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Durante décadas han sido ellos quienes han estado corriendo la frontera agrícola y sembrando en zonas de protección ambiental, pero hasta ahora el gobierno no les ha ofrecido alternativas, como irónicamente sí lo ha hecho con los productores de hoja de coca del Cauca. Lo que es irresponsable es que con su protesta esos paramunos le estén provocando tanto daño a la economía de Paipa y Boyacá, incluyendo a otros miles de campesinos.
Los campesinos del páramo completan cinco días de protestas, que incluyen un bloqueo vial en cercanías de Paipa, Boyacá, y no parece haber un camino claro para que el Gobierno nacional atienda sus exigencias.
Los labriegos protestan por la implementación de la Ley 1930 de 2018, conocida como Ley de Páramos. La ley apenas se está implementando y los campesinos piden que se extienda la frontera agrícola en complejos paramunos de Norte de Santander, Santander y Boyacá, es decir que se permita cultivar más hacia dentro del páramo porque la ley lo que busca es delimitar hasta donde se pueden hacer actividades productivas dentro del ecosistema pero además limita la capacidad de hacer agricultura al interior de los mismos, señalando que debe ser de bajo impacto.
Por su parte, los mineros artesanales de Antioquia, que también protestan por estos días, están en contra del Decreto 044 de 2024 que permite crear reservas naturales en áreas de ecosistemas estratégicos y frenar allí las actividades mineras.
Ese decreto «establece criterios para declarar y delimitar reservas de recursos naturales de carácter temporal en el marco del ordenamiento minero-ambiental».
Dice la disposición que “durante la vigencia de la declaratoria de reserva temporal, no se podrán otorgar permisos o licencias para explotación o exploración de minerales.
Según el documento, firmado por los ministros de Minas y Ambiente, los criterios para esta declaración incluyen: ecosistemas de importancia ambiental o valores de prestación de servicios ecosistémicos, considerando los ordenamientos ambientales del u otras herramientas autoridades ambientales, estudios o información del SINA y demás entidades públicas.
Igualmente, los campesinos del páramo protestan contra el Decreto 1035 de 2024 que establece que las Fuerzas Militares podrán destruir maquinaria amarilla de minería ilegal. Y sumado a ello también se manifiestan contra el artículo 5 de la Ley 1930 de 2018, el cual piden que se derogue porque establece en dicho apartado que no se puede hacer minería en zonas de páramo.
El pliego de peticiones de la Federación de Parameros de Nororiente Colombiano incluye la derogación varias resoluciones, que según indican, afectan a la región. Sobre todo, aquellas que delimitan los páramos de Almorzadero, Santurbán, Berlín y Cocuy. Además, el artículo de la ley 1930 de 2018 en el que, entre otras cosas, se establecen prohibiciones para desarrollar actividades mineras y agropecuarias y zonificación ambiental.
“La delimitación de los páramos es una condena a la miseria a los parameros porque nos excluye en las actividades agropecuarias y nos obligan al desarraigo, a desterrarnos de nuestras tierras”, aseguró Roberto Arango Torres, presidente Federación de Parameros del Nororiente colombiano.
“En aras de garantizar la protección especial emanada de la Constitución, cuyo artículo 64 establece: “EI campesinado es sujeto de derechos y de especial protección, tiene un particular relacionamiento con la tierra basada en la producción de alimentos en garantía de la soberanía alimentaria, sus formas de territorialidad campesina, condiciones geográficas, demográficas, organizativas y culturales que lo distinguen de otros grupos sociales”, indican en su manifiesto.
Los campesinos parameros piden la derogatoria de la Resolución 0152 de 2018: “Que el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible emita un acto administrativo que revoque o decrete la pérdida de fuerza ejecutoria de la Resolución 0152 de 2018 ‘Por medio de la cual se delimita el páramo del Almorzadero y se dictan otras disposiciones’, de- conformidad con lo dispuesta en la sentencia T-041-03 de 2019 (radicado interno 0814/2019, de fecha 3 de septiembre). Dicho acto debe ser notificado a todas las entidades administrativas competentes del orden nacional y departamental, centralizadas y descentralizadas.
Igualmente solicitan la derogatoria de la Resolución 2090 de 2014: por medio de la cual se delimita el páramo de jurisdicciones- Santurbán- Berlín, y se adoptan otras disposiciones.
Y la derogatoria de la Resolución 1405 de 2018, por medio de la cual se delimita el Área de Páramo Sierra Nevada del Cocuy y se adoptan otras determinaciones…
Señalan en el documento que buscan “que se garantice nuestra permanencia en el territorio desarrollando sin restricción las actividades agropecuarias que contribuyan a la soberanía alimentaria nacional”.
También solicitan la titulación de baldíos en zonas de páramos y formalización de predios privados.
“Se establezca a través de una norma rígida las garantías jurídicas de una UAF libre de predios privados, se garantice la titulación de baldíos en áreas con características de remoción de masas o condiciones riesgos, que se eliminen las condiciones del concepto ambiental para la titulación de predios baldíos”.
