Los predios fueron utilizados durante décadas para el lavado de activos, el ocultamiento de capitales ilícitos y el control territorial de estructuras criminales. La Agencia Nacional de Tierras adelanta jornadas de aprehensión sobre 21 bienes rurales que suman más de 1.870 hectáreas. El próximo paso de la Agencia Nacional de Tierras será destinarlos a campesinos y víctimas del conflicto armado interno para que produzcan alimentos y fortalezcan sus economías.
En el corazón de la subregión Magdalena Medio, la Agencia Nacional de Tierras —ANT— adelanta jornadas de aprehensión de predios rurales en Puerto Boyacá, territorio históricamente marcado por la presencia de economías ilegales y estructuras armadas que utilizaron la tierra como instrumento de poder y ocultamiento de capitales ilícitos.
En este municipio, la ANT lleva a cabo acciones sobre 21 predios que abarcan 1.872 hectáreas: La Gloria, Hoy Jamaica, Hacienda La Herradura, La Aurora, La Estrella, El Almendral, La Ponderosa, LT Sin la Gloria, El Rincón, Hacienda El Edén, Las Brisas, El Martirio, Parte de Ojo de Agua, Santa Marta, El Recreo, El Prado, La Primavera, La Esperanza 1, La Esmeralda, Tierra Bella y La Fredy. Todos han estado vinculados a procesos de extinción de dominio, medidas cautelares y administración por parte de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).
“Estas hectáreas serán asignadas a comunidades campesinas vulnerables para que tengan acceso legal a la tierra y así produzcan alimentos y fortalezcan sus economías. Y esto es más relevante aún porque Puerto Boyacá tiene una historia muy fuerte de violencia, este municipio fue llamado durante mucho tiempo la capital antisubversiva de Colombia, y aquí casi todas las personas son víctimas del conflicto”, aseguró el asesor de la Dirección General de la ANT, Javier Marín.
Durante décadas, estas tierras fueron utilizadas como mecanismos de blanqueo de capitales a través de redes de testaferrato, sociedades fachada y transacciones sucesivas que buscaban dar apariencia de legalidad a recursos provenientes del narcotráfico y otras economías ilícitas.
Casos emblemáticos como El Recreo, El Prado y La Primavera evidencian cómo estos predios fueron utilizados para el ocultamiento de activos ilegales. Muchos de ellos presentan historiales de múltiples propietarios en cortos periodos de tiempo, así como intervenciones judiciales que confirmaron su vinculación con actividades ilícitas.
Otros predios como Las Brisas, El Martirio, La Esmeralda y La Fredy reflejan la estrecha relación entre la propiedad rural y las dinámicas del conflicto armado en la región, incluyendo su vínculo con estructuras paramilitares y procesos de Justicia y Paz.
Puerto Boyacá fue uno de los principales escenarios de consolidación del paramilitarismo en Colombia, donde la tierra no solo representó un activo económico, sino una herramienta de control territorial, social y político.
Hoy, gracias a la acción del Estado, estos predios están siendo recuperados mediante jornadas de aprehensión y procesos judiciales que permiten su tránsito hacia un uso legítimo y productivo.
Una vez incorporados al Fondo de Tierras, estos bienes serán destinados a programas de la Reforma Agraria, garantizando el acceso a tierra para campesinos sin tierra o con tierra insuficiente, así como a la reparación integral de víctimas del conflicto armado.
“Las personas que recibirán los predios a través de la Agencia tendrán la seguridad de que de no serán desalojados y tendrán el apoyo de la institucionalidad gubernamental para poder producir alimentos. Serán alrededor de 100 familias las beneficiadas con la entrega de estas tierras”, afirmó al asesor Marín.
Este esfuerzo hace parte de una estrategia nacional que suma 79 predios recuperados, equivalentes a cerca de 3.946 hectáreas, consolidando la recuperación de tierras que estuvieron al servicio de la ilegalidad para ponerlas al servicio de la vida y la productividad rural.
La transformación de estos territorios representa un paso fundamental para revertir décadas de acumulación ilegal, fortalecer la presencia institucional y avanzar en la construcción de paz en una de las regiones más afectadas por la violencia en el país.
La Agencia Nacional de Tierras seguirá desarrollando acciones enmarcadas en la Reforma Agraria del presidente Gustavo Petro con un propósito esencial: que la tierra cumpla su función social y llegue efectivamente a quienes históricamente han sido excluidos de su acceso.
