Por: Jacinto Pineda Jiménez, Director Territorial (E) ESAP Boyacá Casanare
La creciente insatisfacción ciudadana evidencia una brecha entre las expectativas de la gente y las agendas de los gobiernos. Por ello serán los planes de desarrollo territorial 2020-2023, instrumentos fundamentales para escuchar el país y materializar sus esperanzas.
Los planes de desarrollo municipal y departamental constituyen el instrumento de planificación más importante, a través del cual las administraciones públicas locales y regionales definen los programas y proyectos que ejecutarán para un periodo determinado, en este caso, 2020-2023. Por ello, ahora que inicia su construcción, es importante señalar que la creciente insatisfacción ciudadana, manifestada en las protestas, evidencia una brecha entre las expectativas de la gente y las agendas públicas que construyen los gobiernos.
Los planes de desarrollo territorial (PDT) 2020-2023, tienen como principal desafío contribuir para que las demandas del ciudadano se materialicen; es escuchar al país excluido y permitir que se hagan realidad sus esperanzas. Hay una Colombia que clama cambios, y los gobiernos locales no son ajenos a dichas peticiones, pues algunas o muchas de las expectativas tienen su origen y la respuesta desde los entes territoriales.
La construcción de los PDT en Boyacá ofrece una variada gama de retos y desafíos, empezando por los problemas en materia de riesgos naturales y vulnerabilidades, en medio de los extremos climáticos y que exponen a mayor riesgo actividades como la agricultura, tan central para el departamento. La ausencia de programas serios lo reflejan las llamadas “heladas de enero”, de ellas solo hablamos por esta temporada, con anuncios de una desgastada inmediatez, que una vez llega febrero o un par de aguaceros, se olvidan. Duran tanto como la amnesia de nuestros pueblos. Cada vez somos más vulnerables y por lo tanto debemos tomarnos la mitigación del riesgo como eje de acción de la administración pública.
Hay urgencia en la formulación de los PDT orientados bajo el componente de la construcción de paz y dentro de las estrategias, caminos que den respuesta a la creciente violencia intrafamiliar. Son necesarias tantas obras de infraestructura como programas que mitiguen la violencia en el hogar. Fenómenos como la violencia sexual, donde las victimas con mayor frecuencia son niñas; los hogares convertidos en infierno para sus miembros y otras violencias que afectan a niñas y niños tienen consecuencias dañinas en la sociedad boyacense. Problemas de salud pública, de tejido social y de la misma frustración ante las expectativas de jóvenes que hoy marchan en las calles, pasan por construir escenarios de convivencia. Según el departamento Nacional de Planeación de Planeación, citando cifras de la fiscalía y el DANE, Boyacá registró para el año 2017 la tasa más alta por cada cien mil habitantes de casos de violencia intrafamiliar en el país con 297,20 mientras el promedio del país fue de 188,53.
Las metas que se tracen deben tener como norte el cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible (ODS). Esta agenda involucra 17 objetivos que, sin lugar a dudas, contribuirán a mejores condiciones de equidad y sostenibilidad. Es claro que las desigualdades territoriales, el despoblamiento, la vejez y muchos otros fenómenos resultantes de las dinámicas demográficas, económicas, políticas y sociales, entre otras, que afectan al departamento, tienen sus propias particularidades territoriales y aquí es donde debe escucharse al ciudadano porque “el que la vive es que la siente”. La construcción de los PDT debe ser ese escenario donde los ciudadanos encuentren un canal institucional y pacifico para expresar sus demandas, su malestar, sus quejas, sus frustraciones, pero lo fundamental, sus anhelos.
Desde luego que tantas expectativas en los nuevos gobiernos pasan por mejorar los recursos financieros ante las demandas. Allí hay varios problemas en la sanidad de las finanzas públicas territoriales aquejadas por deudas, bajos ingresos y gastos sin control. Pero aquí debe haber una gran corresponsabilidad del ciudadano, por ello uno de los retos es mejorar los ingresos de los municipios y dentro de ellos está la actualización catastral. Según el IGAC para el año 2019 “En el 66,01 % del territorio el catastro está desactualizado, lo que equivale a 954 municipios con información desactualizada, o al 68,59 % del total de los predios del país (i.e. 11.748.087 predios)”.
Convertir los PDT en escenarios de diálogo sobre el futuro del país es responsabilidad de las administraciones territoriales y de los ciudadanos. Las demandas expresadas en la calle pasan por el debate en la formulación de los PDT.
