Centro de Estudios del Trabajo CEDETRABAJO, Capítulo Boyacá
Miles de docentes en toda Colombia preparan un paro nacional de 24 horas para el próximo jueves 30 de octubre de 2025. La movilización convocada por la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación – Fecode, es una respuesta desesperada a la debacle del sistema de salud del magisterio colombiano. Lo que el Gobierno de Gustavo Petro presentó como una «revolución» en la atención médica, ha derivado en un caos que afecta a más de 334.000 educadores activos, a cerca de 153.000 pensionados y a más de 323.000 beneficiarios familiares.
El modelo que prometía libre elección de clínicas y servicios dignos, hoy genera denegaciones, sobrecostos, deudas millonarias, pésimos servicios y un incremento abismal de acciones judiciales en defensa del derecho a la salud de los docentes y sus familias. Las tutelas de los maestros se han incrementado hasta un 25%. En 2023 las IPS del magisterio representaban el 4,92% de las cerca de 198.000 tutelas en salud en Colombia; para 2024 esta cifra pasó de ~9700 a más de ~10.743 acciones, por la falta de acceso a procedimientos médicos, la entrega tardía de medicamentos y la asignación de citas médicas. En 2024, el régimen del magisterio registró 56 PQRS por cada 1.000 pacientes, frente a un promedio nacional de 33/1000 (Portafolio).
Crónica de un desastre anunciado
El 1ro de Mayo de 2024, en medio de algunas voces críticas que no cohonestaron con esta política, el Gobierno Nacional anunció el “Nuevo Modelo de Salud del Magisterio” que integraba el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – Fomag, en el Sistema General de Seguridad Social en Salud. El argumento oficial era eliminar intermediarios corruptos y garantizar equidad en el acceso a la prestación del servicio. Sin embargo, la implementación ha sido un desastre en materia operativa, financiera y humanitaria.
La Fiduprevisora S.A. asumió la administración del modelo y desde las primeras de cambio, se registraron retrasos en los pagos a IPS, lo que generó deserción del sistema y suspensión de los servicios. El cambio fallido creó un colapso en la red de prestadores y una crisis en la salud de los maestros y maestras del país. Se acumularon las quejas masivas y se evidenció la debilidad del modelo en las regiones.
La improvisación en la implementación generó un caos que terminó por afectar de manera grave a los pretendidos beneficiarios. Luego de un año y medio del “nuevo” modelo, se reportan sobrecostos en la facturación, irregularidades en la adjudicación de contratos, perdidas de recursos cercanas a los ~ 2,0 billones de pesos, destinación de cerca del 25% de los recursos del Fomag a litigios por denegación en la prestación del servicio, corrupción y coimas políticas en los departamentos por la eliminación de los operadores regionales, y graves afectaciones a la salud y la vida de los docentes.
Una crisis que se agrava
La situación es verdaderamente grave, la Secretaría de Educación de Bogotá expresa que “El cambio del modelo de salud ha generado una serie de vulnerabilidades críticas que amenazan gravemente la salud, a largo plazo, de los docentes y sus familias, dado que las dificultades mencionadas crean un escenario donde las enfermedades crónicas podrían agravarse por la interrupción de tratamientos esenciales”.
Esta crisis en el sector viola derechos constitucionales, pero se agrava aún más con la intención del gobierno nacional de eliminar el régimen especial exceptuado del magisterio colombiano. En el Consejo de Ministros del 15/09/2025 el Señor Presidente, afirmó que no ha “estado de acuerdo con que existan regímenes especiales” y que “Mientras exista un régimen especial que se aparta del sistema general, vamos a seguir teniendo intermediación, corrupción y privilegios que no se sostienen. […] Si el Fomag no se alinea con la reforma a la salud, no puede seguir existiendo como está. No es sostenible”.
Estas palabras declaran el acta de defunción al régimen especial de los maestros y maestras de Colombia, que no es un “modelo para privilegiados” sino un sistema autónomo de seguridad social integral creado exclusivamente para los docentes públicos que desempeñan una función social estratégica para el desarrollo de la sociedad.
Se equivoca en materia grave el presidente Petro cuando decide atacar el régimen especial de los maestros, porque no solo es un régimen constitucionalmente protegido por el principio de intangibilidad de derechos adquiridos, sino que además es necesario para la dignidad docente por las particularidades especiales de su actividad.
El paro es justo y necesario
Con todas las razones, la Federación Colombiana de Educadores, convoca el paro nacional del magisterio, para exigirle al gobierno nacional el derecho a una salud digna y oportuna; la defensa de la Ley 91 de 1989; que se materialicen los lineamientos para la contratación del servicio de salud para el magisterio según el Acuerdo 003-2024 Fomag; que se estabilice el modelo integral de salud y se fortalezca del Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio; que se radique el proyecto de ley orgánica para la Reforma del Sistema de General de Participaciones; y que se respete por parte de los prestadores de salud el manual tarifario que garantiza la sostenibilidad del FOMAG.
En definitiva, lo que exigen los maestros y maestras de Colombia es el respeto a la dignidad de su trabajo, una solución a la crisis en el sistema de salud y la consolidación de avances en materia de bienestar, salud y derechos laborales para el magisterio. ¡El paro más que justo es necesario!
