La lista de políticos, candidatos, líderes sociales y defensores asesinados en Colombia en solo los últimos 50 años dibuja un mapa del horror y la resistencia. Galán, Pizarro, Jaramillo, Pardo, Cepeda, Valle, Umaña, María Helena Díaz junto a miles de líderes sociales anónimos asesinados, por sus diferencias y capacidad para dirigir asuntos colectivos, representan el costo humano de la lucha por la democracia, la justicia social y la paz en un país profundamente fracturado, en el que quienes impidieron completar la paz con el No al plebiscito, y colocaron el odio y la venganza en el orden del día de la política, se presentan, de repente, sin ética ni política como adalides, llamando con fuego en sus manos y sus lenguas a la cordura, la misma que han interrumpido de múltiples modos por vías legales e ilegales y promovido polarización, vulgarización y empujado un retroceso que ataca las mentes y nos coloca cada vez más cerca de ser un país paria, amante de la muerte y de la barbarie.
Matar candidatos, lideres, opositores, inocentes, indios, mujeres, se volvió costumbre, los nombres se pierden entre números y estadísticas sin historia y la disputa por la verdad es otra acción de guerra, resuelta con distorsiones y más asesinatos, para los que los que nunca hay justicia completa, ni final feliz que alcance para revelar los nombres y razones de los responsables intelectuales detrás de cada crimen. La impunidad niega la justicia a las víctimas y sus familias y perpetúa el ciclo de violencia y desconfianza, con la que los victimarios siempre ganan y consolidan sus bases de poder.
En las Décadas 70-80 se intensificó el conflicto armado (con relevancia de FARC, ELN, M-19 y otros grupos guerrilleros), el surgimiento del narcotráfico y la creación de grupos paramilitares como poder paralelo. Esta violencia fue conducida hacia el exterminio de la izquierda, los 90 estuvieron marcados por la guerra sucia los asesinatos selectivos y el genocidio de la Unión Patriótica (UP) como el símbolo más brutal y la declaración de guerra contra el estado por el cartel de Medellín y otros. El 2000 inició con la expansión paramilitar (AUC) y la llegada al poder de AUV que implantó la «seguridad democrática» que produjo el mayor retroceso de la historia en derechos humanos y garantías laborales, sociales, ambientales y la sistemática pérdida de vidas humanas de inocentes como lo registra el plan de los 6402 falsos positivos y la ampliación de asesinatos selectivos y masacres. A partir del acuerdo de paz de 2016 matar lideres sociales retomó la costumbre y agregó la planificada arremetida contra excombatientes de las FARC que creyeron en la paz y se desarmaron.
Sin pretender hacer una lista (que siempre tendrá omisiones) es posible destacar solo unos nombres de víctimas emblemáticas como Luis Carlos Galán Sarmiento líder del Nuevo Liberalismo (disidencia liberal), candidato presidencial, asesinado el 18 de agosto de 1989, en Soacha, por órdenes de pablo escobar y el cartel de Medellín, con participación de sus copartidarios como el “gran político y senador liberal” Santofimio Botero y el director del DAS, en el proceso judicial no ha habido plena justicia; Carlos Pizarro Leongómez, candidato presidencial por la Alianza Democrática M-19 (tras la desmovilización del grupo), asesinado el 26 de abril de 1990, en un avión en Bogotá, por orden del cartel de Medellín y sectores de extrema derecha opuestos al proceso de paz, el sicario fue asesinado de inmediato, bajo la táctica de “silenciar al sicario”, hay avances lentos y sin claridad sobre la autoría intelectual completa. Bernardo Jaramillo Ossa, candidato presidencial, presidente de la Unión Patriótica (UP), asesinado el 22 de marzo de 1990, en el Aeropuerto de Bogotá, por orden del cartel de Medellín y paramilitares, con complicidad de sectores políticos y militares de derecha, condenaron al sicario, pero siguen sin identificar algunos autores intelectuales. Jaime Pardo Leal, candidato presidencial primer presidente de la Unión Patriótica (UP), asesinado el 11 de octubre de 1987, en La Mesa (Cundinamarca), hay condenas a paramilitares materiales, pero quedan dudas sobre la cadena de mando superior dentro de la fuerza pública y los vínculos políticos. Manuel Cepeda Vargas senador de la Unión Patriótica (UP), destacado periodista y defensor de derechos humanos, asesinado el 9 de agosto de 1994, en Bogotá, por paramilitares del bloque capital, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó al Estado colombiano en 2010 por este crimen, establecido como crimen de Estado, planificado con participación de agentes estatales (DAS, Ejército) y paramilitares pero la impunidad sobre los máximos responsables estatales y políticos persiste. Jesús María Valle Jaramillo abogado y destacado defensor de derechos humanos denunció masacres y vínculos entre paramilitares, políticos y fuerzas estatales, asesinado el 27 de febrero de 1998, en su oficina en Medellín, por paramilitares en colaboración de agentes estatales, hay condenas a paramilitares, pero la plena justicia sigue siendo esquiva. Eduardo Umaña Mendoza abogado, profesor universitario y defensor de derechos humanos, que representaba a víctimas de crímenes de Estado y paramilitares, asesinado el 18 de abril de 1998, en Bogotá, hay alta impunidad y cero condenas firmes por la autoría intelectual. María Helena Díaz, fundadora de la legión de la bondad, (red de niños informantes para combatir la guerrilla), que luego denunció manipulación por parte del ejército y abusos, asesinada el 29 de agosto de 2000, en Florencia (Caquetá) por militares del batallón de inteligencia y contrainteligencia, para silenciar sus denuncias, la Corte IDH condenó al Estado colombiano en 2015, se ha logrado solo justicia material.
En todos estos dolorosos y trágicos casos para la vida en paz, con derechos y diferencias, estuvo el narcotráfico y los paramilitares, ambos con vínculos a la clase política de derecha. Hoy los dos primeros como eran antes no están vigentes, el tercero mencionado sí y la inmensa lista, casi infinita, la componen líderes sociales y defensores sin élites que convoquen marchas en sus nombres. Son miles los que llenan esta categoría, asesinados por pensar distinto al orden hegemónico, por defender derechos, tener diferencias, oponerse a proyectos extractivos, defender la tierra, liderar procesos de restitución, ser parte de juntas comunales, activistas, jóvenes, todos casi anónimos, que comparten el común denominador de “alarmante impunidad”, afianzada en mecanismos de encubrimiento como desaparición de archivos, homicidios de testigos, traslado de jueces y fiscales, dilaciones procesales, obstrucción por parte de poderes locales y regionales vinculados a perpetradores.
P.D. Cada vida es única, irrepetible, se defiende y condena su ataque y toda violencia es rechazada. El poder tiene que ser para construir marcos de respeto por la vida, para sacarla de las redes de la muerte que la acechan y que impiden tener una sociedad de bienestar, justa, libre, sin odio, en paz.
