La Fiscalía formalizó la acusación contra el alcalde Víctor Alfonso Gamboa Chaparro por los delitos de concusión y prevaricato por acción. Según la investigación, habría exigido millonarios pagos y favorecido a un particular para facilitar una ampliación de licencia de construcción. El mandatario seguirá privado de la libertad mientras el proceso avanza hacia juicio.
La justicia dio un nuevo paso en uno de los procesos por presunta corrupción administrativa de mayor impacto en Boyacá. Tras una audiencia que se prolongó durante cerca de seis horas, la Fiscalía General de la Nación formalizó la acusación contra el alcalde de Villa de Leyva, Víctor Alfonso Gamboa Chaparro, por los delitos de concusión y prevaricato por acción, dentro de una investigación relacionada con supuestas irregularidades en la gestión de trámites urbanísticos del municipio.
En la misma actuación fue acusado el particular Juan Camilo Sánchez Torres, quien deberá responder por el delito de concusión, al ser señalado de haber intervenido en las presuntas exigencias económicas investigadas por el ente acusador.
La diligencia judicial comenzó con la decisión del juzgado de reconocer como víctimas dentro del proceso a María Victoria Solarte Daza y a la sociedad Inversiones San Jacinto de Nelvic S.A.S., determinación que quedó en firme luego de que la oposición presentada por la defensa del alcalde fuera desestimada y ninguna de las partes interpusiera recursos.
Posteriormente, la Fiscalía radicó formalmente el escrito de acusación contra los procesados. Durante esta etapa, la defensa de Gamboa intentó nuevamente frenar el proceso mediante una solicitud de nulidad; sin embargo, el juez rechazó de plano la petición, con lo cual la acusación quedó debidamente legalizada y el expediente avanzó a la siguiente fase del proceso penal.
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, los hechos se remontan al 8 de junio de 2025, cuando el alcalde, presuntamente, exigió a la representante legal de una empresa de inversiones contratar a Juan Camilo Sánchez Torres para que actuara como asesor en la gestión de permisos y demás requerimientos administrativos relacionados con un proyecto urbanístico.
Según el ente investigador, después de concretarse esa contratación, el mandatario habría solicitado incrementar los honorarios del contratista. Como resultado, Sánchez Torres habría recibido pagos cercanos a 48 millones de pesos durante los once meses en que prestó sus servicios.
La investigación también señala que el 4 de marzo de 2026, mediante mensajes de voz, Gamboa Chaparro habría exigido a la empresaria 112 millones de pesos, suma equivalente al 20 % del valor correspondiente a la ampliación de la licencia de construcción que tramitaba la compañía.
Aunque, según la Fiscalía, posteriormente el alcalde retiró esa exigencia, dos días después expidió una resolución que, pese a encontrarse presuntamente incurso en un conflicto de intereses, habría constituido una represalia y un mecanismo de presión frente a la negativa inicial de la empresaria de acceder a las pretensiones económicas que se le atribuían.
Como consecuencia de esa actuación administrativa, la Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial de Villa de Leyva rechazó la solicitud de ampliación de la licencia de construcción presentada por la empresa.
Paralelamente, el Inspector Segundo de Convivencia y Paz del municipio impuso a los responsables del proyecto una sanción cercana a 232 millones de pesos, decisión que también hace parte del contexto analizado por la Fiscalía dentro de la investigación.
Para el ente acusador, las actuaciones del alcalde habrían utilizado el ejercicio de la función pública para obtener beneficios económicos indebidos y condicionar decisiones administrativas relacionadas con un trámite urbanístico.
Superada la etapa de acusación, el proceso continuará con la audiencia preparatoria, fijada para el 14 de agosto de 2026. En esa diligencia, la Fiscalía descubrirá la totalidad de las pruebas documentales, periciales y testimoniales que pretende hacer valer durante el juicio oral, mientras que la defensa presentará los elementos con los que buscará demostrar la inocencia de los acusados.
Será esa etapa la que definirá el material probatorio que finalmente será debatido durante el juicio.
Entre tanto, el alcalde Víctor Alfonso Gamboa Chaparro permanece privado de la libertad, mientras avanza el proceso penal en su contra. Como ocurre en todo proceso judicial, los hechos expuestos por la Fiscalía corresponden a hipótesis de investigación que deberán ser demostradas en juicio, y los acusados conservan la presunción de inocencia hasta que exista una sentencia condenatoria ejecutoriada.
