El 28 de noviembre de 2016 envié un oficio al Comité Electoral solicitando garantías para realizar el proceso electoral a realizarse el siguiente 1 de diciembre. Solicitaba, entonces, la definición de un proceso verdaderamente democrático, pleno “igualdad, imparcialidad, transparencia, publicidad, objetividad y legalidad.”, como lo manifiesta el Consejo Nacional de Educación Superior (CESU), en un documento sobre gobernabilidad en las instituciones de educación superior. En una lacónica respuesta, el Comité Electoral desconoce que en los artículos 27 y 29 del Acuerdo 066 de 2005 (Estatuto General), determina que “Los integrantes los Consejos, que tengan calidad de empleados públicos…”, además de lo previsto en el Estatuto General están sujetos a “los deberes, inhabilidades, incompatibilidades previstas en la constitución y la Ley”, entre ellas las inhabilidades propias del régimen electoral.
El pasado 30 de enero de 2017, en un nuevo y fundamentado derecho de petición solicité que “antes de determinar la nueva fecha de elección, el Comité Electoral presente a la comunidad docente los mecanismos con los cuales se va a garantizar que todos los candidatos estaremos en las mismas condiciones y contaremos con los mismos recursos para el debate electoral”, que incluía la adopción de un régimen de inhabilidades para la elección de representantes ante los diferentes consejos de la universidad, entre ellos, y, principalmente, el Consejo Superior. A la fecha no he recibido respuesta del Comité Electoral, violando los términos y la obligación que tiene para responder un derecho de petición. Sin respuesta a la petición impetrada, el pasado viernes 10 de marzo se me notifica la Resolución 2493 del 6 de marzo de 2017, mediante la cual, y de manera exprés, se establece como fecha para la elección del representante de los docentes escalafonados ante el Consejo Superior de la Universidad el próximo martes 21 de marzo.
Bajo estas difíciles circunstancias, públicamente manifesto que no encuentro imparcialidad en el Comité Electoral. Sin duda, como ya lo ha mostrado en el pasado, es un Comité que no goza de independencia y autonomía para tomar sus decisiones y ellas están atrapadas, como fue evidente en la sesión a que fuimos convocados para comunicarnos el aplazamiento de las elecciones, por los interese “superiores” de turno. Aún más. En dicha reunión se nos comunicó que la decisión del Consejo Superior había sido derogar el Acuerdo 042 de 2016 que implicaba iniciar nuevamente todo el proceso, incluyendo una nueva inscripción de candidatos, con lo cual estuvimos de acuerdo. Sin embargo, posteriormente, esta decisión fue sospechosamente modificada; finalmente lo único aprobado fue la posibilidad de realizar las elecciones bajo la modalidad de tarjetón. Esas son las garantías que nos ofrecen: acomodarlo todo para que todo siga igual en nuestra Universidad.
Reiteramos y denunciamos que las elecciones no se desarrollarán en el marco del principio de igualdad constitucional para que la elección no sea vea afectada –directa o indirectamente- por la participación de los grupos de poder enquistados en la dirección universitaria que van a impedir, empleando todas las formas de lucha de la politiquería incluida la calumnia y la mentira, para que una voz probadamente digna y capaz, independiente y crítica, llegue al Consejo Superior. Nuevamente recordamos el conocido fallo del Consejo de Estado donde se afirma que “… quien ostenta el poder puede obtener mejor provecho del mismo con miras a su [r]elección en detrimento de los demás candidatos que no gozan de tal privilegio”.
Invito a todas las profesoras y a todos los profesores a ejercer su derecho libremente y acompañarme con su voto el próximo martes 21 de marzo.
FRANCISCO JOSÉ BURBANO VÁSQUEZ
Candidato de los profesores
A la representación profesoral ante el Consejo Superior
