REPORTAJE ESPECIAL | EL DIARIO
Mes del Patrimonio y Mes del Turismo
Tunja celebra el patrimonio mientras su Centro Histórico se deteriora
Dos cubiertas colapsadas, cifras sobre inmuebles en riesgo, acciones populares y un plan de emergencia que aún se estudia. La conservación del patrimonio arquitectónico de Tunja enfrenta dificultades que van más allá de las normas: la capacidad de actuar antes de que las edificaciones se pierdan.
Tunja llega al Mes del Patrimonio y del Turismo en medio de una contradicción difícil de ignorar. Mientras la ciudad exalta su historia, arquitectura y potencial turístico, en su Centro Histórico se acumulan señales de deterioro que ponen en riesgo parte de ese legado. Dos colapsos recientes de cubiertas, reportes de inmuebles que requieren atención y las dificultades para adelantar intervenciones evidencian un problema que va más allá del estado físico de algunas edificaciones: ¿quién está respondiendo por la conservación del patrimonio de la ciudad?
La discusión involucra a propietarios, autoridades municipales y al Ministerio de Cultura. Los primeros advierten sobre las restricciones y los trámites que deben cumplir para intervenir sus viviendas; desde la Administración Municipal se recuerda que la conservación de los bienes privados es, en principio, responsabilidad de sus propietarios. A su vez, las intervenciones en inmuebles protegidos están sujetas a las disposiciones del Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP) y a las autorizaciones de las autoridades competentes.

En medio de esas responsabilidades, el deterioro avanza y la pregunta que comienza a tomar fuerza es si los mecanismos actuales están siendo suficientes para evitar que las edificaciones terminen colapsando.

Dos colapsos y una alerta sobre el estado del Centro Histórico
El 3 de noviembre de 2026, el alcalde de Tunja, Rafael Acevedo Pedroza, anunció que la Administración Municipal estudia la posibilidad de declarar un plan de emergencia para atender la situación de los inmuebles del Centro Histórico.
«pues ya son dos los que han presentado esta situación y así como vamos, van a ser tres»
«Estamos evaluando la posibilidad de declarar un plan de emergencia para los inmuebles del Centro Histórico, pues ya son dos los que han presentado esta situación y así como vamos, van a ser tres. Por eso, estamos haciendo un llamado al Ministerio de Cultura para que nos brinde herramientas para poder trabajar», manifestó el mandatario.
Uno de los casos reportados ocurrió en la calle 21 con carrera 8. A partir de estos hechos, la Secretaría de Cultura, a través de la Unidad de Patrimonio, informó sobre un diagnóstico de inmuebles del Centro Histórico. La cifra comunicada fue de 94 bienes, algunos de los cuales requieren atención inmediata, mientras otros necesitan mantenimiento y cuidados locativos.
La secretaria de Cultura, Laura María del Pilar Martínez Álvarez, explicó que algunos de los inmuebles identificados presentan mayores condiciones de riesgo y señaló las restricciones que existen para intervenirlos.

«las casas que tienen más riesgo están categorizadas en nivel 3»
«Justamente las casas que tienen más riesgo están categorizadas en nivel 3, razón por la cual no podemos intervenir sin una autorización expresa del Ministerio de Cultura. En este momento tenemos planificada la intervención de casas de tipo 1 y 2 que no requieren ese trámite directo con el Ministerio».
Sin embargo, la dimensión del problema no se limita a los dos colapsos. De acuerdo con el informe de los primeros 100 días de gobierno, presentado el 5 de noviembre de 2026, la Administración reportó 34 acciones populares relacionadas con riesgos en edificaciones de relevancia cultural que se encuentran sin gestión.
Dos días después, el 9 de noviembre, durante el encuentro El Milagro de las Regiones, el alcalde volvió a poner sobre la mesa la necesidad de actualizar el Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico. La actualización integral de este instrumento, según lo expuesto por la Administración, tendría un costo estimado de 4.000 millones de pesos y hace parte de las prioridades estratégicas de la ciudad.
Para el exalcalde y arquitecto Arturo Montejo, los colapsos son señales de un problema que lleva años sin recibir la atención necesaria. El arquitecto recuerda que algunas edificaciones fueron abandonadas y que, en determinados casos, se retiraron elementos de las cubiertas o se desmontaron partes de las construcciones, hasta dejar únicamente las fachadas.
«Yo diría que acabamos con casi un 70 % de lo que se pudo haber mantenido desde aquella época»
«Yo diría que acabamos con casi un 70 % de lo que se pudo haber mantenido desde aquella época», afirma. Se trata de una estimación suya sobre la pérdida de construcciones que, a su juicio, pudieron conservarse.
El exalcalde sitúa parte del origen del deterioro en las demoliciones que se realizaron durante décadas en el Centro Histórico. Entre los ejemplos que menciona están las antiguas casas del costado sur de la Plaza de Bolívar, reemplazadas por edificaciones institucionales y comerciales, así como un claustro cercano al actual Hotel Hunza y otras construcciones tradicionales que desaparecieron con las transformaciones urbanas.
A ese proceso suma el abandono de viviendas después de la migración de familias tunjanas hacia Bogotá, especialmente durante las décadas de 1960 y 1970. Según su interpretación, el cambio de propietarios y la pérdida de arraigo con la ciudad también incidieron en el deterioro de algunas casas.

