Un intenso debate se ha desatado en Tunja a partir del fallo del Tribunal Administrativo de Boyacá que ordena suspender el contrato con la empresa Unión Temporal Ciudad de Tunja A.P. Aún se desconoce quién será el nuevo operador, pero este caso rememora cómo nació la ambición por la adjudicación de estos servicios.
Cuando apenas faltaban cuatro años para que terminara el siglo XX Tunja era una de las tantas ciudades que no contaba con servicio de acueducto y alcantarillado. La ciudadanía recibía el agua por ratos y en muchas ocasiones tenían que viajar a municipios vecinos como Motavita para abastecerse del preciado líquido.
Eso acabó en 1996 cuando Manuel Arias concesionó el servicio a la empresa Seraqua, que luego sufriría un par de transformaciones en su razón social, sin que esto afectara la prestación del servicio. En su momento Manuel Arias argumentó que era este grupo empresarial español el idóneo para manejar el servicio. Pero lo que había detrás de esto era un negocio multimillonario. Por eso la adjudicación se hizo por un periodo de 30 años; y al parecer todos quedaron contentos, la ciudadanía porque al fin contaba con este servicio básico, el alcalde Manuel Arias por ser mesías del agua en la ciudad, y la empresa que recibió la concesión por 30 años. Pero lo que hizo Manuel Arias fue crear un monstruo.
Al enterarse de la cantidad de fajos de billetes que habían entrado a los bolsillos de Manuel Arias, Jairo Aníbal Díaz, alcalde sucesor de Arias, buscó el siguiente servicio para concesionar y encontró en el alumbrado público una mina de oro.
Este servicio se adjudicó a pura voluntad, no se proyectaron costos ni beneficios, no se estudió la fijación de una tarifa justa para la ciudadanía; se adjudicó así, sin más. Y esto no se resolvió con el paso de los años, ya que aclara la sentencia del Tribunal Administrativo de Boyacá que uno de los motivos que presentó el contralor municipal de la época para señalar la inconveniencia de dicha concesión fue la carencia de “estudios técnicos, financieros y económicos que permitan la fijación de una tarifa justa para los consumidores”.
Se calcula que en el departamento la empresa de energía de Boyacá (EBSA) factura al año cerca de 400.000 millones de pesos, 80.000 serían corresponderían a Tunja, y de estos, 12.000 serían en concepto de alumbrado público. Estas son simples especulaciones ya que la Alcaldía de Tunja no cuenta con esta información, y tanto EBSA como Unión Temporal Ciudad de Tunja A.P se niegan a brindar esta información.
Será vital entonces que ahora, que empieza un nuevo proceso de adjudicación de la concesión del alumbrado público en la ciudad, la EBSA se anime a hacer pública esta información, que es de utilidad, no solo para este medio, sino para la Administración Municipal que tendrá que tomar decisiones importantes basada en esta, y para la ciudadanía, que tiene todo el derecho a saber cómo se maneja uno de los servicios vitales para la existencia de la ciudad.
