cargos también investiga la conducta de la entonces tesorera quien habría omitido su deber de efectuar el mencionado descuento sobre los contratos celebrados por esa corporación, en la señalada vigencia.
Las conductas fueron calificadas de manera provisional por el ente disciplinario como falta grave cometida a título de culpa gravísima.