Su relato plantea que la pérdida del patrimonio no puede explicarse únicamente por la antigüedad de las edificaciones: también debe analizarse a partir de las decisiones urbanísticas, las dinámicas sociales y las condiciones económicas que han dificultado su conservación.
¿De quién es la responsabilidad?
El Centro Histórico de Tunja no está sometido únicamente a las disposiciones generales de ordenamiento urbano. Su protección tiene un marco normativo particular. La Ley 163 de 1959 declaró monumentos nacionales los sectores antiguos de ciudades como Tunja, Cartagena, Mompox, Popayán, Guaduas, Pasto y Santa Marta. Actualmente, esta protección se enmarca en la categoría de Bien de Interés Cultural del ámbito nacional (BICN).
Para su manejo existe el Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP), aprobado mediante la Resolución 0428 del 27 de marzo de 2012 y posteriormente modificado y adicionado por otras resoluciones del Ministerio de Cultura. Este instrumento fue incorporado al Plan de Ordenamiento Territorial de Tunja mediante el Acuerdo 0016 de 2014.
las intervenciones en el Centro Histórico deben ajustarse a unas condiciones especiales de conservación
En términos prácticos, esto significa que las intervenciones en el Centro Histórico deben ajustarse a unas condiciones especiales de conservación. No todas las edificaciones pueden modificarse de la misma manera y los propietarios deben cumplir procedimientos y autorizaciones según las características y el nivel de intervención permitido para cada inmueble.
En entrevista con EL DIARIO, Natalia Ortegón, coordinadora de la Unidad de Patrimonio, expuso la posición de la Administración Municipal frente a esta situación. Entre los argumentos planteados señaló que no existe una emergencia generalizada, que los 94 inmuebles mencionados corresponden al proyecto de intervención de la Décima, que la responsabilidad directa de conservación recae en los propietarios y que el municipio no puede destinar recursos públicos a intervenir bienes privados. También recordó que el incumplimiento de las obligaciones de conservación puede acarrear sanciones económicas.

La responsabilidad de los propietarios tiene sustento normativo. La Ley 1185 de 2008, que modificó la Ley General de Cultura, establece deberes relacionados con la conservación, el mantenimiento y la protección de los bienes de interés cultural. Sin embargo, la discusión no termina allí. ¿Hasta dónde llega la responsabilidad del propietario y cuáles son las obligaciones de las autoridades cuando una edificación representa un riesgo para la comunidad o amenaza con perderse?
El ingeniero civil Samuel Arturo Ramírez, especialista en conservación y restauración del patrimonio, magíster en patología e integrante del Consejo Departamental de Patrimonio Cultural de Boyacá, plantea que el municipio también tiene competencias y responsabilidades en esta materia.
«Ahí tiene cierta competencia y responsabilidad el municipio», sostuvo.
Ramírez advirtió que, aunque Tunja cuenta con instrumentos de planificación y protección patrimonial, los procedimientos para formular y aprobar proyectos de intervención pueden resultar dispendiosos, tanto en el ámbito local como en el nacional.
«En la formulación de los proyectos también se vuelve muy dispendioso y le pone muchas trabas tanto en la parte local como en la parte nacional»
«Tunja tiene POT, plan básico, PEMP, toda la legislación que nos protege. ¿Qué es lo que está pasando? En la formulación de los proyectos también se vuelve muy dispendioso y le pone muchas trabas tanto en la parte local como en la parte nacional y cuando salen esas resoluciones ya es tarde. Un fuerte invierno hace que se caiga, se derrita nuestro patrimonio en tierra», explicó.
Arturo Montejo coincide en que la falta de mantenimiento oportuno es determinante. Compara el envejecimiento de las edificaciones con el de las personas y explica que, con el paso del tiempo, los materiales presentan lo que en arquitectura y construcción se conoce como fatiga. Por eso considera necesario realizar estudios de patología estructural que permitan establecer qué requiere cada inmueble y cuáles pueden recuperarse.
Las normas existen, pero ¿se están aplicando a tiempo?
El marco jurídico colombiano contempla obligaciones para los propietarios y competencias para las autoridades encargadas de proteger el patrimonio. La discusión, por tanto, no debería reducirse a determinar quién tiene la culpa después de un colapso, sino a establecer qué mecanismos de prevención se están aplicando y si están funcionando.
En este escenario, el municipio tiene responsabilidades de control y seguimiento, mientras que las autoridades nacionales ejercen competencias en materia de protección e intervención de los bienes de interés cultural. Los propietarios, por su parte, deben cumplir con los deberes de conservación que establece la legislación.
El ingeniero Samuel Ramírez insiste en que los instrumentos de protección deben traducirse en acciones oportunas. Un inmueble que presenta deterioro necesita seguimiento técnico y medidas de conservación antes de que las condiciones climáticas o la falta de mantenimiento provoquen daños mayores.
Buena parte de las construcciones tradicionales de Tunja utiliza técnicas y materiales como la tapia pisada y el adobe. En este tipo de arquitectura, la protección de las cubiertas resulta fundamental, pues la exposición prolongada al agua y a la humedad puede comprometer los muros y acelerar el deterioro de las estructuras.

