El representante por Boyacá aseguró que no votó el Artículo 49 del Plan Nacional de Desarrollo, relacionado con el catastro multipropósito, al que se atribuye el aumento de avalúos y del impuesto predial en el país.
El representante a la Cámara por Boyacá, Wílmer Castellanos, respondió ayer, en plenaria, a las acusaciones formuladas en su contra por el congresista electo Daniel Briceño.
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La controversia entre ambos tiene como eje la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo, en cuyo articulado se incluyó el catastro multipropósito, señalado por distintos sectores como uno de los factores que ha incidido en el aumento del impuesto predial y que ha provocado protestas en varias regiones del país.
Briceño, concejal de Bogotá y representante electo por el Centro Democrático, afirmó que el equipo político del gobernador de Boyacá, Carlos Amaya —del cual hace parte Castellanos— tuvo un papel determinante en la aprobación de la norma que hoy genera controversia.
En un pronunciamiento público, Briceño calificó de “cínica” la intervención de Amaya en la mesa de diálogo sobre catastro rural, en la que el mandatario solicitó al Gobierno nacional revisar el proceso de actualización catastral. Según el dirigente, el sector político del gobernador contribuyó a la situación actual y, en particular, señaló a Castellanos como coordinador ponente del Plan Nacional de Desarrollo.
“El equipo político contribuyó a esta crisis”, afirmó Briceño, al referirse al impacto de la normativa en el incremento del predial.
Frente a estas declaraciones, Castellanos aseguró que Briceño está mal informado y fue enfático en su respuesta: “No se ha posesionado y ya ha comenzado a usar la mentira de manera conveniente y la falsedad como discurso”.
El congresista boyacense sostuvo que no votó el Artículo 49 del Plan Nacional de Desarrollo y, durante la sesión, presentó una certificación del subsecretario de la Cámara de Representantes en la que, según dijo, se confirma que no participó en esa votación.
De acuerdo con Castellanos, fue ese artículo el que permitió al Instituto Geográfico Agustín Codazzi generar la situación actual en materia de avalúos, frente a la cual —aseguró— se ha venido ejerciendo control político y jurídico.
También precisó que no fue el único coordinador ponente del Plan: “Éramos 56 ponentes, cinco de ellos de su partido. Entonces, me pregunto: ¿ellos también contribuyeron o tienen la culpa? No venga a inventar cuentos”.
El representante afirmó, además, que desde 2022 advirtió sobre vacíos jurídicos en ese artículo que podrían derivar en lo que hoy ocurre en el país con los llamados avalúos exprés.
Informó que ya se han radicado dos proyectos de ley, uno de los cuales tendrá primer debate en la Comisión Tercera, con el objetivo de establecer límites a los avalúos del IGAC y a las tarifas del impuesto predial.
Añadió que también se han propuesto debates de control político sobre el tema, a los que se invitará al director del IGAC, al director del DANE, a la directora del Departamento Nacional de Planeación, al ministro de Hacienda y a la ministra de Agricultura, para que expliquen los criterios que sustentaron la actualización catastral.
Finalmente, Castellanos le dio la bienvenida a Briceño al Congreso, destacando su llegada como una nueva voz, pero le recomendó promover debates con mayor rigor: “con pruebas, con soportes, con argumentos y sin decirle mentiras a la ciudadanía”.
