El alcalde, Mauricio Barón, advirtió una posible “eventual irregularidad administrativa” y alertó sobre el riesgo de suspensión de servicios de salud, retrasos salariales de más de cinco meses y aumento de tutelas contra la EPS.
La Alcaldía de Sogamoso elevó un llamado urgente a la Superintendencia Nacional de Salud y a la Procuraduría General de la Nación para que intervengan ante el presunto incumplimiento de acuerdos de pago por parte de la Nueva EPS con varias instituciones prestadoras de salud de la región, una situación que, según el municipio, amenaza la continuidad de los servicios médicos y agrava la crisis financiera del sector.
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El alcalde Mauricio Barón Granados solicitó formalmente al superintendente nacional de Salud, Daniel Quintero Calle, adelantar actuaciones administrativas, preventivas, correctivas y sancionatorias frente a lo que calificó como una posible “eventual irregularidad administrativa” relacionada con el incumplimiento de los compromisos adquiridos por la EPS con las clínicas El Laguito y de Especialistas.
De acuerdo con el mandatario, pese a las mesas de conciliación y seguimiento adelantadas por la Secretaría de Salud municipal, la Nueva EPS no habría cumplido integralmente con los acuerdos establecidos para el giro de recursos a las IPS.
La situación más crítica la enfrenta la Clínica de Especialistas, cuya cartera conciliada con la EPS asciende a $10.660 millones, según el informe presentado en la última mesa de seguimiento realizada entre el 23 y el 30 de abril. El retraso en los pagos ha derivado en protestas de trabajadores y funcionarios, quienes denuncian afectaciones en salarios y honorarios durante más de cinco meses.
“El municipio solicita que se garantice el giro inmediato y efectivo de recursos a las IPS de la red prestadora”, señaló la Administración en el comunicado oficial.
La Alcaldía advirtió además que las dificultades de liquidez ya impactan directamente la prestación de servicios. Varias IPS privadas, entre ellas Clínica Chía, SIREB e IPS SESS Sentido de Vida, alertaron sobre posibles suspensiones de atención, limitaciones en citas y problemas para garantizar servicios especializados, hospitalarios y domiciliarios.
Aunque el municipio destacó que el personal médico y asistencial ha continuado atendiendo a los pacientes pese a la crisis, el alcalde insistió en que la situación pone en riesgo tanto el derecho a la salud de los usuarios como la estabilidad laboral del talento humano del sector.
La preocupación también se refleja en el aumento de acciones judiciales contra la Nueva EPS. Según cifras entregadas por la Alcaldía, en lo corrido de 2026 se han presentado 51 acciones de tutela contra la entidad, de las cuales 41 corresponden a servicios incluidos en el Plan de Beneficios en Salud (PBS).
Durante 2025, la situación ya mostraba señales de deterioro: de 173 tutelas en salud registradas en Sogamoso, 108 fueron contra la Nueva EPS, equivalente al 62 % del total. Además, de las 243 PQRS radicadas el año pasado contra la entidad, 118 siguen abiertas y sin solución efectiva.
Los principales reclamos de los usuarios están relacionados con demoras en asignación de citas, barreras administrativas, retrasos en autorizaciones y entrega de medicamentos e insumos.
Ante este panorama, el Alcalde pidió a la Superintendencia adoptar medidas inmediatas para garantizar el flujo de recursos, verificar el cumplimiento de los acuerdos pactados, exigir la conciliación y saneamiento de cartera, asegurar la continuidad de los servicios y proteger tanto a los pacientes como a los trabajadores de la salud.
La Administración municipal también acudió a la Procuraduría General de la Nación para advertir que la crisis ya trasciende a Sogamoso y amenaza la atención médica de habitantes de las provincias de Sugamuxi, La Libertad y Gutiérrez.
“A pesar de las múltiples mesas de trabajo, requerimientos y acciones de seguimiento adelantadas por la Secretaría de Salud y demás autoridades sanitarias, la Nueva EPS no ha dado cumplimiento efectivo a los compromisos adquiridos”, señala el documento remitido al Ministerio Público.
Con este llamado, el municipio busca que el Gobierno nacional intervenga antes de que la crisis financiera y asistencial derive en una afectación mayor para miles de usuarios del sistema de salud en Boyacá.