De esta manera, la conservación no puede limitarse a una discusión sobre fachadas, permisos o restricciones urbanísticas. También implica identificar oportunamente los daños, evaluar las condiciones estructurales y establecer medidas que eviten que los inmuebles lleguen a situaciones irreversibles.
La situación también obliga a revisar las herramientas jurídicas disponibles. La Ley 1185 de 2008 contempla incentivos relacionados con gastos de mantenimiento y conservación de bienes de interés cultural. Por otra parte, la Ley 388 de 1997 establece mecanismos de compensación urbanística que pueden incorporarse a los instrumentos de ordenamiento territorial.
En este punto surge otra discusión. Las condiciones especiales de conservación pueden representar obligaciones económicas importantes para los propietarios. Por eso, además de exigirles el cumplimiento de sus deberes, resulta pertinente analizar qué incentivos, beneficios y mecanismos de acompañamiento existen para facilitar la protección de los inmuebles.
La experiencia de Montejo como alcalde, entre 2008 y 2011, le permite plantear otra discusión: qué decisiones se tomaron para proteger el Centro Histórico y qué oportunidades, según su criterio, no se aprovecharon. El exmandatario recuerda que durante su administración gestionó ante el Gobierno nacional la recuperación de dos inmuebles que presentaban condiciones de deterioro. El antiguo convento de Santa Clara la Real y las instalaciones de la Policía Nacional, ubicadas en el sector de la calle 20 con carrera 11, junto a la iglesia de Santo Domingo.
Según su relato, después de gestionar el acercamiento con el Ministerio de Cultura y mostrar parte del patrimonio arquitectónico y artístico de Tunja a representantes del Gobierno nacional, se contrataron las intervenciones. Las obras, afirma, se extendieron durante aproximadamente seis o siete años.Montejo también relaciona ese proceso con la formulación del PEMP. Explica que en 2010 se abrió un concurso público nacional para elaborar el instrumento y que la propuesta ganadora fue la de la Universidad Nacional, a través de su Facultad de Arquitectura y Artes.

Sin embargo, cuestiona el rumbo que tomó posteriormente el plan. Según cuenta, la propuesta inicial contemplaba hacer un censo de las casas que debían conservarse y destinar recursos para que el Gobierno pudiera adquirirlas, restaurarlas y entregarlas a entidades o actividades comerciales organizadas.Como ejemplo menciona una casa ubicada cerca del templo de San Agustín, en el Parque Pinzón. A su juicio, mediante ese modelo el Gobierno habría podido comprar el inmueble, recuperarlo y darle un uso que contribuyera a dinamizar el sector.
Montejo considera que la administración que lo sucedió no aprovechó esa oportunidad y que el PEMP terminó imponiendo condiciones que, desde su perspectiva, afectaron a los propietarios.
«A nadie ayudan, a todo mundo le exigen, no hay una política pública»
«A nadie ayudan, a todo mundo le exigen, no hay una política pública, digamos, de tratamiento tributario que claramente les diga: hombre, venga, por lo menos como ocurre en La Candelaria en Bogotá», afirma.
Su planteamiento apunta a que las obligaciones de conservación deben estar acompañadas de herramientas económicas. Menciona beneficios tributarios, alivios en el impuesto predial y condiciones que faciliten el mantenimiento de los inmuebles. También advierte que muchos propietarios no cuentan con los recursos para recuperar sus casas ni encuentran compradores interesados en adquirirlas debido a las restricciones y los costos de intervención.
La legislación contempla algunos mecanismos de incentivo para la conservación de bienes de interés cultural, así como instrumentos de compensación urbanística. No obstante, el debate está en establecer qué beneficios están disponibles para los propietarios del Centro Histórico de Tunja, quién puede acceder a ellos y si resultan suficientes frente a los costos que implica conservar una edificación patrimonial.
Para el exalcalde, la solución tampoco consiste únicamente en solicitar recursos al Gobierno nacional. Considera que la ciudad debe presentar un proyecto estructurado, con objetivos, presupuesto y fuentes de financiación, que permita gestionar el apoyo de otras entidades.
«Uno cuando va al Gobierno nacional no debe ir a pedir, debe ir a proponer», sostiene.
Su propuesta contempla recuperar el Centro Histórico como un espacio comercial y turístico, mejorar el espacio público y establecer una política que permita organizar las actividades económicas y las ventas informales. Para Montejo, la arquitectura, las iglesias, las pinturas murales y las construcciones tradicionales son el verdadero atractivo que Tunja debe mostrar a sus visitantes.
¿Qué alternativas tienen los propietarios?
En 2026, la Administración Municipal puso en marcha la jornada especial Tunja Histórica: Patrimonio Vivo, reglamentada mediante el Decreto 0114 de 2026, con el propósito de impulsar la conservación y el embellecimiento del Centro Histórico y su área de influencia.
La estrategia contempla un procedimiento simplificado para determinadas obras menores, entre ellas trabajos de pintura de fachadas, reparación de cubiertas y mantenimiento de puertas, ventanas y balcones. También contempla acompañamiento gratuito de arquitectos restauradores.
Este mecanismo puede representar una alternativa para propietarios que necesitan realizar labores de mantenimiento y que, por desconocimiento o por las dificultades de los procedimientos, no han adelantado las intervenciones necesarias. No obstante, es importante establecer hasta dónde llega este procedimiento, cuáles son sus requisitos, qué inmuebles pueden acogerse y qué ocurre cuando una edificación requiere una intervención de mayor complejidad.

