Veedora de Villa de Leyva denuncia hostigamientos y responsabiliza a abogado por cualquier atentado contra su integridad

Diana Montejo Hernández, integrante de la Veeduría Ciudadana para la Gestión Pública y el Control Social de Villa de Leyva, puso en conocimiento de la Red de Veedurías Ciudadanas de Colombia y de la Fiscalía el temor que dice sentir por presuntos hostigamientos del abogado José Alejandro Herrera Carvajal. La denuncia surge en medio de las controversias y actuaciones judiciales relacionadas con una construcción en la vereda Sabana y después de las amenazas que han rodeado al alcalde Víctor Gamboa y, recientemente, al alcalde encargado Nicolás Méndez.

La situación alrededor de las controversias por una construcción en la vereda Sabana de Villa de Leyva suma ahora un nuevo y delicado capítulo.

Diana Montejo Hernández, veedora ciudadana e integrante de la Veeduría Ciudadana para la Gestión Pública y el Control Social de Villa de Leyva, aseguró en una comunicación enviada a la Red de Veedurías Ciudadanas de Colombia que teme por su seguridad debido a lo que califica como hostigamientos en su contra.

En la carta, fechada el 27 de agosto de 2026 y dirigida a Pablo Antonio Bustos Sánchez, presidente de la Red de Veedurías Ciudadanas de Colombia, Montejo identifica como presunto responsable de esos hostigamientos al abogado José Alejandro Herrera Carvajal, a quien señala como representante legal de la sociedad Inversiones San Jacinto de Nelvic S.A.S. en liquidación.

Según expone la veedora, la situación estaría relacionada con las actuaciones ciudadanas y las denuncias que se han presentado alrededor de un proyecto de construcción desarrollado en un predio de propiedad de María Victoria Solarte, ubicado en la vereda Sabana de Villa de Leyva.

“Siento temor por el hostigamiento que sobre mi persona ha venido ejerciendo el abogado José Alejandro Herrera Carvajal”, afirma Montejo en la comunicación.

Mediante acciones legales se busca que las autoridades competentes revisen las posibles afectaciones ambientales y urbanísticas relacionadas con el proyecto de la megamansión adelantada por la sociedad Inversiones San Jacinto de Nelvic S.A.S. y adopten, en caso de que haya lugar a ello, las medidas necesarias para proteger el territorio y los intereses colectivos del municipio.

La veedora sostiene que las obras objeto de controversia presuntamente habrían vulnerado normas urbanísticas y ambientales. En su carta afirma que existen denuncias y actuaciones relacionadas con posibles afectaciones a los recursos naturales y señala que sobre el caso cursaría una investigación penal por presuntos delitos relacionados con deforestación, daños a los recursos naturales, ecocidio, contaminación ambiental e invasión de áreas de especial importancia ecológica.

Estos señalamientos y la existencia o alcance de las investigaciones deberán ser establecidos por las autoridades competentes. Hasta el momento, las denuncias expuestas por la veedora no constituyen por sí mismas una declaración de responsabilidad de las personas mencionadas.

Montejo relacionó su temor con el ambiente de preocupación que se ha vivido en Villa de Leyva después de las amenazas conocidas contra el alcalde Víctor Gamboa y, posteriormente, contra el alcalde encargado Nicolás Méndez.

“A través de los medios de comunicación tuve conocimiento de las amenazas que había recibido el alcalde Víctor Gamboa, las cuales se hicieron efectivas, también de las amenazas recibidas por el alcalde encargado Nicolás Méndez hace pocos días y ahora me veo en esta situación únicamente por ejercer mis derechos como ciudadana y como veedora”, escribió.

La veedora aseguró que ya puso su situación en conocimiento de la Fiscalía mediante una denuncia y solicitó a la Red de Veedurías Ciudadanas y a la comunidad hacer pública su situación.

En uno de los apartes más delicados de su comunicación, Montejo manifestó que hace responsable al abogado José Alejandro Herrera Carvajal “de cualquier acción que atente contra mi integridad”.

Se trata, sin embargo, de un señalamiento hecho directamente por la veedora, cuya eventual responsabilidad penal o de cualquier otra naturaleza solo podría ser determinada por las autoridades competentes en el marco de las investigaciones correspondientes.

La denuncia de Montejo se conoce mientras la Veeduría Ciudadana para la Gestión Pública y el Control Social de Villa de Leyva impulsa una acción popular relacionada con el mismo proyecto desarrollado en el predio ubicado en la vereda Sabana.
Según explicó la organización, la iniciativa busca proteger derechos e intereses colectivos relacionados con el patrimonio, el medio ambiente, los recursos naturales y el adecuado ordenamiento territorial.

La acción pretende que las autoridades competentes revisen las posibles afectaciones ambientales y urbanísticas relacionadas con el proyecto y adopten, en caso de que haya lugar a ello, las medidas necesarias para proteger el territorio y los intereses colectivos del municipio.

“Villa de Leyva es nuestro hogar y hoy necesitamos unirnos para defenderlo”, señala el llamado ciudadano con el que la veeduría busca recoger apoyos para la iniciativa.

Montejo y la organización invitaron a los habitantes del municipio a respaldar la acción, al considerar que la participación ciudadana es fundamental para que las autoridades conozcan las preocupaciones existentes y adopten las decisiones que correspondan.

El nuevo episodio ocurre, así, en medio de un ambiente especialmente sensible en Villa de Leyva, donde las controversias alrededor del proyecto de la vereda Sabana han trascendido el debate urbanístico y ambiental y han dado lugar a denuncias, actuaciones ante distintas autoridades y, ahora, a una solicitud pública de protección por parte de una de las veedoras que participa activamente en el caso.

EL DIARIO buscó conocer la posición del abogado José Alejandro Herrera Carvajal frente a los señalamientos formulados por Diana Montejo Hernández. Su respuesta, en caso de ser recibida, será incorporada a esta información.

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