La UPTC viene destacándose por su política de inclusión, que no está dirigida exclusivamente para personas en condición de discapacidad, sino que incluye a población víctima, grupos étnicos y otros grupos poblacionales que nunca antes han tenido acceso a educación superior como puede ser la población de los municipios de frontera.
Sin hacer mucho ruido la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC) viene anotándose uno de los mayores éxitos de los últimos años: su política de inclusión.
Política que no se ha limitado ni orientado exclusivamente a las personas con algún tipo de discapacidad física, sino que, desde sus creadores, ha abordado todas las implicaciones de la palabra inclusión, entendiendo que para dar una dimensión real a dicho término ha sido necesario contemplar y considerar a otros grupos poblacionales que nunca han tenido fácil acceso a la educación superior: grupos étnicos, víctimas, habitantes de municipios fronterizos, entre otros.
Y si bien la política funciona sobre unos fundamentos básicos, entendiendo que
una mayoría de los beneficiarios van a necesitar de estos, la construcción de
esta política no ha sido para nada sencilla.
“Hay un instrumento que son los lineamientos en educación superior inclusiva, pero paralelo a estos lineamientos la universidad (UPTC) hace un análisis en el que se pregunta por los parámetros para empezar diseñar una política propia. Es así como en el 2015 se emite el acuerdo 029, en el que se define qué población será beneficiada, cuáles son los tres ejes fundamentales entendidos como ingreso, permanencia y graduación”, comenta Julián Castro, uno de los impulsores de la política de inclusión en la UPTC
Lo verdaderamente esencial para su construcción ha sido el diálogo con cada uno de los estudiantes beneficiarios, entendiendo incluso que muchas veces dos o más estudiantes pueden sufrir la misma patología, pero no por ello las mismas necesidades.
“Hemos ido generando espacios en los cuales se conversa y se evalúa la infraestructura que se ha ido generando y cómo adaptaríamos la ya existente. De acuerdo a la población que va ingresando, la universidad va diseñando esto se conoce como Plan Individual de Ajustes Razonables (PIAR)”, señala Castro.
Para garantizar el ingreso, la permanencia y la graduación de los estudiantes, la UPTC, mediante la implementación de los PIAR, ha logrado la construcción de una política hecha a medida, que para población invidentes o con visión reducida ha dispuesto de la infraestructura necesaria para facilitar su movilidad, también de instructores para el correcto uso del bastón. Para las personas con discapacidad auditiva se ha dispuesto de intérpretes. Pero como se ha dicho con anterioridad, cada estudiante al momento de su ingreso y durante su formación académica va abordando la temática con directivas, docentes y comunidad en general para dejar en claro qué le es necesario para facilitar su proceso educativo, encontrando casos en que estudiantes rechazan el apoyo de un intérprete pues consideran que no lo necesitan.
Esto último ha sido quizás uno de los aspectos más complejos, uno de los puntos a tratar, y hasta el momento uno de los resultados más motivantes, el hecho de involucrar al total de la comunidad universitaria para la construcción y desarrollo de esta política. Hoy es grato ver a docentes que pueden preparar una misma clase para un grupo que cuenta con un invidente como para un grupo que no lo tiene.
Y, si hacer que cada miembro de la comunidad académica asuma esta política como un compromiso propio ha sido una difícil labor difícil, más complejo ha sido financiarla, pues como están dadas las cosas hoy se calcula que el Gobierno Nacional destina en promedio de 450 mil pesos por estudiante al año.
“El estar acá también nos llevan a entender que hay unos parámetros de calidad, y que independientemente de nuestra condición tenemos que estar a ese nivel. La universidad hace los mayores esfuerzos, pero debe entenderse que esto es un proceso que requiere de mayores recursos, también un mayor compromiso gubernamental, y para el caso de Boyacá el compromiso se hace mayor porque así como podemos tener un estudiante con discapacidad auditiva en Paya y otro con discapacidad visual en Muzo, debemos llegarle a todos por igual, en las mismas condiciones (…) no se puede hacer lo mismo con esos 450 mil pesos con un estudiante en Bogotá, que con un estudiante en Labranzagrande”, agregó Castro.
Hoy la política de inclusión de la UPT ha garantizado el acceso para 327 personas en total, 57 de ellas con alguna limitación física. Para el próximo semestre se pretende garantizar el acceso de una persona por programa académico, lo que significaría el ingreso de 77 nuevos estudiantes gracias a esta política.
