El tunjano Fray Ricardo Torres Castro, quien reemplazó a otro boyacense en la Dirección General del SENA, aseguró que la entidad se ha convertido en un fortín político. En Chiquinquirá denunció que algunos contratistas estarían obligados a entregar parte de sus salarios a un concejal. Ordenó una auditoría especial y ofreció respaldo a quienes denuncien.
“¡Fuera los políticos de acá, no los queremos acá! Esta es una entidad técnica”.
La frase no salió de un dirigente sindical ni de un político de oposición. La pronunció el propio director general del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), Fray Ricardo Torres Castro, durante una visita a Boyacá, en la que denunció la presunta utilización política de la entidad.
Y lo hizo en su propia tierra. Torres Castro es tunjano y acaba de asumir la Dirección General del SENA en reemplazo de otro boyacense, Jorge Eduardo Londoño Ulloa, oriundo de Puerto Boyacá.
El escenario de sus declaraciones fue Chiquinquirá, donde el funcionario cuestionó la supuesta apropiación política de los centros de formación y puso sobre la mesa una denuncia todavía más delicada: contratistas que presuntamente deben entregar parte de sus salarios a un concejal. “Cuando uno va por todo el país evidencia que el SENA fue convertido en un fortín político”, afirmó.
Según relató, durante sus recorridos por las regionales ha encontrado que determinados centros de formación son identificados como propiedad de dirigentes políticos. “Este centro es de tal senador, de tal diputado, del concejal, de un alcalde, de un exalcalde”, contó que le dicen.
“Si eso es así, entonces que ese personaje pague la nómina, pague los servicios y sostenga el SENA”, cuestionó.
Las declaraciones del director fueron más allá de una crítica al clientelismo. Al referirse específicamente a Chiquinquirá, aseguró que había recibido información según la cual algunos contratistas estarían obligados a entregar dinero de sus remuneraciones a un concejal.
“Lo que me llena de indignación es que los contratistas tienen que hacerle pagos a ese concejal por su salario. Y no son uno ni dos”, manifestó.
Torres Castro no identificó públicamente al concejal señalado ni precisó cuántos contratistas estarían involucrados o cuánto dinero les estarían exigiendo. Por ahora se trata de denuncias que deberán ser investigadas y comprobadas.
Ante la gravedad de los señalamientos, el funcionario solicitó un plan especial de auditoría institucional en la Regional Boyacá y pidió agilizar los mecanismos para recibir y revisar denuncias.
“Si la gente en Chiquinquirá o en cualquier parte del país tiene denuncias, que cuente con toda la confianza y la determinación del director general del SENA para acompañarlos en esas denuncias”, aseguró.
“Esto no es de ningún concejal, esto no es de ningún exalcalde, esto no es de ningún político. Esta es la entidad más seria con los colombianos y le tenemos que dar esa altura”, expresó ante los directivos regionales.
La auditoría deberá establecer si existen irregularidades administrativas o contractuales y si hay motivos para trasladar los hallazgos a las autoridades disciplinarias o penales competentes.
