Siete personas fueron judicializadas por obtener y comercializar material explícito con niños y adolescentes. Autoridades advierten sobre captación en barrios, colegios y plataformas digitales.
La Fiscalía General de la Nación informó la identificación y judicialización de siete personas señaladas de explotar sexualmente a menores de edad, en un caso que involucraba la producción y envío de material audiovisual con contenido explícito a contactos internacionales.
La investigación, adelantada en articulación con la Policía Nacional y agencias de seguridad de Estados Unidos, evidenció que los implicados contactaban a niños, niñas y adolescentes mediante engaños, en algunos casos dentro de su entorno cercano, para inducirlos a participar en la creación de contenido que luego era compartido con fines comerciales a través de aplicaciones de mensajería.
Uno de los procesados, de nacionalidad mexicana, habría ubicado a menores en inmediaciones de instituciones educativas, donde los abordaba con ofrecimientos económicos para trasladarlos a su residencia y someterlos a conductas de abuso.
Las autoridades indicaron que los delitos imputados incluyen explotación sexual comercial de menores, pornografía infantil agravada, acceso carnal abusivo y proxenetismo, entre otros. Un juez de control de garantías dictó medida de aseguramiento en centro carcelario para los implicados.
Alerta para familias en Boyacá
Aunque los hechos investigados ocurrieron en Medellín, el caso encendió alertas a nivel nacional por los métodos de captación, que combinan contacto directo en entornos cotidianos con el uso de plataformas digitales.
Para autoridades y expertos, estos patrones no son aislados ni exclusivos de una ciudad, por lo que el llamado se extiende a departamentos como Boyacá, donde el acceso a redes sociales y mensajería instantánea entre menores ha crecido de forma sostenida.
La Fiscalía advirtió que los agresores suelen ganarse la confianza de las víctimas, ofrecer dinero o beneficios y, posteriormente, inducirlas a situaciones de vulnerabilidad. En varios casos, incluso, se identificó la participación o permisividad de personas del entorno familiar.
Recomendaciones clave
Las autoridades reiteran a padres, acudientes e instituciones educativas la necesidad de:
- Supervisar el uso de redes sociales y aplicaciones de mensajería por parte de menores.
- Mantener comunicación constante sobre riesgos digitales y personales.
- Estar atentos a cambios de comportamiento o señales de alerta.
- Reportar cualquier situación sospechosa a las autoridades competentes.
Además, se insiste en reforzar la vigilancia en entornos escolares y comunitarios, donde pueden ocurrir estos primeros contactos.
Protección de las víctimas
Los menores afectados fueron puestos bajo protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), entidad encargada de restablecer sus derechos y brindar acompañamiento integral.
El caso se encuentra en etapa judicial y hace parte de las acciones priorizadas por la Fiscalía para combatir los delitos que afectan a niños, niñas y adolescentes.