No parece lógico que un Gobierno que se ha declarado defensor de los ecosistemas de páramo vaya a aceptar, como lo exigen los campesinos, que les extiendan la frontera agrícola para realizar sus actividades agropecuarias en áreas protegidas como los páramos Santurbán, Almorzadero y Cocuy.
El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural ha establecido que el país cuenta con más de 40 millones de hectáreas de frontera agrícola en las que se pueden llevar a cabo actividades productivas.
“El país cuenta con una definición de frontera agrícola que permite identificar en dónde se debe desarrollar la agricultura. Colombia tiene un gran potencial para ser la despensa de alimentos del mundo, sin comprometer nuestra biodiversidad”, aseguró el entonces ministro de Agricultura Juan Guillermo Zuluaga a propósito de la Frontera Agrícola.
Pero los campesinos y habitantes de zonas protegidas como el Páramo de Santurbán han reiterado que los ingresos de sus familias dependen directamente de las actividades agrícolas que desarrollan en esos territorios.
Si el Gobierno nacional es coherente con el discurso del Presidente Gustavo Petro no solo no aceptará la petición de los campesinos de páramos sino que comenzará a tomar medidas para restringir cultivos en áreas como la de la rivera del Lago de Tota, en donde por más de medio siglo los agricultores le han estado robando el espacio al espejo de agua y descargando residuos tóxicos, como insecticidas, pesticidas y fungicidas a ese recurso natural.
“El tiempo para proteger nuestra tierra se está agotando! el reloj corre y el deterioro de nuestros páramos no cesa. Boyacá, que alberga el 25 por ciento de los páramos de nuestro país, está en el epicentro de la lucha por el agua y la vida”, dijo esta semana desde Cali el representante a la Cámara gobiernista Pedro José Suárez Vacca.
Todo el Congreso, Senado y Cámara, participó durante esta semana en las deliberaciones de la COP16, el evento más importante de la biodiversidad en el mundo
“La reducción de nuestros glaciares, junto con las sequías en los Llanos orientales y otras regiones del país, nos muestran las consecuencias del cambio climático y el descuido hacia nuestras fuentes hídricas”, agregó Suárez Vacca, quien aseguró que este gobierno ha tomado decisiones concretas para la preservación del agua y el medio ambiente, priorizando un ordenamiento territorial alrededor del recurso vital.
Solo en la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, Corpoboyacá, hay siete complejos de páramo, con una extensión de 517.052 hectáreas, que representando el 75.5 por ciento de los páramos del departamento de Boyacá.
Diferentes estudios han identificado que las principales causas de la degradación de los sistemas paramunos en el departamento se deben a la introducción de la agricultura principalmente cultivo de papa (Cómbita, Tunja, Cucaita, Sogamoso, Samacá como las más importantes), cebolla (Aquitania y Tota) y la creciente actividad minera principalmente en Tasco, Pisba, Samacá, Cucaita, Sogamoso, Mongua, con extracción principalmente de carbón, materiales de construcción, arena y caliza.
Entre los impactos negativos que genera la actividad se destacan la contaminación de aguas superficiales y subterráneas principalmente con mercurio y cianuro, la contaminación atmosférica pérdida de biodiversidad y la generación de riesgos de avenidas torrenciales con elementos contaminantes, como así también la destrucción del paisaje.
La Ganadería se presenta en menor proporción en áreas de paramo de acuerdo al trabajo de campo realizado.
Está bien que el Gobierno Colombiano y, especialmente el del presidente Gustavo Petro quiera proteger las zonas de Páramo y prohibir actividades de los campesinos como la agricultura y la ganadería, pero entonces debería plantearles soluciones, como recientemente lo hizo con los productores de hoja de coca de El Plateado, un corregimiento de Argelia, Cauca, una región en donde las autoridades tratan de recuperar el control.
El Presidente Petro ha propuesto que el Estado compre la cosecha de hoja de coca a los campesinos, pues la economía de ese corregimiento depende, en su mayoría, de esas plantaciones.
En una entrevista para el diario El Tiempo, la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, aseguró que el objetivo de las distintas normativas expedidas durante este año y de la Ley de páramos en implementación no es afectar la economía de las comunidades, pero sí empezar un proceso de transición hacia actividades de bajo impacto.
“Es un proceso de transición. Primero quiero clarificar dos cosas: uno, la propuesta del Gobierno nacional es la formalización de la minería de pequeña escala y la minería de las comunidades tradicionales mineras. Esa ha sido la propuesta, inclusive en Santurbán. Pero tiene que ser con buenas prácticas, a la escala correcta y respetando la tradición de los mineros de Santurbán, de Vetas, de California, Suratá, que reconocemos como una tradición”, aseguró la Ministra.
Aseguró la funcionaria que las actividades económicas en los páramos deben ser de bajo impacto y con un necesario ordenamiento alrededor del agua.
Muhamad le dijo a El Tiempo que no es cierto que se quiera acabar con la minería y la agricultura.
“Lo que estamos diciendo es que hay que hacerlo de una forma tal que sea planificada y ordenando el territorio alrededor del agua como principio. Eso sí implica algunas diferencias en la forma de producción y las escalas de la producción, y ese es el debate concreto en el que en el que estamos”, puntualizó.
