La Corte Constitucional ha dejado clara su postura de hacer exequible gran parte de la ley que pretende la creación de las Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social. Aunque aún no se ha hecho oficial su aprobación, las organizaciones campesinas han manifestado su rechazo por lo que implicará la aprobación de esta ley.
El despojo y la instrumentalización del campesinado, esas son las dos más grandes preocupaciones de varias organizaciones campesinas que, desde que la Corte Constitucional anunció la exequibilidad de la gran mayoría de la Ley de Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social (Zidres), no han dejado de hablar de ello.
Boyacá, como tierra de economía campesina, no se ha quedado al margen de la incertidumbre que generaría la aprobación de la Ley Zidres. Los campesinos tienen la certeza de que la ley permitirá una gran acumulación de tierras, debido a que avala que los terrenos baldíos sean entregados en arriendo o concesionados a proyectos asociativos; aspecto que contribuye sustancialmente a la inequidad en la distribución de la tierra. Tampoco hay certeza de cómo el Estado brindará garantías en contra de la apropiación indebida de baldíos.
Otra gran angustia es, según argumentan las organizaciones campesinas, que la ley favorece que el campesinado colombiano se convierta en mano de obra barata para favorecer los intereses que tiene la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Banco Mundial.
Las organizaciones campesinas han manifestado que con esta decisión, la Corte Constitucional le está fallando al campo colombiano ya que apunta a desfavorecer todas las necesidades y urgencias que en realidad tienen los pequeños productores.
A pesar de que hay quienes afirman que la Ley Zidres facilita un modelo de desarrollo económico que potencia muchas de las actividades productivas agrícolas; ya hay por lo menos dos demandas ante la Corte Constitucional en contra de esta ley.
