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Experta en RSE / Sostenibilidad
Si bien es cierto, las estadísticas arrojadas por los países de economías avanzadas, responden a los propósitos de prospectar la transición energética para evitar las emisiones de gases efecto invernadero, también es cierto, que en los países de ingreso bajo aún no se enciende una luz plena que contribuya a sacar a la gente de la pobreza y por tanto elevar sus niveles de vida.
Cuando se habla de transición energética, es preciso entrar en el contexto nacional y local donde las implicaciones geográficas de los sectores rurales, su economía, aspectos culturales y sus formas tradicionales de vida, merecen toda la atención. El cambio de utilización de la leña, por ejemplo, nos acerca a la realidad que enfrentan los habitantes de zonas alejadas y en completa distancia institucional.
Según Luis Felipe Ocampo Perdomo, director legal de Colgas, “las personas que utilizan leña en su hogar tienen una afectación de salud especialmente en mujeres y niños, Se conocen cifras que ascienden a las 5.000 personas que mueren cada año por enfermedades respiratorias asociadas a esta actividad, como también un enorme impacto negativo ambiental”. Más de 2.600 millones de personas en el mundo, dependen de esa biomasa tradicional.
“El anterior contexto es el que debemos entender en el camino de la transición energética. Comunidades y personas tienen esa necesidad básica insatisfecha. En veredas y poblaciones más alejadas es donde Colombia tiene su mayor problema con implicaciones de desigualdades energéticas muy preocupantes”. Refiere Ocampo. En lo que tiene que ver con el medio ambiente, entre el 10 y 15% de la deforestación se debe al uso de leña como combustible doméstico, con implicaciones obvias como la pérdida de biodiversidad y servicios ecosistémicos.
De acuerdo con la Encuesta Anual de Condiciones de Vida dirigida a Hogares, en Colombia alrededor de 1.690.757 hogares, cocinan sus alimentos con leña y otros combustibles de uso ineficientes altamente contaminantes; del total de estos hogares, el 91,51 por ciento están ubicados en zonas rurales, consideradas como centros, inspecciones de policía, corregimientos o área rural dispersa. El 8,49 por ciento ubicadas en cabeceras o zonas urbanas, siendo así las zonas rurales, las que concentran el mayor número expuestos a consecuencias del uso ineficiente de combustibles. Esta persistencia de su uso en los hogares tiene que ver con limitaciones de acceso a nuevas alternativas o ingresos reducidos de las familias para adquirir una nueva tecnología.
Los Retos
Para hablar de avances económicos y sociales, es primordial entender el desarrollo de la energía como una variable indefectible en la calidad de vida. “Y aquí el reto es doble, no sólo es de transición para lograr que las comunidades pasen a energía renovable, el reto es hacer que algunas comunidades accedan de forma estable a alguna energía”, explica Ocampo Perdomo, sobre esa experiencia por caminos de éxito y de fracaso, que en diferentes departamentos del país ha desarrollado Colgas: Una experiencia de diálogos , de reconocimiento y valor compartido en el territorio, donde se encuentran las formas de combinar nuevas energías con combustibles de bajas emisiones favorables al entorno humano y ambiental. “No podemos seguir buscando soluciones energéticas a rajatabla como viene sucediendo para gran parte de la población”, puntualizó.
Sobre esos modelos energéticos debemos caminar, como un imperativo que sea inclusivo, global y sobre todo realista, muy realista. Proyectos en algunas zonas del territorio colombiano, nos reafirman esta posición. La combinación de energías renovables y gas se posiciona como una de las más eficientes y sostenibles. Gracias a sus características, por ejemplo, el gas propano es considerado por estudios y experiencia un gran aliado de las energías alternativas, que usado en menores cantidades respecto a otros combustibles produce la misma cantidad de energía y por consiguiente ahorro económico: Su disponibilidad en cualquier lugar, fácil instalación, alto poder calorífico y más amigable con el medio ambiente, puede significar en regiones como Boyacá una definición estratégica de vida para las más de 500.000 personas de población campesina y las 7.751 personas de población indígena de acuerdo a las estadísticas de la Unidad de Planificación rural agropecuaria, UPRA.
En lo que tiene que ver con el gas domiciliario, Boyacá ha venido repuntando en la tarea de ampliar las redes y servicio en varios municipios, posibilitando mejores condiciones en las actividades diarias familiares y comerciales. El actual gobierno departamental contribuye en su fortalecimiento a través de subsidios al derecho de conexión y la red interna de usuarios, en zonas priorizadas de cincuenta municipios, beneficiando a 18.478 usuarios. En años anteriores, gracias a un proyecto de la Fundación ECOmmunity, se beneficiaron a 1.600 familias, con la entrega de Eco-estufas, que reducen hasta en un 70% las emisiones del gas de efecto invernadero asociadas al consumo de leña frente a los fogones tradicionales, como también la apuesta a la disminución en la deforestación de las zonas estratégicas. No obstante estos esfuerzos, es importante fijar la atención en la ubicación geográfica de los habitantes en zonas apartadas, con el propósito de planificar proyectos acordes a su ubicación y nivel económico.
El camino se viene trazando a través de varias organizaciones privadas y públicas, algunas en solitario. En este punto, reafirmamos la importancia de lograr alianzas (ODS17) para contribuir a combatir la pobreza energética en Boyacá y del resto del país.
“El ODS 17 pretende fortalecer la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible, movilizando e intercambiando conocimientos, capacidad técnica, tecnología y recursos financieros para alcanzar la Agenda en todos los países, en particular en los países en desarrollo y promover alianzas en las esferas pública, público-privada y de la sociedad civil, para contribuir al desarrollo sostenible de forma conjunta”.
