Boyacá tendrá un presupuesto de $2,22 billones en el último año del gobierno Amaya

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Buena parte de los recursos para 2027 deberá garantizar educación, salud y otros servicios con destinación específica. Cerca de $277.000 millones serán para funcionamiento y $80.000 millones para atender la deuda. Las cuentas aprobadas por la Asamblea no incluyen regalías.

Boyacá tendrá un presupuesto de $2.227.934 millones para 2027, el último año del gobierno de Carlos Amaya. Con esos recursos, el departamento deberá mantener servicios como educación y salud, sostener su administración, pagar deuda y financiar los proyectos pendientes antes de terminar el mandato.

La Asamblea aprobó esta semana las cuentas departamentales. Aunque cerca de $1,8 billones están clasificados como inversión, buena parte de ese dinero tiene un destino obligatorio y no podrá utilizarse libremente para nuevas obras o programas.

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El diputado Delmar Leonardo Roa, presidente de la Comisión de Hacienda, explicó que el presupuesto incorpora las transferencias que recibe Boyacá del Sistema General de Participaciones, con las que se financian servicios como educación y salud. Aclaró que los recursos de regalías no están incluidos en estas cuentas.

Esto significa que el presupuesto aprobado no reúne toda la inversión que podría ejecutarse en Boyacá durante el próximo año. Los proyectos financiados con regalías se manejan por separado.

Según informó el secretario de Hacienda, Juan Carlos Alfonso, los gastos de funcionamiento de la administración central rondarán los $277.000 millones y el servicio de la deuda requerirá aproximadamente $80.000 millones. Los establecimientos públicos Itboy, Ideboy, Indeportes y la Casa del Menor tendrán, en conjunto, cerca de $57.400 millones.

El mayor componente corresponde a inversión. La matriz publicada del proyecto del Plan Operativo Anual de Inversiones contempla $1.812.669 millones, con los que, según la Gobernación, se financiarán 145 proyectos.

En las cuentas públicas, inversión también comprende recursos para prestar servicios que los ciudadanos necesitan todos los años. Por eso, esa suma incluye el sostenimiento de la educación y la atención en salud, además de obras y programas en otros sectores.

La matriz registra $1.338.203 millones del Sistema General de Participaciones para educación, $67.114 millones para salud y $19.469 millones para agua potable y saneamiento básico. Estas transferencias representan cerca del 78,6 % de la inversión prevista, pero no corresponden al presupuesto completo de cada sector, que puede recibir dinero de otras fuentes.

También aparecen $294.825 millones de ingresos con destinación específica y $93.059 millones de libre destinación. Estos últimos equivalen aproximadamente al 5,1 % de la inversión incluida en el documento.

La distribución permite entender por qué el monto total no puede presentarse como dinero disponible para que el gobernador decida en qué gastarlo. La administración tiene margen para definir proyectos y prioridades, pero debe respetar las obligaciones y los usos permitidos para cada fuente de financiación.

Roa destacó que el presupuesto mantiene recursos para el aseguramiento en salud de la población del régimen subsidiado, seguridad, atención a víctimas del conflicto, jóvenes, diálogo social y turismo.

Según el diputado, también se asignaron recursos a las dependencias que necesitan avanzar en las metas pendientes del Plan de Desarrollo. Aseguró que el cumplimiento del plan se acerca al 90 %, un balance que deberá detallarse por sectores y resultados.

El funcionamiento, por su parte, comprende los gastos necesarios para sostener la administración central. El detalle de los cerca de $277.000 millones anunciados permitirá conocer cuánto se destinará a personal, adquisición de bienes y servicios y otros conceptos.

Sobre la deuda, Roa afirmó que están previstos los recursos y los flujos de dinero necesarios para cumplir las obligaciones. La partida de aproximadamente $80.000 millones corresponde al servicio de los créditos existentes y no significa que se haya autorizado un nuevo préstamo.

Entre los aumentos anunciados durante el debate sobresale infraestructura. El presidente de la Asamblea, Julián García, señaló que sus recursos pasarían de cerca de $11.000 millones a aproximadamente $40.000 millones.

Para las comunidades, el siguiente paso será conocer cuáles obras recibirán financiación, en qué municipios y cuáles podrán terminarse antes de finalizar el gobierno. También habrá que precisar qué proyectos cuentan con recursos suficientes y cuáles dependen de aportes nacionales, regalías, convenios o crédito.

La alimentación escolar será otro de los compromisos del próximo año. La Gobernación anunció más de $105.000 millones, mediante autorización para comprometer recursos de 2027, con el propósito de garantizar el PAE durante el primer semestre en los 120 municipios no certificados, incluida la comunidad U’wa.

La medida busca que los estudiantes reciban alimentación desde el primer día de clases. El anuncio cubre el primer semestre, por lo que queda por precisar cómo se financiará la atención durante el resto del calendario escolar.

La administración presenta el presupuesto de 2027 como un aumento del 11 %, equivalente a unos $223.000 millones adicionales frente al proyecto inicialmente radicado para 2026.

Si se compara con el presupuesto de 2026 fijado en la Ordenanza 096 de 2025, por $2.016.778 millones, el crecimiento es de aproximadamente $211.156 millones, equivalente al 10,47 %. La diferencia está en la base utilizada para hacer las cuentas.

Además, ese aumento no descuenta la inflación. Parte de los recursos adicionales deberá responder al encarecimiento de los servicios, los contratos y las demás obligaciones del departamento.

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