La Administración también ha señalado que, cuando un inmueble abandonado representa un riesgo, pueden activarse mecanismos de intervención para evitar daños mayores, con las correspondientes responsabilidades económicas para el propietario. Estas actuaciones deben analizarse según las condiciones particulares de cada caso y las competencias legales de las autoridades.
Montejo cuestiona que la estrategia sea suficiente frente a la dimensión del problema. En la entrevista considera que los talleres y el acompañamiento para obras menores no responden a la necesidad de recuperar las edificaciones que presentan daños estructurales o amenazan con colapsar.
«Si no hay plata, si no hay recursos, olvidémonos que se van a recuperar estos predios»
«Aquí toca pensar en recuperar lo macro y el detalle. Si no, no vamos a hacer nada», afirma. Para él, el principal obstáculo sigue siendo económico: «Si no hay plata, si no hay recursos, olvidémonos que se van a recuperar estos predios».
En el último fragmento de la entrevista, el exalcalde plantea una medida de atención inmediata, identificar los inmuebles que representan un riesgo, requerir a sus propietarios y establecer mecanismos de protección mientras se define una solución definitiva.También propone estudiar la posibilidad de que el municipio presente ante el Concejo un proyecto de acuerdo para declarar determinados predios como bienes de interés público y patrimonial. Según su planteamiento, esto permitiría analizar alternativas como su adquisición o la adopción de medidas temporales de protección, entre ellas la instalación de sobrecubiertas para evitar que el agua siga afectando las estructuras.
Esta propuesta requiere un análisis jurídico y técnico que establezca su viabilidad, los procedimientos aplicables, las competencias de cada autoridad y las garantías de los propietarios. No se trata de una facultad que pueda darse por habilitada únicamente a partir de la declaración de un inmueble.
Un patrimonio que necesita pasar del discurso a la conservación
La discusión sobre el estado del Centro Histórico de Tunja no puede quedarse en el señalamiento de responsabilidades. Los dos colapsos recientes, las cifras presentadas por la Administración y las dificultades expuestas por especialistas obligan a preguntarse qué está haciendo la ciudad para evitar que nuevas edificaciones lleguen a ese punto.
Tunja tiene en su arquitectura, sus calles y sus construcciones tradicionales una parte fundamental de su identidad. También tiene allí uno de sus principales atractivos turísticos. Sin embargo, promover el patrimonio implica algo más que mostrarlo, recorrerlo o celebrar su historia: exige garantizar las condiciones para que permanezca en pie.
Mientras se estudia un plan de emergencia y se discute la actualización del PEMP, quedan preguntas pendientes sobre la capacidad institucional para actuar a tiempo, los recursos disponibles, los mecanismos de acompañamiento a los propietarios y el seguimiento técnico a las edificaciones que presentan mayores riesgos.
La conservación del patrimonio no puede comenzar cuando una cubierta ya se desplomó o cuando una vivienda dejó de ser recuperable. El desafío para Tunja es pasar de las disposiciones normativas y las declaraciones de protección a una política de prevención que permita conservar, de manera efectiva, aquello que la ciudad hoy celebra como parte de su historia.











