La senadora Soledad Tamayo volvió a posicionar en la agenda nacional el debate sobre el financiamiento de la educación superior, tras liderar dos debates de control político en el Congreso contra los ministros de Educación y Hacienda, así como contra el presidente del Icetex. Como resultado, el Gobierno Nacional anunció el regreso de los subsidios a los intereses de créditos educativos y la condonación de 1.200 obligaciones correspondientes a jóvenes que abandonaron sus estudios, pero aún mantenían deudas activas.
La congresista del Partido Conservador ha insistido en que el modelo actual requiere una transformación de fondo. “El crédito educativo no puede convertirse en una cadena que limite la libertad económica y el proyecto de vida de nuestros jóvenes”, afirmó durante una de las sesiones de control político.
Tras los debates, el Ejecutivo confirmó la destinación de 200.000 millones de pesos —100.000 millones aportados por el Ministerio de Educación y 100.000 millones por el Ministerio de Hacienda— para restablecer los subsidios a los intereses de estudiantes con créditos vigentes. Además, se formalizó la condonación de 1.200 créditos, como parte de un paquete de alivios financieros.
La eliminación previa de los subsidios había impactado a más de 303.000 jóvenes en todo el país, el 91 % de ellos pertenecientes a estratos 1, 2 y 3. Según lo expuesto en el Congreso, la medida provocó un aumento progresivo en el valor de las obligaciones, afectando la estabilidad económica de miles de familias y generando preocupación sobre la permanencia de estudiantes en la educación superior.
Cifras oficiales indican que el Icetex cuenta actualmente con más de 387.000 usuarios con cartera activa que supera los 6,7 billones de pesos, además de una cartera castigada por cientos de miles de millones. Para la senadora Tamayo, estos datos reflejan la necesidad de revisar estructuralmente el sistema. “Las condonaciones parciales o los acuerdos de pago son un alivio necesario, pero no suficiente. Colombia debe renovar su visión sobre cómo financiar la educación si quiere garantizar equidad real”, sostuvo.
Los debates contaron con el respaldo de más de 15 parlamentarios, quienes coincidieron en señalar vacíos en la implementación de alivios a la deuda estudiantil y en la falta de claridad sobre el impacto de algunas decisiones gubernamentales en el acceso a la educación superior para estudiantes de menores ingresos.
Tamayo planteó que la discusión debe trascender las medidas coyunturales. “Renovar la educación en Colombia implica dejar de verla como un negocio financiero y asumirla como una inversión social estratégica. No podemos permitir que nuestros jóvenes inicien su vida profesional pagando intereses antes de recibir su primer salario”, enfatizó.
Si bien el retorno de los subsidios representa un alivio inmediato para miles de estudiantes y sus familias, la senadora reiteró que el país debe abrir un debate amplio sobre el futuro del Icetex y el modelo de crédito educativo. El objetivo, señaló, es garantizar que la educación superior vuelva a consolidarse como una herramienta efectiva de movilidad social y no como una carga financiera que prolongue las brechas de desigualdad.
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