El conflicto territorial entre Cubará y Toledo, que comenzó en 2017, sigue sin resolverse en el Congreso. En la zona se encuentra el campo de gas Gibraltar, con una producción reportada de 27 millones de pies cúbicos diarios. Una ponencia de 2024 favoreció los argumentos de Boyacá, que recibe más del 99,5 % de las regalías, pero el expediente continúa estancado en el Senado.
Boyacá y Norte de Santander llevan casi nueve años disputándose un territorio de aproximadamente 600 hectáreas, en los límites de los municipios de Cubará y Toledo. El conflicto, que permanece sin resolver en el Congreso de la República, tiene un componente económico de gran importancia: las regalías provenientes de la explotación del campo de gas Gibraltar.
La controversia hace parte de los 13 expedientes de delimitación territorial que permanecen pendientes en las comisiones de Ordenamiento Territorial del Congreso, según una investigación publicada por El Espectador, del periodista Johan Sebastián Pérez Pinilla.
El campo Gibraltar, ubicado en la zona de controversia, tiene una producción reportada de aproximadamente 27 millones de pies cúbicos diarios de gas, lo que explica buena parte del interés de los dos departamentos por definir a cuál corresponde el territorio.
La disputa se reactivó en mayo de 2017, cuando el entonces gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, solicitó al Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) revisar los límites departamentales. En ese momento, Boyacá era gobernada por Carlos Amaya. Curiosamente, nueve años después, ambos dirigentes vuelven a estar al frente de sus respectivas gobernaciones y el conflicto sigue sin solución.
El procedimiento comenzó formalmente en febrero de 2018 y desde entonces se han realizado visitas de campo, reuniones técnicas y actuaciones administrativas.
Según consta en la Gaceta del Congreso 1884 de noviembre de 2024, durante una de las primeras sesiones del proceso, Norte de Santander manifestó que su solicitud estaba relacionada con las regalías provenientes de la explotación de hidrocarburos en la zona.
En diciembre de ese mismo año, una ponencia presentada por la representante a la Cámara Karen Manrique respaldó los argumentos históricos y territoriales de Boyacá. Sin embargo, el expediente continúa pendiente en el Senado y, de acuerdo con El Espectador, no ha tenido avances significativos durante las dos últimas legislaturas.
La controversia también llegó a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), que en 2022 adoptó decisiones relacionadas con la ubicación del yacimiento y la distribución de las regalías.
Actualmente, según la investigación periodística, Boyacá recibe más del 99,5 % de las regalías correspondientes a Gibraltar, mientras que Toledo participa con aproximadamente el 0,40 %.
Para el bienio 2025-2026, Cubará tuvo una asignación de $2.486 millones del Sistema General de Regalías.
Sin embargo, las decisiones sobre la distribución de estos recursos no resuelven el conflicto limítrofe, cuya definición sigue en manos del Congreso.
La controversia tampoco se limita al dinero. En el territorio existen comunidades, entre ellas población indígena U’wa, que requieren inversiones en infraestructura, servicios públicos y desarrollo social.
El caso de Gibraltar hace parte de una disputa territorial más amplia. Según El Espectador, en cuatro expedientes que involucran a Norte de Santander están en discusión cerca de 7.000 hectáreas. Los otros procesos comprenden sectores del páramo de Santurbán, en los límites con Santander, y territorios compartidos con Cesar.
Boyacá también mantiene otros procedimientos de delimitación con Santander, algunos de los cuales han registrado nuevas reuniones técnicas durante este año.
Mientras tanto, el conflicto entre Cubará y Toledo continúa sin una decisión definitiva.
Han pasado casi nueve años, se han sucedido gobiernos, se han realizado estudios y se han presentado ponencias, pero el Congreso todavía no define los límites de una zona estratégica para la producción de gas del país.
Y hay una coincidencia particular: Carlos Amaya y William Villamizar, los mismos gobernadores que estaban en sus cargos cuando se reactivó la controversia en 2017, siguen esperando una decisión sobre las 600 hectáreas de Gibraltar.
