A 21 días de las elecciones atípicas, la Administración Municipal recordó que la publicidad política tiene límites y advirtió que el uso de recursos públicos, las presiones a funcionarios o cualquier intervención indebida en política pueden dar lugar a investigaciones y sanciones.
A 21 días de las elecciones atípicas para la Alcaldía de Tunja, previstas para el 26 de julio de 2026, la Administración Municipal recordó a candidatos, campañas y servidores públicos que la propaganda electoral deberá ajustarse estrictamente a las normas vigentes y advirtió sobre las consecuencias de incumplirlas.
La Alcaldía señaló que la instalación, difusión y circulación de publicidad política está regulada por el Decreto Municipal 145 del 19 de junio de 2026, norma que establece los lugares, medios y condiciones autorizados para el desarrollo de las campañas.
Según la administración, toda actividad proselitista deberá respetar el espacio público, el orden urbano y las disposiciones que rigen el proceso electoral, con el propósito de garantizar igualdad de condiciones entre los candidatos.
Además, la Unidad Especial de Control Interno Disciplinario recordó a los servidores públicos de la Administración Central y de las entidades descentralizadas que su actuación debe regirse por los principios de imparcialidad, transparencia, igualdad, moralidad y legalidad, preservando la neutralidad institucional durante la contienda.
La Alcaldía enfatizó que los funcionarios no pueden utilizar su cargo, autoridad o recursos públicos para favorecer o perjudicar a candidatos, partidos, movimientos políticos o grupos significativos de ciudadanos.
Entre las conductas expresamente prohibidas se encuentran:
Utilizar el cargo o la autoridad para intervenir en actividades políticas.
Presionar a funcionarios, contratistas o ciudadanos para respaldar una candidatura.
Emplear bienes, recursos o canales institucionales con fines proselitistas.
Difundir propaganda electoral a través de medios oficiales.
Destinar tiempo de la jornada laboral o recursos públicos al desarrollo de actividades políticas.
Ofrecer beneficios, programas, ayudas u obras con fines electorales.
En cuanto al uso de redes sociales, la administración precisó que los servidores públicos podrán ejercer sus derechos políticos en el ámbito personal, siempre que ello no comprometa la neutralidad institucional ni implique el uso de información, recursos o elementos asociados a la Administración Municipal.
El comunicado también advierte que el incumplimiento de estas disposiciones podrá dar lugar a investigaciones y sanciones disciplinarias, fiscales, administrativas e incluso penales, de conformidad con la Constitución Política, el Código General Disciplinario y las demás normas aplicables.
Finalmente, la Alcaldía hizo un llamado a candidatos, campañas, servidores públicos y ciudadanía para respetar las reglas del proceso electoral y contribuir al desarrollo de unas elecciones transparentes, imparciales y en pleno respeto de la institucionalidad democrática.
